Cristián Rodríguez F.

Tras un año y medio de investigación, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por fraude al fisco en contra del exalcalde de Zapallar, Nicolás Cox, quien se encontraba formalizado desde mediados de 2015, supuestamente por haber autorizado el pago de 3 millones de pesos por unos servicios que finalmente no se ejecutaron.

Según comentó el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, la decisión se adoptó dado que "los antecedentes con los que contaba la Fiscalía fueron suficientes para formular una imputación, pero no lo fueron para sostener una acusación". La determinación del Ministerio Público, adoptada el pasado 2 de febrero, fue respaldad por la parte querellante del caso y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Además de Cox, para uno de los contratistas imputados en el caso, Cristián Cortés, también se decidió no perseverar en la investigación, alzando así su medida cautelar de firma mensual. Al exalcalde, en tanto, nunca se le decretaron cautelares durante la indagación.

"persecución política"

Con la decisión de no perseverar, según Nicolás Cox se dio término de una "persecución política que fue muy larga".

"Después de esto mi inocencia queda públicamente demostrada. Esto era una persecución y el único resultado fue una cosa negativa para la comuna, que se vio reflejada con la baja votación que obtuvo en las elecciones municipales el representante de Chile Vamos (Gustavo Alessandri, alcalde)", sostuvo Cox, quien a raíz de lo mismo fue acusado por los concejales por notable abandono de deberes, siendo destituido por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

"Tenía la conciencia tranquila. Esto fue una mentira y una actuación", agregó el exjefe comunal, quien por ahora se encuentra asesorando a la Asociación de Municipalidades (Amuch) de la Quinta Cordillera, y descartó ser candidato en las elecciones de este año.

Arista pendiente

Si bien uno de los abogados querellantes del caso, Martín Bessio, confirmó que compartieron la decisión de la Fiscalía -de no insistir en la investigación contra Nicolás Cox-, sostuvo que aún existe una arista que podría involucrar al exalcalde, pero que hasta ahora el Ministerio Público no ha decidido formalizarlo.

"Todavía está pendiente su responsabilidad por el fraude o los ilícitos que se cometieron en la Municipalidad, que es una arista que no está formalizada todavía. Se está investigando la responsabilidad de otras personas involucradas, entre esos el exalcalde Cox", sostuvo Bessio.

Cabe recordar que la investigación por fraude al fisco en la Municipalidad de Zapallar comenzó en 2012. Hasta ahora, la Fiscalía regional ha logrado condenar a 16 personas a través de juicios abreviados, por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno. Incluso, se han obtenido penas de hasta cuatro años de presidio.

Alza de precios, cobertura en el Auge y sistema Ges, además de términos de contrato, son los principales reclamos que recibe la Superintendencia de Salud en la Región. Las denuncias en 2016 fueron 1.246, marcando un aumento del 22% en comparación al año anterior.

La agente regional de la Superintendencia de Salud, Cecilia Farías, menciona que "la región de Valparaíso es la que tiene el mayor número sostenido de ingresos de reclamos y de reclamos resueltos por año. La novedad se da, en que tenemos mayor cantidad de reclamos por alzas de precios".

En ese sentido, la agente explica que las denuncias más recurrentes se deben a la variación de los valores en los planes de salud de isapres, las que "están obligadas a comunicar a sus cotizantes dentro de los tres meses anteriores al vencimiento de la anualidad".

Otro de los aspectos más reclamados fueron los relacionados al Auge/Ges. En ambos sistemas, la agente regional explica que "se ha dictado una serie de restricciones en beneficio de los reclamantes. Por ejemplo, cuando una isapre no tiene un prestador de red GES en la región, debe pagar los gastos de traslado al lugar donde se ha designado el prestador", recalcando que este derecho es válido para usuarios de isapre y fonasa.

Además se destaca el uso de la plataforma web (www.supersalud.gob.cl) para ingresar los reclamos, que a nive nacional, correspondieron a 34% de las quejas a nivel nacional.

CASO MASVIDA

Pese a las polémicas que involucran a la isapre Masvida, la agente zonal advierte que no han aumentado los reclamos, pero si, admite que ha existido preocupación por parte de usuarios, dudas que han sido aclaradas por la entidad.

"La región es la que tiene el mayor número sostenido de ingresos de reclamos y de reclamos resueltos por año"

Cecilia Farías, Agente regional de, Superitendencia de Salud"

Durante seis horas estuvo obstaculizado uno de los accesos al puerto de Valparaíso, debido a que trabajadores de la empresa Opval instalaron vallas papales, manifestándose en contra de la firma, a la que acusan de subcontratar personas que terminan copando la mayoría de los turnos por la mitad del sueldo. A causa de la manifestación, camiones con carga no pudieron salir del puerto por esta vía y decenas de pasajeros que arribaron en el crucero Crystal Serenity no pudieron desembarcar de forma normal.

William Rojas, vocero de los trabajadores que se manifestaban, declaró que "encontramos que es un error que la gerencia haya entregado esos buques a esos trabajadores que no son los que están todo el año con la camiseta puesta". Los trabajadores además denunciaron que los nuevos operarios no tienen la experiencia del trabajo y no cuentan con la inducción de seguridad requerida para ese tipo de labor.

A eso de las 13.30 horas, la gerencia de la empresa habló con los trabajadores, negándose al petitorio de los portuarios, pero ofreciendo una mesa de conversación bajo la condición de que abrieran el paso a los camiones. Los trabajadores rechazaron la opción, por lo cual el capitán de Puerto, Sigfrido Ramírez, ordenó a la Infantería de Marina, con el apoyo de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros, desalojar a los participantes de la protesta, lo que produjo enfrentamientos.

El capitán de Carabineros Jorge Olea declaró tras los disturbios que "se detuvo a tres personas, todos sin antecedentes. Se dará cuenta al Ministerio Público y ahí se determinará qué sucederá con ellos".

A través de un comunicado, la Empresa Portuaria Valparaíso lamentó los hechos y llamó "al diálogo, creemos relevante que el sistema portuario de Valparaíso recupere su activo más importante: la denominada Paz Social, construida junto a los Trabajadores Portuarios, Concesionarios, las autoridades y Empresa Portuaria Valparaíso".

El director del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, contó a este diario que, ante el descontento, los trabajadores decidirán entre hoy y mañana qué medidas tomar en los próximos días.

mil es la pérdida en dinero que significan los 12 turnos que dejaron de hacer, aseguraron los portuarios. $ 480