Claudio Ramírez
Un explosivo aumento registraron las renegociaciones por deudas en la Región de Valparaíso, pasando de 44 procedimientos -en diciembre de 2015- a 100 en el mismo periodo de 2016, lo que representa un incremento del 127%.
Así lo indican las cifras de la Coordinadora Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que desde su creación -en octubre de 2014 bajo la ley 20.720- ha recibido 426 solicitudes de procedimiento de las cuales 105 fueron declaradas admisibles.
A juicio de los responsables la difusión del instrumento es el factor que más incide en el alza evidenciada por los números. "Se esperaba un aumento en los números, pero al final el alza que se obtuvo fue considerable, mucho más de lo que en lo personal preveía porque siempre hay un plazo de adaptación y de conocer el procedimiento, de saber los criterios que se emplean para acoger una solicitud, y en lo esencial hay una mayor difusión de esta posibilidad", comentó la coordinadora regional de la entidad, María Soledad Meneses, que recuerda que este año, además, se sumaron dos profesionales más a la repartición.
De hecho, tras la Región Metropolitana que acumula 2.261 solicitudes lo que equivale al 49,3% del total nacional, la Quinta es la segunda con una participación del 9,3%, y atiende a diario un promedio de 12 personas de manera presencial y un número similar vía telefónica.
En su mayoría el monto de lo adeudado oscila entre los $15.000.000 y $22.000.000, siendo equitativo en lo que se refiere a género, pero no en cuando al grupo etario. "Antes venían mucho más jóvenes y eso ha cambiado un poco, ahora la mayoría está sobre los 45 años. Eso sí, el joven está mucho más endeudado que el mayor", sentencia la abogada.
"La gente viene con mucho susto de que le embarguen las cosas, sobre todo después de haber recibido el llamado de las empresas de cobranza", subraya el ingeniero comercial, Felipe Gaete, que es uno de los profesionales que tiene contacto directo con los deudores. Es así que muchos de los que llegan no cumplen con todos los requisitos que se requieren para acogerse a la legislación como lo es que el monto de lo adeudado supere las 80 UF ($2.100.000), que correspondan al menos a dos obligaciones vencidas y que no se haya iniciado un juicio ejecutivo en contra del deudor.
"El problema es que la gente no está bien informada y de aquí al menos salen con una idea de lo que pueden hacer. Por ejemplo, si la gente viene notificada de una demanda no los podemos ayudar, pero sí lo orientamos", añadió el profesional.
En tal escenario, la coordinadora regional deja en evidencia la carencia de una educación financiera que parte desde el momento que la persona, por ejemplo, solicita un crédito de cualquier tipo.
"Las personas a veces no leen lo que firman y eso es así, llegan con un nivel de desconocimiento que no saben diferenciar entre una tarjeta o un crédito de consumo, son pocas las que realmente entienden lo que pasó, falta mucho en ese sentido", señala la responsable.
Asimismo destaca que, por lo general, la persona que se acerca a la entidad es porque quiere enfrentar sus responsabilidades y no eludirlas.
"En su mayoría la gente que viene para acá es la que quiere pagar y ello supone una renegociación que es un proceso que se realiza de manera gratuita, de lo contrario si alguien no puede pagar se le dice que tome contacto con un abogado y que inicie su procedimiento de liquidación".
En cuanto al procedimiento advierte que lo básico es contar con los certificados de deuda de cada uno de sus acreedores y, junto con ello, tener clara la fecha en que se dejó de pagar que es cuando se inicia el vencimiento de la obligación. "Si falta algo se rectifica y la solicitud es declarada admisible, luego la resolución de admisibilidad se publica en el boletín de la Superintendencia que es público y los acreedores tienen la obligación de revisarlo todos los días. Allí se hace la citación a una audiencia", especifica la coordinadora regional.
En lo que respecta a la forma de pago advierte que hay diferencias que responden principalmente a la condición etaria. "Un pensionado no es lo mismo que una persona activa de 40 años que perdió el trabajo y busca salvar la situación, a una persona mayor no se le pueden dar 20 años de plazo".
En ese aspecto la propuesta de pago de toda la carga financiera no debe superar el 50%, aunque a veces ese porcentaje puede elevarse cuando la deuda es mayor sobre todo en el caso de los jóvenes.
"Las condiciones que se dan acá no las van a conseguir en otro lado, concluye la coordinadora, recordando que una persona que negocia debe esperar 5 años para someterse a un nuevo proceso.
"Las personas a veces no leen lo que firman y eso es así, llegan con un nivel de desconocimiento que no saben diferenciar entre una tarjeta o un crédito de consumo"
María Soledad Meneses, Coordinadora Regional SIR"
comenzó a aplicarse la nueva ley que originó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. 2014
negociaciones se han realizado a nivel regional en lo que va del mes de enero de este año. 5
solicitudes de negociación se registran en la zona desde que comenzó a operar la nueva normativa. 426
de ellas han sido declaradas admisibles tras el análisis realizado en la Superintendencia. 105
