El titular de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, aseguró ayer que el atentado que sufrió el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, podría cambiar la historia delictual y política del país y advirtió sobre la posibilidad de que el episodio genere una escalada de ataques.

"Me parece de la máxima gravedad, estamos muy conmovidos por esto y esperamos que se vaya a aclarar para que no se vaya a repetir. Es de una gravedad tremenda, que nos puede cambiar la historia delictual y política de Chile", sostuvo Dolmetsch al referirse a lo ocurrido el viernes en la casa del economista, hasta donde llegó un paquete explosivo.

A juicio del presidente del máximo tribunal del país, el caso "puede dar inicio a una escalada que no sabemos hasta dónde puede llegar y es de una gravedad tremenda, es casi novedosa para Chile, y si nosotros no podemos lograr su aclaración y su sanción, podemos promover su repetición y eso es muy grave".

Luego que la Fiscalía Metropolitana Sur decidiera investigar el atentado bajo la Ley Antiterrorista -que últimamente ha sido cuestionada por el Ministerio Público por no contar con las herramientas suficientes para investigar-Dolmetsch consideró que en este caso se justificaría la aplicación de dicha legislación, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras causas recientes en las que se ha invocado la normativa y en las cuales los tribunales han desestimado la calificación terrorista.

Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reafirmó sus críticas a la Ley Antiterrorista, señalando que no es una legislación "que entregue grandes ventajas" para la investigación de la institución que encabeza.

"Sólo nos permite algunos beneficios como, por ejemplo, tener un tiempo mayor de secreto de investigación, pero en la Ley Antiterrorista no hay técnicas especiales de investigación que sí existen hoy en materia de robo y drogas, es decir, es una ley que no contiene los elementos fundamentales que debe contener una ley de esa naturaleza", comentó Abbott.

El fiscal metropolitano sur y quien está a cargo de la investigación del ataque a Landerretche, Raúl Guzmán, opinó que "quizás este es el momento para ahondar en la discusión sobre las modificaciones de la ley". "Ello, tanto respecto al concepto de terrorismo como los sujetos que puedan cometer estas conductas", apuntó.

Guzmán también consideró que se deben evaluar "las herramientas investigativas que se le puedan dar al Ministerio Público, como medidas de carácter intrusivas que puedan estar contenidas a un tipo de control judicial o de algún otro tipo".

"Sobre todo -puntualizó-, medidas que tengan relación con la preservación de la prueba y de la identidad de testigos, quienes, por verse expuestos a posibles acciones de venganza, muchas veces dificultan su participación en audiencias de juicio oral, lo que puede llevar a la absolución de personas que han estado acusadas por este tipo de delitos".

La aplicación de esta normativa en el caso de Landerretche, pero no en el ataque incendiario ocurrido cerca de Cañete, donde murió un trabajador, ha causado críticas de la oposición. Ayer, el ex Presidente Sebastián Piñera visitó esa comuna del Biobío para reunirse con la familia de la víctima del ataque -aunque la cita finalmente no se concretó- y dijo estar "convencido de que esto fue un delito terrorista".

"Si no podemos lograr su aclaración y su sanción, podemos promover su repetición, y eso es muy grave"

Hugo Dolmestch, Presidente de la Corte Suprema"

El Gobierno rechazó ayer las críticas que surgieron por parte de algunos miembros del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) sobre la presunta ideologización de los resultados de los encuentros locales y cabildos del proceso constituyente.

"Me quiero quedar con lo que ocurrió ayer (lunes) aquí en el Palacio de La Moneda, que la Presidenta recibió de parte del Consejo Ciudadano de Observadores el informe para las bases ciudadanas de la nueva Constitución y también el informe del trabajo del Comité de Sistematizadores", sostuvo la ministra vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, después de que se revelara que ambos documentos contienen inconsistencias entre sí.

Por ejemplo, según consignó El Mercurio, el reporte del Consejo de Observadores destaca el derecho a la educación como una de las "ideas fuerzas" mencionadas por los participantes, mientras que el informe encargado por un grupo transversal de consejeros a la Universidad de Chile arrojó que un 3% de los participantes calificó a la educación como un "derecho social".

Al respecto, la ministra Narváez indicó que "en ambos trabajos y en ambas exposiciones y discursos se señaló la relevancia de este proceso. De parte del CCO, su presidente señaló la total transparencia, la cero manipulación que hubo en este proceso y lo inédito del proceso, todos los aspectos de carácter positivo".

"El Comité de Sistematizadores señaló también que la metodología puede ser conocida de manera transparente y está disponible para la opinión pública. Cualquier persona puede revisar cómo fue la metodología y también se señaló que cualquier dato puede mirarse hasta su origen", agregó.

En ese sentido, la secretaria de Estado enfatizó que "es importante señalarle al país que este ha sido un proceso completamente inédito, valorado internacionalmente y ya está siendo estudiado por organismos como la OCDE, que ha valorado positivamente cómo Chile está llevando adelante el proceso de la nueva Constitución".

La portavoz de La Moneda afirmó que "pueden haber opiniones y pueden ser divergentes, pero lo importante es ir a las fuentes, y en esas fuentes está la garantía de que este ha sido un proceso completamente transparente".

"Las metodologías están ahí disponibles para que cualquier persona o cientista social pueda ir y ver los datos objetivamente", reiteró.