Las percepciones no tienen una base numérica pero corresponden a apreciaciones basadas en hechos reales. Así, el VIII Estudio Nacional de Transparencia realizado por el Consejo Nacional del rubro revela negativas percepciones sobre las instituciones públicas.
Focalizando los resultados regionales, los números son inquietantes: un 89% de los consultados cree que los actos de corrupción quedan impunes; un 53% estima que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida; y el 60% ve al sector público como "muy corrupto".
¿Apreciaciones injustas, exageradas? Posiblemente, pero hay hechos objetivos que contribuyen a que la mirada general sobre el aparato público sea muy negativa, especialmente en esta Región donde en los organismos máximos de decisión oficial se han registrado casos de corrupción en que se esfuman recursos sin que se concreten sanciones importantes.
Al respecto, el diputado DC Aldo Cornejo alude a "fraudes en el Gobierno Regional, Sernatur y otros" objeto de largas investigaciones sobre las cuales "la ciudadanía no ha tenido noticias".
Por su lado la diputada UDI María José Hoffman alude a los "continuos escándalos en la Intendencia" donde "no ha sido condenada ninguna autoridad relevante".
En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, afirma que estos resultados "constituyen un importante llamado de atención que debería ser considerado por todos los sectores".
Y tiene razón, pues siempre en la corrupción hay dos partes: el compra y el que vende, o se vende, para decirlo derechamente. Por otro lado, en los resultados de la encuesta subyace una apreciación generalizada: los casos conocidos solo son la "punta del iceberg", es decir, hay otros que nunca salen a la luz pública y, por tanto, entran en la gran cifra de la impunidad.
Para afrontar el problema hay varias herramientas: los organismos contralores formales, la justicia y las normas sobre transparencia que, en teoría, franquean a los ciudadanos comunes y corrientes o a sus organizaciones, la posibilidad de pedir información sobre diversas materias a los organismos públicos. Éstos, en teoría también, están obligados a responder.
¿Cómo está funcionando este importante mecanismo? ¿Hay voluntad, disposición, en los responsables del sistema público para dar respuestas efectivas a quienes preguntan?
Es importante que todas estas herramientas funcionen, funcionen bien y frenen la peligrosa pendiente que convierte a la corrupción en un mal conocido, pero aceptado. Por ello la gran tarea pendiente es implantar un sello ético que debe cruzar todas las actuaciones públicas.