El apoyo al Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, bajó 11 puntos durante enero, marcando un 35%, según la encuesta publicada ayer por el diario La República.

El sondeo realizado por la empresa GfK, indicó que la desaprobación al Mandatario llegó al 52%, a pesar de que la mayoría de la población aprueba el actuar del Ejecutivo en temas económicos y de gestión, como el 81% que respaldó la idea de que las empresas corruptas no puedan volver a ser contratadas por el Estado, así como las sanciones para los abogados que retrasen procesos judiciales (77%) y la reducción de la burocracia estatal (73%).

Críticas

Entre los aspectos negativos, los encuestados consideran que Kuczynski no combate a la delincuencia, no cumple con sus promesas electorales, no lucha contra la corrupción y no está trabajando para los más pobres.

Esto último, dado que el 19% estuvo de acuerdo con la frase "a los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como yo".

A eso se suma que cerca de 80% no se siente representado por líder o partido alguno, mientras que el 70% afirmó que no está "suficientemente informado de lo que ocurre en la política en el país" y que un 65% dijo que "no tiene paciencia con los actuales políticos".

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió ayer en su criticada decisión de vetar la entrada de ciudadanos provenientes de países musulmanes. El Mandatario escribió en Twitter: "Nuestro país necesita fronteras sólidas y un escrutinio extremo, ahora. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo ¡un lío terrible!".

Trump respondió así a las críticas por el decreto que emitió el viernes, que suspende la entrada de refugiados, con énfasis en los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, el Yemen e Irán, hasta que se establezcan nuevos sistemas de revisión de documentos.

La medida generó protestas en varios puntos del país, como en el aeropuerto internacional JFK, donde varias personas en busca de asilo debieron pasar la noche al no ser admitidos en el país.

Jueces de Virginia, Seattle, Boston y Nueva York bloquearon temporalmente las deportaciones en sus distritos.

Uno de ellos, la magistrado del tribunal federal de Brooklyn, Ann M. Donnelly, bloqueó parte del polémico veto, en respuesta a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que dudaba de su constitucionalidad.

Frente al dictamen de Donnelly, el Departamento de Seguridad Nacional declaró ayer en un comunicado, publicado por "The Washington Post", que "cumplirá con las órdenes judiciales", pese a seguir ejecutando el mandato presidencial: "Los viajes prohibidos seguirán siendo prohibidos y el Gobierno de los Estados Unidos conservará su derecho a revocar los visados en cualquier momento si es necesario para la seguridad nacional o la seguridad pública".

"Ningún extranjero en un país extranjero, sin vínculos con EE.UU., tiene derecho sin restricciones a exigir entrada en los Estados Unidos o a exigir beneficios de inmigración", puntualizó el documento.

La oficina de seguridad señaló que "menos del 1%" de los pasajeros aéreos internacionales que llegaron el sábado fueron "incomodados" por la orden ejecutiva.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que "no está de acuerdo" con la orden y confrontará al Gobierno estadounidense si esta política afecta a los británicos, señaló un portavoz.

La canciller alemana, Angela Merkel, también lamentó la orden. "Ella está convencida de que incluso la necesaria, determinada lucha contra el terrorismo, no justifica poner a gente de origen específico o fe en particular bajo sospecha general", dijo el portavoz Steffen Seibert.