Alexis Paredes R.

El Informe de Investigación Especial N° 592 de la Contraloría Regional de Valparaíso mantuvo las observaciones respecto a las graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad por parte de funcionarios públicos del Gobierno Regional, en los procesos de adjudicación y ejecución de licitaciones y contratación de una consultoría comunicacional por trato directo, por montos que superan los $ 172 millones.

El examen de cuenta del órgano contralor practicado en la División de Planificación y Desarrollo (Diplad) detectó una serie de anomalías en las licitaciones públicas para la contratación de servicios para estudios territoriales en los valles de Cabildo y Petorca, proceso ejecutado entre julio y octubre de 2015, que culminó con la adjudicación de ambos concursos a la empresa Haza Ingeniería y Construcción Lmtda, por 70 millones de pesos cada uno.

Cabe consignar que, en julio de este año, el Gore puso término anticipado a los contratos celebrados con la empresa Haza, por "incumplimiento grave de diversas obligaciones contractuales".

La auditoría compromete al exjefe de dicha división, ingeniero Alexis Bustos, actual secretario técnico de la Comisión Promovilidad y asesor directo del intendente Grabriel Aldoney; además de una colaboradora de Bustos en la Diplad, Nelda Garcés, quien habría cometido graves faltas a la probidad administrativa en los procesos de licitación, al tener un grado de parentesco con uno de los socios de las empresas beneficiadas y haber articulado una serie de acciones que le restaron imparcialidad a los procesos, al existir conflicto de intereses con los oferentes.

Tras recibir la respuesta de la Intendencia Regional al preinforme de Contraloría, el órgano contralor mantuvo las observaciones y "atendida la gravedad de los hechos" resolvió hacerse cargo del sumario administrativo que se ejecuta en el Gore desde mayo, dando un plazo de tres días hábiles para que se le remita el expediente original.

Además, se derivó una copia del informe al Ministerio Público, antecedentes que se suman a la arista penal del caso que encabeza la Unidad Regional Anticorrupción (Urac), en conjunto con la Bridec de la PDI, que a la fecha ha realizado una serie de diligencias tendientes a establecer eventuales ilícitos.

La investigación de Contraloría detectó que en la licitación de los estudios territoriales se modificaron las bases administrativas generales (BAG) por parte del jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF), Guillermo Orellana, a objeto de modificar a los integrantes de la comisión evaluadora de las propuestas.

La comisión original estaba conformada por un funcionario de la Diplad, quien presidiría la comisión, un profesional de la DAF y un profesional de la seremi de Desarrollo Social. Producto de los cambios, la comisión evaluadora quedó integrada por Nelda Garcés Jiménez, secretaria técnica de participación ciudadana de la Diplad; el encargado de la Unidad de Gerenciamiento Regional de la Diplad, José Carvajal Muñoz, y el jefe de departamento de la Diplad, Leonardo Cañoles. Garcés habría propuesto adjudicar a la empresa Haza ambas licitaciones.

Según la investigación de Contraloría, la modificación de la comisión evaluadora fue realizada a "requerimiento de la señora Garcés", situación que no fue cuestionada por el resto de los integrantes atendida "la cercanía que esa funcionaria mantenía con Alexis Bustos Cáceres, jefe de la Diplad de la época, y la confianza que esa jefatura había depositado en ella".

De acuerdo a la declaración de funcionarios a Contraloría, la primera revisión de ofertas arrojó como resultado que la mejor evaluada para los estudios de Cabildo y Petorca era la empresa Estudios Económicos y Territoriales S.A., sin embargo, debido a que esos resultados no fueron compartidos por Nelda Garcés, dicha funcionaria realizó un nuevo análisis, concluyendo que las ofertas ganadoras eran las presentadas por la empresa Haza.

Testimonios recopilados por Contraloría dan cuenta que, previo a que el Gore adjudicara a la empresa Haza ambas licitaciones, "la señora Garcés se contactó directamente con los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo ofertado por esa sociedad en ambos concursos, ofreciéndoles trabajar para aquella en la ejecución de ambas iniciativas".

Garcés incluso tramitó los contratos del equipo de trabajo de la empresa, les informó respecto al arriendo de la oficina en que la sociedad operaría y habría aportado el mobiliario para el funcionamiento, conducta calificada como "reprochable" en la investigación y que "vulneró gravemente" el principio de probidad.

Sobre las irregularidades detectadas en el trato directo con la empresa consultora Signo, para los servicios de una "Consultoría para la elaboración del programa de mejora de comunicación, participación ciudadana, socios y colaboradores", por un monto de $ 32 millones. Luego de tres llamados a concurso público, dos de ellos dejados sin efecto y un tercero declarado inadmisible, el exjefe de la Diplad e integrante de la comisión evaluadora, Alexis Bustos, solicitó contratar por trato directo a la empresa Signo. Para ello invocó la causal de que la contratación era "indispensable para el organismo".

Según indagaciones de Contraloría, la comisión evaluadora que participó en el proceso no se conformó según lo estipulado en las bases, participando en el proceso Nelda Garcés. Dentro del equipo de profesionales ofertados por la empresa había una cuñada de dicha funcionaria.

Se advirtió que la empresa Signo se creó como tal apenas tres meses antes de que el Gore contratara sus servicios y que uno de sus socios es concuñado de Garcés, y el otro, su vecino, vulnerando con ello el principio de probidad.

A la existencia de profesionales cruzados entre ambas empresas, se suma que Garcés gestionó ante su jefatura el pago de $ 13 millones en favor de Signo, constatándose que el informe validado para tales efectos era "una copia textual" de uno presentado en 2012 por otra consultora para un proyecto similar. Según testimonio de un funcionario, Bustos y Garcés le habrían solicitado la entrega de dicho informe; a lo que se suma que Garcés había emitido, en abril de este año, una boleta de honorario a la empresa Signo por un millón 350 mil pesos, documento que luego fue anulado.

"Me parece increíble que el intendente no haya sido más enérgico en la toma de decisiones para sancionar a quienes participaron en hechos de corrupción, cometidos por funcionarios de su confianza"

Evelyn Mansilla, Consejera regional"

12 de mayo la core Evelyn Mansilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional en base a los resultados de los informes del exauditor. En forma paralela se inició un sumario administrativo.

24 de mayo Fiscalía incautó los originales de los 3 proyectos investigados y documentación de los estados de pago (DAF) realizados a la fecha por el Gore a las empresas que ejecutan los proyectos.

15 julio PDI realizó una segunda diligencia, incautando el computador de unas de las funcionarias de la Diplad. El 16 de septiembre pasado se conoció el informe final de la Contraloría.