Los incendios que acontecen en la zona central marcarán un antes y un después en la historia de los desastres de nuestro país. Cualquier cifra que se tome muestra la enorme dimensión de la catástrofe, su explosivo crecimiento y el sombrío panorama que se viene por delante, significando una dura prueba para el Estado. Hoy sabemos que se han quemado 260.000 hectáreas, lo que supera con creces la superficie afectada entre 2015 y 2016. También que existen más de 100 incendios en combate y que la emergencia se ha trasladado desde la Región de O´Higgins hacia el Biobío y La Araucanía.

Además del daño ecológico, ambiental y productivo estos incendios han afectado severamente a los asentamientos humanos, como el dramático caso de la Villa Santa Olga. A esto hay que sumar la lamentable muerte de diez personas, incluyendo brigadistas, bomberos, carabineros y ciudadanos que resultaron atrapados por las llamas.

Sabemos que esta inédita fuerza destructiva tiene directa relación con los efectos del cambio climático que tantos expertos alertaron. Una fatal combinación entre sequía y altas temperaturas que transforman la vegetación introducida en una alfombra combustible, junto a fuertes vientos que propagan el fuego y dificultan su control. Dado que estamos frente a un evento que, pese a las advertencias, tiene elementos inéditos, es necesario analizar cómo se ha comportado el Estado de Chile en otros momentos.

Terremotos como el de Talca o el de Chillán, dejaron ciudades completas en el suelo y obligaron a los gobiernos a tomar medidas radicales para enfrentar estos eventos, desarrollándose leyes, instituciones y planes, que permitieron enfrentar los problemas en varias escalas y levantar otra vez las ciudades y al país.

Estos incendios revelan un problema de fondo, relacionado con la poca sustentabilidad existente en el desarrollo productivo de la actividad forestal. La expansión de las plantaciones de especies introducidas ha modificado los equilibrios ambientales del territorio. Adicionalmente, son conocidos los problemas que tienen por ejemplo, los eucaliptus respecto al consumo del agua, a la combustibilidad, la concentración de elementos volátiles y el radio de impacto al quemarse. No obstante lo anterior, el problema no es la actividad forestal, sino las medidas que puedan impulsarse desde el Estado para insertar esta industria en un contexto verdaderamente colaborativo y sostenible.

Justamente para corregir las externalidades ambientales de los procesos económicos es que existe el ordenamiento territorial. El problema es que este ámbito administrativo es reciente y comienza lentamente a ser desarrollado en Chile. Los instrumentos que hay son, en gran parte, de carácter indicativo. A esto hay que sumar las dificultades que tienen las instituciones para coordinarse. La magnitud de los incendios obliga, entonces, a desarrollar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial con absoluta decisión.

La gran mayoría de las zonas que se queman se ubican en áreas rurales sin ningún tipo de regulación en el uso del suelo. Lo primero, entonces, es incorporar estos sectores a los planes reguladores comunales, intercomunales y a los regionales, hoy en estudio por parte de la Subdere (PROT). En estos planes deben identificarse las zonas de riesgo por incendios al igual como ocurre con aluviones o marejadas. También hay que ejecutar obras para reducir el riesgo como franjas de protección y cortafuego con los centros poblados, con un ancho suficiente para retardar o impedir la llegada de las llamas y que se resguarden con equipamientos y buen diseño las ocupaciones informales.

Otro aspecto relevante lo constituyen los planes de manejo de las plantaciones forestales, los cuales deben mantenerse en el tiempo. A su vez, se requiere una red de caminos que facilite el control de siniestros en las zonas de mayor pendiente y estanques de agua como los aplicados en Valparaíso, que sean dispuestos en las zonas de mayor riesgo. Finalmente, es importante incrementar las reservas y parques de bosques nativos que permitan asegurar una adecuado equilibrio ambiental, todo esto en una colaboración-publico privada tan necesaria como urgente.

La mejora de los tiempos de respuesta es crucial, donde una hora de tardanza puede transformarse en una pérdida exponencial de hectáreas, plantaciones y bienes, lo que pone a los sistemas de emergencia en alerta, pero también a las Fuerzas Armadas como ente público que pueda participar con toda su fortaleza, recursos y equipamiento terrestre o aéreo en esta nueva dificultad interna que como sociedad enfrentamos. Durante décadas de prueba, error y omisión, Chile ha logrado abordar desafíos tanto o más complejos en materia de sismos y hemos avanzado más lentamente en inundaciones. Para ello es fundamental cambiar la actitud y romper un odioso clima de descalificaciones y aprovechamiento político que se ha visto en estos días. Es hora de apagar las redes sociales y de unirnos como país.

Que la política recobre su sentido original, que es servir de canal para acercar el Estado a las personas.

*Metropolítica

Marcelo Ruiz y Alberto Texido*