Carolina Collins

La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, anunció ayer que, tras haber llegado a un acuerdo con los parlamentarios que integran la Comisión de Constitución del Senado, el Gobierno le otorgará urgencia simple al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto y en caso de embarazo por violación.

Según explicó la secretaria de Estado, la medida se hará efectiva después de Fiestas Patrias, durante la última semana de septiembre. "Lo que hemos visto es que, al regreso de la semana después del 18, lo que vamos a hacer es solamente para poder abrir la posibilidad de generarle la agenda pertinente en la Comisión de Constitución y generar una urgencia simple", explicó Pascual.

"Quiero aclararlo, porque hoy día hay versiones de prensa que plantean otro tipo de urgencia que no es la correcta", agregó.

Así, la iniciativa impulsada por el Gobierno, que actualmente está en su segundo trámite legislativo, sería votada en la Sala de la Cámara Alta durante la primera quincena de noviembre.

El objetivo de acelerar el avance del proyecto responde a la necesidad del Ejecutivo de poder dejarlo listo para ser promulgado antes de que termine el año legislativo, es decir, antes de enero de 2017. Esto, porque según explicó el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (independiente pro DC), si no es aprobado antes de enero, el proyecto podía permanecer por cuatro meses más en esa instancia. "Se acordó con los ministros que se le iba a retirar la urgencia a todos los proyectos que tiene la Comisión de Constitución, salvo el proyecto que es de entrevistas videograbadas", dijo.

"Durante el mes de octubre, el compromiso de la comisión es despachar las entrevistas videograbadas y realizar la discusión del proyecto de ley en general de despenalización del aborto", añadió. "El cálculo estimado que sacamos con el Ejecutivo es que probablemente el proyecto en general sea discutido durante el mes de octubre en la Comisión de Constitución, de forma tal que pueda estar yendo en la primera quincena de noviembre en general a la Sala", puntualizó.

El presidente de la UDI e integrante de la comisión, Hernán Larraín, pidió más tiempo. "Es un proyecto difícil y complejo, porque no sólo afecta valores muy centrales para mucha gente, sino que también porque presenta dificultades y cuestionamientos respecto de su constitucionalidad", planteó.

El informe sobre educación a nivel global titulado "Education at a Glance 2016", dado a conocer ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertó que en Chile existe una gran diferencia entre los ingresos que reciben hombres y mujeres con igual nivel educacional.

El estudio evidenció que, tras salir de la universidad, las tituladas chilenas ganan el 63% del sueldo de sus pares. La situación es similar en otros países latinoamericanos, como Brasil, donde el levemente mejor (64%). En México, las mujeres ganan el 68% del ingreso de los hombres, mientras que en Colombia, el 75%.

Por otro lado, los chilenos que cuentan con un doctorado perciben ingresos cuatro veces más altos que quienes sólo completaron la escolaridad, mientras que aquellos que cursaron una carrera universitaria -sin posgrado- tienen un sueldo 2,4 veces mayor que los que sólo terminaron el colegio.

El promedio de los países de la OCDE muestra que quienes cuentan con doctorado ganan en promedio el doble de los que completan la escolaridad.

El director de educación de la OCDE, Andreas Schleicher, señaló que la diferencia de remuneraciones en Chile "muestra, por un lado, que este país tiene un fuerte sistema de recompensar talento".

"El sistema educativo en Chile invierte mucho en los que lograron superar las etapas anteriores y llegan a la universidad, que son generalmente los que provienen de familias con más recursos. Mientras que aquéllos que no logran cumplir esas etapas pagan un alto precio", agregó.

El informe reveló que los profesores chilenos son los que más horas trabajan de los países de la OCDE y los que tienen más número de alumnos por clase en todos los niveles del sistema educativo, tanto a nivel público como privado.