Cristián Rojas M.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció durante la semana que, tras escuchar los diversos planteamientos y reparos que han hecho los actores de la educación superior sobre el proyecto de reforma que ingresó al Congreso, el Gobierno propondrá una indicación sustitutiva para modificar la iniciativa en el Parlamento, y si bien no quiso confirmar ni detallar los cambios, dejó entrever que recogería demandas como la modificación del Crédito con Aval del Estado o reconocer el rol público de las universidades tradicionales privadas.

En relación con esto último, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, subrayó que "el proyecto hace una clasificación entre universidades estatales y privadas y creo que existe una tercera categoría omitida, que son las universidades no estatales del CRUCh, como son la Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que han hecho grandes aportes al desarrollo de la Región y del país. Estas universidades son colaboradoras de la acción pública del Estado en educación superior y no merecen estar en el grupo de las universidades privadas creadas después de 1981".

Por su parte, el rector de la USM y vicepresidente de la Red G9, Darcy Fuenzalida, ha hecho hincapié en que en la reforma se reconozca el rol público de las nueve casas de estudio tradicionales privadas que conforman dicha red, "dándonos un trato equivalente a las universidades estatales en lo que se refiere a políticas públicas".

La ministra Delpiano, tras dar a conocer que se hará una indicación sustitutiva para rediseñar la reforma, comentó en Emol que "uno de los puntos más complejos del proyecto" es precisamente definir "cómo se dibuja lo público que no es estatal", es decir, los planteles del G9.

Para Fuenzalida, "esa es una apreciación de la ministra, pero no creo que pueda ser complicado reconocer que el conjunto de universidades que componen el CRUCh hemos estado y estamos haciendo la educación pública del país, no puede ser complicado dar cuenta de lo que hoy es una realidad y que ha estado instalado en la institucionalidad chilena y reconocido por la ley durante los 85 años que tiene nuestra institución y los 62 años que tiene el CRUCh".

En ese sentido, el rector de la USM resaltó que "el 90% de la investigación y el postgrado es desarrollado por el Consejo de Rectores, y de ese 90%, la mitad es desarrollada por instituciones como la nuestra, que son públicas no estatales, por lo tanto, en la reforma no veo cuál es la dificultad que pudiera haber en el futuro para seguirle dando el mismo trato legal , como se ha hecho durante toda la existencia de nuestras universidades".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso y vocero regional de la Confech, Carlos Vergara, detalló que hace dos semanas sostuvieron una reunión con la ministra Delpiano, "donde planteó realizar ciertas indicaciones al proyecto de reforma a la educación superior. Dentro de las cuestiones que nos nombró y que no fueron enunciadas por la prensa, está la incorporación de los estudiantes a la Agencia de Calidad, cuestión que hoy día existe, hay estudiantes incorporados, pero con el proyecto se quitaba".

Otro elemento nombrado en esa reunión, agregó Vergara, fue "evaluar menos representantes del Estado en las universidades estatales, y el tercer tema es que haya aportes basales para universidades del CRUCh, en torno a investigación".

Precisamente la cantidad de representantes del Estado en los planteles estatales es un punto que preocupa al rector de la UPLA, pues advirtió que "consideramos una mala señal que en la gobernanza de las universidades estatales se contemple la presencia de prácticamente un 50% de representantes del Ejecutivo, lo que fuera de restarle autonomía a las instituciones, las deja demasiado dependientes de los vaivenes políticos y cambios de los gobiernos de turno".

Tras conocer que el Gobierno planea una indicación sustitutiva, la diputada Cristina Girardi sostuvo en Emol que la reforma tiene "una falla gravísima: está estructurada en torno a un concepto de gratuidad que no es más que lo mismo que existe hoy a través de becas y otros mecanismos que tienen que ver con subsidio a la demanda. Es necesario un cambio más profundo".

En este contexto, el rector Fuenzalida cree que "hay algunos problemas en la forma en que se está aplicando la gratuidad, en el sentido que todo el sistema está demasiado vinculado al número de estudiantes que se matriculan en la universidad, eso hace que las universidades dentro del ámbito de la gratuidad tengan que seguir en una suerte de competitividad para asegurar su financiamiento en capturar la mayor cantidad de estudiantes".

A su vez, el vocero de la Confech consideró "importante que parlamentarios abran los ojos, se den cuenta de que esta reforma a la educación superior no avanza en el sentido que hemos demandado como movimiento estudiantil y como movimiento social durante años, pero eso se verá en las votaciones".

En tanto, el rector Sanhueza coincidió con la parlamentaria en que "el contenido del proyecto está demasiado determinado por la gratuidad. Esto es, exigencias y regulaciones para universidades que adscriben a gratuidad y condiciones para las que no adscriben a ella. La gratuidad es voluntaria para las instituciones y creo que eso también va a causar algunas dificultades".

En su opinión, "en las condiciones en que está redactado el proyecto, varias, si no muchas instituciones pueden optar por no entrar a la gratuidad, porque les puede convenir más desde la perspectiva económica. En efecto, a esas universidades no se les exigiría entrar a sistemas únicos de admisión, no tendrían aranceles regulados ni limitaciones de cupos y tendrían, sin embargo, becas y créditos con aval del Estado, para ellas puede ser el mejor de los mundos. La falla del proyecto en este tema es que no muestra visión de futuro, no se preocupa de fortalecer instituciones y mantiene un modelo mercantilizado en la educación superior".

"Es un tema que está en estudio para que efectivamente veamos cómo sacamos a la banca de por medio, que es el tema que más problemas genera", dijo la ministra a Emol, en relación con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

A juicio de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, Nataly Campusano, "si el CAE sólo viene a endeudar a estudiantes y a llenar a la banca, claramente es un avance (lo dicho por la ministra), pero más allá del discurso, nosotros como estudiantes preferimos que esto se haga a través de los hechos y que haya una modificación estructural y contundente a la reforma".

Campusano, destacó que "el movimiento estudiantil ve que el CAE en su momento fue una política que era mucho más beneficiosa que lo que existía, pero hoy día el CAE viene a ser lo que nosotros estamos denunciando: endeudar cada vez más al mundo estudiantil, en este caso al estudiante, a la familia, y no viene a ser una garantía de derecho a la educación en términos universales, más allá de las discrepancias que podamos tener en relación con lo que se entiende por público o privado".

Vergara, en tanto, detalló que en la reunión la ministra no precisó fechas sobre el CAE, por lo que puso en duda su eliminación. "Está recién empezando un proceso de estudio, que probablemente termine cuando la reforma a la educación superior ya haya sido aprobada, para modificar el CAE, por lo tanto, para nosotros, si bien estas indicaciones modifican ciertas cuestiones que hemos ido planteando, no van orientadas al camino que significa transformar a la educación en su conjunto, erradicar al mercado de la educación. Si no se modifica el CAE ni se avanza en la tipificación del delito de lucro, esta reforma va a seguir teniendo los pilares del mercado".

Por su parte, el rector Fuenzalida cree que el CAE "debe sufrir una modificación que vaya en beneficio del acceso y la inclusión de los estudiantes y es necesario generar mecanismos que lo sustituyan, pero que garanticen que aquellos estudiantes que, habiendo cumplido el plazo de gratuidad en sus estudios y que aún deban seguir, tengan algún mecanismo de financiamiento que les permita concluir la carrera que empezaron".