Cristián Rodríguez Fuentes

A mediados de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2017 para el Ministerio de Justicia, que crecerá en un 1,7% respecto al de este año. A diferencia de las otras partidas, dicho erario demoró más de la cuenta en ser despachado al Senado puesto que los parlamentarios le solicitaron al Ejecutivo que transparentara los recursos que se destinarían al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Y fue el propio ministro de la cartera, Jaime Campos, quien aclaró que la institución recibiría $16.500 millones más en comparación al 2016, lo que representaba un aumento de un 6,5% en los recursos. "Ha quedado muy claro que el énfasis está puesto en los niños", expuso el secretario de Estado durante la subcomisión de presupuesto.

Sin embargo, una vez conocido en detalle el erario destinado para el próximo año, comenzaron a aparecer las primeras voces que alertaban de una supuesta desigualdad en la distribución de los recursos.

Uno de los primeros en advertir la situación fue el diputado Felipe Kast (Evópoli), quien aseguró que iría al Tribunal Constitucional (TC) puesto que el aumento presupuestario estaba destinado casi en su totalidad a los Centros de Residencia de Administración Directa (Cread) del Sename, que son once a nivel nacional. Según afirmó, de los 16,5 mil millones de pesos, sólo un 6% se destinará para los organismos colaboradores (privados), vale decir, poco más de mil millones.

La crítica del parlamentario, sumada a la que en la misma línea advirtió la diputada Claudia Nogueira (UDI), se sustenta en que un 88% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) viven en centros privados, algo así como 11.500 de los 14 mil menores bajo la tuición del Sename.

A ello se agrega que, en promedio, el servicio le otorga 207 mil pesos a los organismos colaboradores por cada menor atendido, mientras que según el diputado Kast en los centros de administración directa el promedio gastado en cada menor alcanza los $2 millones.

Otro de los factores claves en la discusión se refiere a los casos de muertes ocurridas en los últimos once años, y que la directora nacional del servicio, Solange Huerta, dio a conocer en octubre de este año. Una gran parte de ellos se registró en los centros privados, pero la mayoría por enfermedades que padecían los menores -según las actas médicas de la época-, lo que va en directa relación con los recursos percibidos en los años ante riores.

Tras la aprobación del presupuesto 2017, la otra voz de alerta la pusieron los propios organismos privados.

Durante la semana pasada se dio a conocer que el servicio les adeudaba cerca de $4.500 millones por las atenciones que realizan a través del mecanismo 80 bis de la Ley 19.968, que le otorga la facultad a los Tribunales de Familia (jueces, específicamente) de ordenar la internación inmediata de un menor, aún cuando no exista la disponibilidad para aquello. Incluso, la normativa establece el apercibimiento de arresto en caso de que no se cumpla la medida decretada.

Por si fuera poco, y como ha sido la tónica desde 2005, las subvenciones -expresadas con la sigla USS (Unidad de Subvención del Sename)- sólo han ido aumentando producto del ajuste del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Iván Zamora, director ejecutivo de la ONG Paicabí, que se dedica a la defensa y la protección de los derechos de los menores, señaló a este Diario que según sus estimaciones la USS aumentará de $15.080 a $15.562, estimando un 3.2% del IPC acumulado en 2016.

Cabe recordar que dichos montos corresponden a las subvenciones que la institución entrega por cada menor que recibe alguno de los programas que ofrecen los organismos colaboradores acreditados, cuyo valor varía según las complejidades de cada programa.

"El ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) señaló el jueves 1 de diciembre que Codelco no puede esperar y se aprobó un aporte adicional de US$ 975 millones para este año. Pero al mismo tiempo el ministro Valdés niega recursos para los funcionarios públicos, y la vergüenza mayor es el financiamiento que se destina a los programas que trabajan con los niños vulnerados gravemente en sus derechos, que generalmente son niños y niñas víctimas de maltrato y abuso sexual en los sistemas residenciales", planteó Zamora.

El director ejecutivo calificó como "incomprensible y doloroso" que el presupuesto 2017 tenga "un aumento marginal". A su juicio, los principales impactos al no haber un real ajuste en las subvenciones "los niños y niñas que se encuentran actualmente en lista de espera, como víctimas de maltrato y abuso sexual, no podrán ser ingresados de manera inmediata".

"Para el 2017 los programas serán más pobres y precarizados, lo que implica contar con menos recursos para garantizar todos los servicios sociales, terapéuticos, alimenticios, de salud", aseguró Iván Zamora.

"La directora nacional Solange Huerta, ante un grupo de directores de Hogares privados que hay en Chile (247 contra 11 estatales directos del Sename), dijo que no habría aumento de la subvención", escribió en una carta al director en este Diario el padre Enrique Opaso, director del Refugio de Cristo.

Consultado al respecto, el sacerdote reveló que mensualmente gastan alrededor de $800 mil por cada niño, de los cuales solo $200 mil son aportados por el servicio, y el resto es en base a la caridad. "Nosotros no podemos pagar con caridad lo que es derecho y justicia. Y si no se aumenta la subvencion, más de 110 hogares podrían cerrar el próximo año", sostuvo el director.

En este caso, la subvención está estipulada en la Ley 20.032, por lo que se requiere de una modificación legislativa para el aumento de recursos. Por lo mismo, la dirección nacional del Sename ha reiterado que escapa de sus facultades el aumentar los aportes.

De allí es que el director del Refugio de Cristo aseguró que "el aumento de los recursos está en manos de los parlamentarios, que me imagino que han tomado nota del clamor de los niños del país".

"Para el 2017 los programas serán más pobres y precarizados, lo que implica contar con menos recursos para garantizar todos los servicios sociales, terapéuticos, salud, alimenticios (...)"

Iván Zamora, Director ejecutivo ONG Paicabí"

"Nosotros no podemos pagar con caridad lo que es derecho y justicia (...) el aumento está en manos de los parlamentarios, que me imagino han tomado nota del clamor de los niños"

Padre Enrique Opaso, Director del Refugio de Cristo"