Fundado como taberna en 1916, el mítico Bar Inglés anunció esta semana el cierre de sus operaciones producto de una desastrosa situación económica y pasivos millonarios que obligaron a negociaciones durante los últimos meses entre su último dueño, Jorge Harbin, y la ampulosa Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Las deudas, que de eso se trata todo esto, tampoco son cifras del otro mundo: $ 43 millones de pesos de acreencia con bancos y la Tesorería General de la República, que se suman a otras no acreditadas. Pese a ello, una junta extraordinaria de acreedores dio por inviable mantener la continuidad de giro del histórico local de calle Cochrane -con entrada y salida también por Blanco-, declarándose la liquidación concursal por parte de un juzgado porteño del administrador del Bar Inglés, el cierre del local y el despido de sus nueve trabajadores.

Quizás uno de sus más reputados parroquianos sea el decano de Derecho y exrrector de la Universidad de Valparaíso, Agustín Squella, para quien la clausura del local es casi como que "cerraran Valparaíso", en una poética hipérbole que tiene más que ver con sus románticos recuerdos que con el dramático presente que vivía desde hace algunos años el citado bar.

La pérdida patrimonial que supone (argumentada y lamentada por el presidente de la comisión de Desarrollo Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso, el concejal Daniel Morales) es un buen punto de partida para iniciar la discusión de si el Estado -como propone el edil- debe ser o no responsable de subsidiar espacios como éste, el Café Riquet, el Café Vienés y tantos otros, que terminaron sucumbiendo a las drásticas leyes del mercado y, en algunos casos, a deficientes administraciones.

¿Cuánto hay de responsabilidad, asimismo, en la decadencia de Valparaíso por parte de los propios habitantes y visitantes de la ciudad? ¿Por qué ciertos modelos exitosos, como los de los cerros Alegre y Concepción no han podido ser replicados en otros extremos del Puerto?

Por estos días, el propio alcalde Jorge Sharp ha sido sorprendido con un sumario sanitario en contra del municipio por la falta de aseo y limpieza en las cercanías del Mercado Cardonal y el sector de Bellavista, tristes íconos locales de la acumulación de basura y orina callejeras, lo que golpea una de sus principales promesas de campaña.

En referencia a ello, ¿es posible reducir la responsabilidad de la limpieza e higiene al municipio, pese a que esté obligado a ello por el Código Sanitario y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades?

La paradoja, dramáticamente, pareciera ser la misma del Bar Inglés: ni el Estado ni el municipio son capaces -y podríamos hasta entrar a discutir su responsabilidad- en lanzarse al salvataje de negocios mal administrados o a la limpieza de los ríos de orina que nadie se digna a detener.

Como Cámara Chilena de la Construcción valoramos el derecho y obligación que alcaldes y gobiernos locales tienen para resguardar la calidad de vida de los vecinos e impulsar el desarrollo promoviendo un crecimiento urbano armónico y que proteja la identidad de cada comuna o ciudad.

Desde este punto de vista es completamente legítimo que cada municipio quiera revisar sus respectivos planes reguladores y resguardar ciertas áreas que considere relevantes. Asimismo, consideramos fundamental que esta gestión se realice de acuerdo a la ley, a través de un proceso público, informado, que reúna múltiples voces que puedan analizar y proyectar las consecuencias de un plan regulador en el largo plazo, que equilibre el desarrollo del territorio comunal manteniendo su esencia, con las dinámicas demográficas, económicas, culturales y funcionales propias del desarrollo urbano e inmobiliario. En este sentido, un aspecto fundamental de los Planes Reguladores es disponer de suelo y áreas de desarrollo para acoger estas dinámicas emergentes.

Pero además, establecido el Plan Regulador y su Ordenanza, estos instrumentos deben ser respetados por los distintos actores, ya sean autoridades, vecinos o inversionistas. No se debe desconocer el valor jurídico de los permisos y anteproyectos aprobados. Revocarlos o invalidarlos unilateralmente por la autoridad cuando su titular los ha obtenido legítimamente, sólo aumentará la incertidumbre sobre la principal fuente de inversión privada de nuestras ciudades, y perjudicará el desarrollo urbano, entrabando el crecimiento propio de la ciudad.

El permiso de obra es un acto administrativo emitido por el Director de Obras Municipales, en uso de sus facultades y examinado por un revisor independiente habilitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para los casos en que la ley lo requiere. Una vez emitido el permiso, reconoce el derecho a los propietarios del proyecto para construir. Solo podría ser impugnado por causa de ilegalidad en su emisión, que debe ser discutido en las instancias judiciales establecidas para ese fin.

Todos estos temas tienen costos y consecuencias múltiples y directas en las personas tales como el afectar el derecho de las familias a vivir en las comunas en las que han crecido. Por lo mismo, generar un desarrollo urbano armónico es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas, sus limitaciones no solo repercuten en el encarecimiento del precio de las viviendas, sino que además generan un crecimiento desordenado, una segregación a zonas periféricas de la ciudad y una falta de oferta en transporte y servicios asociados a ese crecimiento.

Porque estamos seguros que la institucionalidad es esencial al progreso, lo que se traduce en más equidad y mayores oportunidades para todos, creemos que este es un momento clave para impulsar una visión común. Una mirada de largo plazo en materia de desarrollo urbano, que asegure una mejor calidad de vida para las personas, respetando la identidad del territorio, impulsando el mejoramiento de la infraestructura y favoreciendo la inversión.

Jaque al libre comercio

Responder a la interrogante de las posibles implicancias de la victoria de Donald Trump para Chile y el mundo, es sin duda muy difícil; primero por Trump mismo, luego por la baja fiabilidad consustancial de los análisis prospectivos en temáticas altamente complejas como ésta, y finalmente porque la política (local e internacional) más que transitar hacia una suerte de post-verdad parece operar derechamente como una post-realidad.

No sabremos cuales de sus ideas tendrá la voluntad, el poder y la legitimidad de materializar hasta que empiece a gobernar, pero de cualquier forma y en el corto plazo, aun antes de asumir su mandato, hay efectos coyunturales interesantes, así como perspectivas de curso de acontecimientos en los que vale la pena poner atención.

No bien electo, "los mercados" tomaron nota de la alta probabilidad de un aumento de gasto público y una baja de impuestos - a la keynesiana- y un vasto programa de obras públicas que hizo trepar, contra todo pronóstico, el precio del cobre e hizo subir las acciones de empresas vinculadas a la construcción e ingeniería. Otro tanto observaron muchas otras compañías, como aquellas vinculadas a la industria biotecnológica, previendo una desregulación del sector.

El referido repunte accionario que siguió al resultado de la elección, podría ser más que fluctuaciones atribuibles a la volatilidad de las bolsas y el nerviosismo inicial, y desarrollar bases más sólidas de mediano plazo, si son efectivas las promesas de mayor gasto y desregulación.

Un constante traslado de capitales a EEUU por esta mejor expectativa de su economía hará también que muchos más agentes se desprendan de bonos y compren acciones norteamericanas, retroalimentando los incentivos a grandes flujos de capitales al país del norte. Por ello, a la depreciación inmediata del peso, probablemente le siga una tendencia sostenida, más aun con el alza de la tasa de política monetaria aplicada por la Federal Reserve (FED) y el anunciado ritmo de normalización del "estímulo cuantitativo" por tres veces durante 2017.

En el escenario actual de inflación baja en Chile, una combinación de tipo de cambio más alto y menores tasas de interés locales (a las que hasta ahora se ha resistido el Banco Central) mejoraría la competitividad del sector exportador y podría ser expansivo. Esto, por supuesto, sería un flujo de oxígeno para la ralentizada economía, pero no involucra cambio alguno en la orientación extractivista y depredatoria de recursos y la vulnerabilidad que supone el estresado modelo de crecimiento chileno.

El futuro de los tratados de comercio, como el NAFTA, aparecen amenazados pero su revocación o modificación es compleja y larga, pero ello no alcanza al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Economómica, conocido como TPP. En efecto, lo que parecía inevitable, la implementación del tratado Transpacífico, de más que dudosa conveniencia para Chile, hasta donde se sabe pues el secretismo y la opacidad parecían su membrana envolvente, se desvanece en el aire y a la huida de éste por parte de EEUU, se suma el juicio de Japón respecto de la inutilidad de un tratado sin el país del norte, aunque cree que ratificarlo podría mantenerlo conservado "por criogenia" a la espera de una mejor coyuntura.

Bernardo Echeverría

Presidente Comité Inmobiliario CChC

Jorge Gajardo

Académico Facultad de Economía, U.Central