Tábatha Guerra

A pocas horas de que la nueva administración, encabezada por Jorge Sharp, asuma sus funciones en la alcaldía de Valparaíso, ya está clara una de las primeras decisiones que deberá zanjar en los próximos días: la resolución del sumario administrativo contra funcionarios del municipio por la muerte del guardia de seguridad Eduardo Lara, el pasado 21 de mayo.

El jueves 1 de diciembre, la jefa comunal saliente, Marina Huerta, dictó el decreto alcaldicio que cerró una investigación de seis meses encabezada por el fiscal municipal Christian Paz, quien se enfocó en determinar responsabilidades de miembros del municipio en el fallecimiento de Lara. La alcaldesa aceptó la propuesta de Paz, quien solicitó sancionar al director de Emergencias de la municipalidad, Ricardo Valdés, y al encargado de Logística, Roberto Torres.

La también saliente directora del Departamento Jurídico de la alcaldía porteña, Jeanette Bruna, explicó que el proceso estableció que Valdés y Torres "faltaron al deber de eficacia y eficiencia que deben cumplir los funcionarios municipales". Según trascendió, el sumario -de 500 páginas de extensión- hizo énfasis en que ambos administrativos no sostuvieron reuniones internas con los funcionarios municipales para planificar sus labores ese 21 de mayo, así como tampoco establecieron medidas especiales de seguridad para los empleados que trabajaron ese día, considerando los disturbios que cada año ocurren en la ciudad tras el mensaje presidencial.

Si bien la investigación determinó que Valdés y Torres no cumplieron a cabalidad con el protocolo de seguridad esperado para una entidad pública, Jeanette Bruna fue enfática en señalar que las omisiones de ambos funcionarios no son la causa del fallecimiento de Eduardo Lara.

"La ausencia de reuniones de coordinación no son el motivo del retraso en el rescate de don Eduardo. Tampoco explican su fallecimiento, porque lamentablemente minutos antes de los incidentes él informó que se retiraría del edificio", explicó Bruna.

La directora del Departamento Jurídico también aclaró que, para los días previos al 21 de mayo, el municipio sí tomó resguardos ante eventuales disturbios, como las reuniones de coordinación que el propio Ricardo Valdés -en su rol de director de Emergencias- sostuvo con Carabineros y la Intendencia Regional, instancias que fueron acreditadas por el fiscal Christian Paz en su investigación. Estos hechos actuaron como atenuantes para las sanciones contra los funcionarios, cuyas faltas no fueron consideradas de la gravedad necesaria para una destitución de sus cargos.

La resolución del sumario estableció sanciones ecónomicas para ambos implicados. A Roberto Torres se le descontará el 10% de su remuneración bruta, la que actualmente es de $ 1.681.252, por lo que la multa sería de aproximadamente $ 168.000. Por su parte, a Ricardo Valdés se le aplicará una rebaja del 5% de su sueldo, el que alcanza los $ 3.192.739, lo que arroja una multa estimada de $ 159.000.

Si bien para Luis Lara, hijo del guardia fallecido, la resolución del sumario es destacable, ya que confirma que el municipio sí tuvo responsabilidad en los hechos, a su juicio las sanciones impuestas a los dos administrativos son insuficientes.

"Como familia esperábamos la destitución de Ricardo Valdés y Roberto Torres, ya que la investigación evidenció que no están capacitados para enfrentar emergencias como la que vivió mi padre", enfatizó.

Lara también manifestó que junto a su abogado, Pedro Delgado, evalúan ampliar la querella penal contra los culpables del incendio que afectó las dependencias del Concejo Municipal, agregando a Roberto Torres y Ricardo Valdés como responsables de la muerte de su progenitor.

Por su parte, Valdés informó que apelará a la decisión del fiscal Christian Paz ya que, a su juicio, "el responsable de la seguridad de los edificios municipales no es el Departamento de Emergencias, sino otras entidades de la alcaldía".

De este reclamo deberá hacerse cargo la nueva administración de Jorge Sharp, ya que hasta ayer los funcionarios sancionados no habían sido notificados del resultado del sumario. Después de ser informados de los cargos que pesan en su contra, los administrativos cuentan con un plazo de cinco días para manifestar sus descargos.

Será decisión de Sharp decidir si mantiene o revoca las sanciones contra Ricardo Valdés y Roberto Torres. De acuerdo a fuentes al interior del municipio, en el caso de que el jefe comunal decida no continuar con las condenas, el nuevo alcalde podría rebajarlas o incluso ordenar reabrir el sumario, si es que obtiene nuevos antecedentes que así lo permitan. El nuevo director del Departamento Jurídico, Nicolás Guzmán, indicó que hoy, en el Concejo Municipal, donde se traspasará el mando, solicitarán los detalles del sumario: "Una vez analizados los antecedentes veremos si podemos ejercer algún derecho o no", explicó Guzmán.

La decisión del fiscal Christian Paz no ha estado exenta de polémica. Durante la tarde de ayer, la alcaldesa en ejercicio, Marina Huerta, analizó la posibilidad de revocar el decreto firmado el jueves pasado con el que confirmó las sanciones contra Valdés y Torres.

La decisión de ratificar las multas económicas fue aconsejada por el exalcalde Jorge Castro. Entre sus últimas medidas estuvo el término de la investigación para determinar responsabilidades administrativas, así como recomendar a Huerta la firma del decreto que ratificó lo propuesto por Christian Paz.

Según funcionarios del municipio, la idea nació luego de que la alcaldesa saliente conociera la disconformidad de la familia de Eduardo Lara con las sanciones establecidas. Huerta no quería ser la responsable de la polémica medida, por lo que buscó hasta últimas horas de ayer un argumento legal que le permitiera dejar sin efecto su decisión, delegando así en la nueva administración la confirmación o anulación de las penas establecidas. Finalmente, esta iniciativa no prosperó; no obstante, Jorge Sharp podría revocar el decreto si es que así lo estima pertinente. En caso de hacerlo, el sumario debería reabrirse, pudiendo incluso elevar las sanciones contra Ricardo Valdés y Roberto Torres, no descartándose una eventual destitución de sus cargos.

El 21 de mayo, Eduardo Lara, de 71 años de edad, se desempeñaba como guardia de seguridad al interior del edificio del Concejo Municipal de Valparaíso, ubicado en la intersección de Pedro Montt con Las Heras.

A las 10:50 de la mañana, y luego de constatar que el inmueble de los concejales comenzaba a incendiarse, Lara se comunicó con las oficinas del municipio en la avenida Argentina, informando que se retiraría del lugar. Aproximadamente 10 minutos más tarde, Bomberos llegó al lugar junto al director de Emergencias, Ricardo Valdés, quienes tras revisar el lugar no encontraron a nadie, por lo que se retiraron. Más tarde, la secretaria municipal, Mariela Valdés, llegó al edificio y encontró a Lara, trasladándolo al hospital Carlos van Buren, donde falleció por asifixia. La investigación penal ya cuenta con cinco imputados.

"Como familia esperábamos la destitución de Ricardo Valdés y Roberto Torres, ya que la investigación evidenció que no están capacitados para enfrentar emergencias"

Luis Lara, Hijo del guardia fallecido"

$ 159.000 descontados de su sueldo es la sanción que recibirá Ricardo Valdés, correspondiente al 5% de su remuneración. Por su parte, Roberto Torres deberá pagar $ 168.000, el 10% de su haber mensual.

500 páginas tiene el sumario realizado por el fiscal Christian Paz, que estableció responsabilidades administrativas para los directores de Emergencias y Logística del municipio.