El diputado Rodrigo González (PPD) fue el único miembro de la Nueva Mayoría que votó en contra de la glosa presupuestaria de gratuidad y explicó que su voto fue de protesta por razones que no necesariamente tienen que ver con el acuerdo para evitar que la oposición acuda al TC, sino más bien por motivos como la "poca flexibilidad del Gobierno para incrementar fondos" a la Contraloría, también para la investigación científica, en especial para el Conicyt y por el conflicto contractual que enfrentaban las manipuladoras de alimentos de la Junaeb.

En lo concerniente a la educación superior, sostuvo que "este presupuesto lo que hace es entregar la mayor parte de los recursos a las entidades privadas sin que haya garantías de que esas entidades privadas desarrollen su labor sin lucro y entreguen una formación de calidad. Me pareció que era imposible aprobar este incremento de 3.500 becas Bicentenario, 3.500 en el segundo año y después una entrega ilimitada de becas al sector privado".

Cristián Rojas M.

En medio de la discusión de la glosa presupuestaria de gratuidad en el Congreso, un grupo de rectores de universidades estatales entregaron una carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la que exigen un mayor apoyo, hecho que acrecentó la molestia en el sector de las tradicionales privadas del CRUCh (G9) con algunos rectores de los planteles del Estado y con el propio Gobierno.

"El jueves tuvimos una reunión en Punta Arenas y se adoptó en forma unánime un acuerdo de representar a través de una carta a la ministra de Educación el tema del no reintegro de los aportes del AFI, y se suponía que los esfuerzos del Consejo de Rectores se iban a orientar en esa dirección, pero ocurre que nos enteramos por los medios de comunicación que rectores de las universidades estatales se fueron por el lado", afirmó el presidente del G9, Claudio Elórtegui.

El hecho no cayó bien entre los rectores del G9, porque los estatales "gestionaron acuerdos específicos para beneficiar a esas universidades, dejando a un lado el acuerdo que se había adoptado en el Consejo de Rectores. Yo puedo garantizar que todos los rectores del G9 actuamos en la línea del acuerdo del CRUCh. Entonces, si estamos actuando asociativamente y algunos en otro grupo actúan de esta forma, eso claramente genera una división, un quiebre", agregó el rector de la PUCV.

En este escenario, Elórtegui adelantó que "tenemos que reunirnos como G9 para ver los pasos a adoptar, pero puedo decir que hay mucha molestia, tanto con la actuación de algunos de los rectores de las universidades estatales, como con el Gobierno. En nuestra opinión, aquí se está reiterando una conducta que ha sido sistemática en estos últimos años".

Por otra parte, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la oposición para evitar que ésta acudiera al Tribunal Constitucional impugnando la glosa presupuestaria de gratuidad no dejó conformes a los rectores del CRUCh.

Elórtegui subrayó que "hay recursos adicionales para las universidades del Estado y también las universidades privadas creadas después de 1980 se van a ver beneficiadas por la extensión de las becas. A nosotros nos parece legítimo y positivo que se amplíen las becas para que más jóvenes vulnerables tengan facilidades para estudiar, pero como podemos observar, el sector de universidades que no recibió recursos adicionales, sino que los vio reducidos en relación con el año anterior, son estas universidades no estatales agrupadas en el G9".

A su juicio, "lo más grave es que no se cumplió un compromiso adquirido por el Gobierno el año pasado en la discusión presupuestaria, firmado por el Ministerio de Educación y el CRUCh, en el sentido de restituir íntegramente los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para las universidades del CRUCh".

Respecto de las becas que pasarán a las universidades privadas como parte del acuerdo entre el Gobierno y la oposición, Elórtegui sostuvo que está de acuerdo "en todo lo que significa avances en eliminar discriminaciones arbitrarias que postergan a estudiantes con carencias, pero creemos que estas becas deben beneficiar a instituciones con calidad -por eso el requisito de cuatro años de acreditación es correcto-, pero también a universidades en que no haya ninguna evidencia de lucro".

Por su parte, el rector de la UV y vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, sostuvo que el acuerdo le parece "un llamado a la expansión de la oferta privada, sin restricciones de arancel, sin restricciones de matrículas, que sí hay sobre las universidades del Consejo de Rectores o las universidades que finalmente adhieran a la gratuidad".

A su juicio, "desgraciadamente se ha ido en contra de los propósitos declarados para la reforma a la educación superior".