Se anuncia un plan para abordar los múltiples problemas habitacionales generados por el último incendio que afectó a los sectores altos de Playa Ancha. La ministra de la Vivienda, Paulina Saball, informó que las soluciones habitacionales significarán una inversión aproximada de 13 mil millones de pesos.
El catastro del Ministerio señala que las viviendas afectadas son 215. Dentro de ese total hay 83 levantadas en terreno propio, lo que facilita el acceso a mecanismos de obtención de recursos para reconstrucción.
Sin embargo, hay otro sector en el cual hay 132 residencias con daño y 226 sin problemas, totalizando 358 que, con o sin daño, tienen un problema claramente definido por las autoridades: están situadas en laderas y zonas de riesgo de predios no regularizados. Para esas viviendas el Ministerio ha preparado un plan de relocalización, pues los espacios que ocupan corresponden a una zona urbana donde la normativa no permite el uso residencial.
¿Cuál será la reacción de los pobladores ante esta decisión?
Sin duda, la determinación oficial es correcta y de haberse respetado desde un comienzo la restricción habitacional del área, ahora no se estarían lamentando las graves pérdidas que castigan a numerosas familias.
Sin embargo, la realidad, la lógica inquietud de la "casa propia", aun cuando sea precaria, llevó a esas familias a ocupaciones irregulares con los resultados conocidos. Y el problema no es de Valparaíso y de su caprichosa topografía. Es de todo el país y es potencialmente peligroso en la vecina Viña del Mar.
La solución de la reubicación debe ser participativa, para que las nuevas localizaciones sean aceptadas, entreguen seguridad y buenas condiciones de vida a las familias trasladadas, compleja operación que debe ejecutarse en plazos razonables y en un proceso transparente.
Paralelamente a esta solución, la autoridad debe actuar con energía para evitar que los terrenos erradicados sean otra vez ocupados con viviendas que estarían expuestas a nuevos siniestros, independientemente de la precaria calidad de vida que ofrecen esos sectores.
Entretanto, los terrenos destinados a barrios transitorios que podrían dar paso a viviendas definitivas, de acuerdo a lo postulado por el alcalde Jorge Sharp, deben ajustarse a normas urbanísticas que aseguren calidad de vida a los residentes, con espacios públicos adecuados, conectividad expedita y capacidad de reacción ante nuevos siniestros, especialmente cuando se trata de edificaciones de material ligero.
Los planes de reconstrucción y los fondos que se destinen sólo tendrán efectivo resultado si se tienen en cuenta los errores, la tolerancia y las dolorosas experiencias que en los últimos tiempos han hecho arder a los cerros porteños.
