Tras el último incendio que afectó a más de 200 familias del sector alto de Playa Ancha se adoptaron medidas de emergencia que van desde la entrega de bonos hasta la habilitación de nuevas viviendas. Dentro de ésas, la inmediata fue la radicación de familias en albergues. Solución que no se puede prolongar en el tiempo pues afecta de diversas maneras la calidad de vida de las personas.
Es el caso de 30 familias acogidas en el Polideportivo Renato Raggio. Se dan allí condiciones mínimas y se mantiene una organización que facilita alimentación, aseo y seguridad.
Pero no hay privacidad y prima la incertidumbre por la vivienda definitiva, sin duda el ideal que no es tan fácil de cumplir.
Es necesario sortear el problema básico de la ubicación en terrenos que entreguen seguridad a los pobladores, cuestión compleja en la caprichosa topografía de Valparaíso.
Paralelamente, está el costo de los terrenos y la definición de los títulos de dominio con el objeto que las nuevas viviendas no tengan inseguridad en cuanto a normas jurídicas y plan regulador.
Al respecto hay un problema concreto que señala Tania Madariaga, encargada municipal para la reconstrucción: la posibilidad o no de instalar viviendas de emergencia en sitios que están en algún sentido en situación irregular, de los cuales las personas damnificadas son propietarias. Materia compleja, pues tras esa propiedad hay un sentido de pertenencia, de barrio, de vecindad.
Esa es una parte del problema, pero también está el de los tiempos, precisamente el que aflige a los albergados. Advierte Tania Madariaga que "según las experiencias anteriores del Minvu y del Serviu, se calcula en al menos 24 meses el plazo para tener construido un nuevo proyecto habitacional de barrio". Son dos años. Es cierto que está la emergencia de los siniestros del sur. Pero, ¿será posible acortar ese plazo?
No hay que olvidar, por otro lado, que las semanas y meses pasan rápido y las condiciones climáticas cambian. Vienen el otoño y el invierno. Entre los damnificados hay niños y personas de la tercera edad. Las medidas de emergencia y definitivas deben considerar a esos grupos humanos, que no sólo han perdido bienes y han vivido experiencias traumáticas, sino que también tienen en riesgo su salud.
Junto con acelerar las soluciones y avanzar hacia lo definitivo, hay que seguir acompañando a los damnificados en aspectos como salud, alimentación y seguridad. Responsabilidad de los servicios públicos que deben adaptar y flexibilizar sus políticas ante una emergencia como ésta.