Por segundo año consecutivo miles de estudiantes de la educación superior harán uso de uno de los derechos sociales fundamentales que un país debe reconocer a las personas. Otros miles se incorporarán a la gratuidad a partir de este año, especialmente en la educación técnico profesional. Un total de 44 instituciones ya han adscrito al régimen de gratuidad, 12 de ellas corresponden a la formación técnica y profesional. Un 98,2% de los 95 mil estudiantes ya notificados de su condición de beneficiarios por el Ministerio de Educación proviene de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. En otras palabras, en 2017 se lograrán objetivos de mayor inclusión y de diversidad en la cobertura, con instituciones de carácter público y privado, tanto en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Siempre he sostenido que no es todo lo que hay que hacer en educación. Es decir, nadie puede pretender reducir la reforma a la educación superior a un determinado instrumento de política pública, por más relevante que éste sea. Desde luego esta reforma no debe ocuparse solo de los sistemas de financiamiento, pero sería muy poco ecuánime no valorar los efectos sociales, culturales y políticos de la gratuidad. A mi juicio, uno de esos efectos es que a mediano plazo creará una condición muy favorable para avanzar en esa misma política, incluyendo a otros segmentos socioeconómicos todavía vulnerables, lo que a su vez generará un cambio de la mayor envergadura en los significados colectivos relativos a estándares más elevados sobre valores de bien común y de justicia social.

Los datos muestran que la implementación hasta ahora tiene un evidente efecto redistributivo. El impacto económico en la mayoría de las familias que tienen sus hijos en educación superior no tiene comparación, pues en los ingresos promedio de nuestro país dejar de pagar o no tener que endeudarse por estudiar representa un incremento cuantioso en los ingresos de las personas. Pero este beneficio tiene a su vez un edificante contenido normativo, se entrega por el mérito y el esfuerzo de quien lo recibe y el apoyo que han entregado sus familias.

En contra de la gratuidad se han escrito y editado múltiples columnas. Se ha llegado a decir que es el inicio de la tiranía de la igualdad, una señal del avance del totalitarismo que asfixia la libertad moral de las personas. A efectos de edulcorar la aversión ideológica que no logran contener tales adversarios, algunos matizan diciendo que son contrarios a la gratuidad universal. Cuando se les dice que la gratuidad es un derecho, no una imposición, no responden. Lo que evitan reconocer es su rechazo conceptual a la idea que la educación deje de ser un bien de consumo, o una mercancía transable según la capacidad de pago de las personas. Otros dicen que los derechos sociales no existen, pero tal argumento tiene el riesgo de implicar también la negación de los derechos subjetivos en general lo que resulta contradictorio con la veneración de los derechos de propiedad. En tal caso, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

La extensión de la gratuidad trae consigo una ampliación de la base de sustentación social y cultural de dicha política. Desde el momento que esta produzca sus efectos prácticos en las economías familiares y de las instituciones adscritas a ella, y de un modo más transversal, su mayor legitimidad terminará consolidándola como un derecho social.

Aldo Valle

Rector de la Universidad de Valparaíso

Cuando leemos que los trabajadores de la Minera Escondida están solicitando un reajuste del 7% y un bono de término de conflicto de 25 millones de pesos cada uno, nos preguntamos; ¿en qué mundo viven?

Pero cuando se señala que la Minera Escondida, la más grande del país, obtuvo del orden de los 1.800 millones de dólares de utilidades el año 2016, entonces parece entenderse esta tremenda pedida de sus trabajadores.

Ahora esta situación devela otra realidad; la gran desigualdad en los ingresos de los trabajadores en Chile, acrecentando la gran desigualdad social que nos caracteriza.

En efecto, estos reajustes e ingresos son exorbitantes para la gran mayoría de los trabajadores nacionales, justificada en los niveles de rentabilidad de la empresa.

Pero vayamos más al fondo. Esta empresa está extrayendo un recurso natural, no renovable, que pertenece a todos los chilenos y del cual nos beneficiamos en alguna medida por los impuestos, aun cuando los que se quedan con la mayor parte de la torta es la empresa y sus trabajadores. Cabe señalar que estudios han mostrado que, en definitiva, las empresas privadas del cobre pagan como impuesto sobre ganancia alrededor del 18%, mientras en Australia la tasa que tributan es del 43%.

Para tener un punto de referencia. Mientras en el 2013 Codelco, el 30% de la industria minera del país, aportó 4 mil millones de dólares al erario nacional, las privadas, que corresponden al 70%, llegaron a 3.700 millones de dólares.

Ahora, de este análisis no están ajenos los trabajadores de Codelco, cuyas rentas están igualmente lejos de la media nacional, afectando las utilidades de la empresa de todos los chilenos.

Con ello no queremos menospreciar el trabajo minero, con lo complejo y duro que es.

El tema es que quienes trabajan con los recursos del cobre, están presionando en base a un bien de todos y sus ingresos afectan directa o indirectamente al erario nacional, porque en el caso de las privadas al aumentar los gastos disminuyen las utilidades y con ellos los montos impositivos. La semana de huelga de los 2.500 trabajadores de Escondida ya ha costado unas 21.000 toneladas de cobre, lo que significa alrededor de 123 millones de dólares. ¿Cuánto afectará a las arcas fiscales?

Es preciso que el Estado defina mejor esta situación. Será quizás necesario establecer un tope de ingreso para los trabajadores en esa industria y los excedentes que vayan a un fondo de compensación de las pensiones de los trabajadores o algo similar, en una visión más humana y solidaria de la economía. De la misma manera, parece siempre necesario revisar los impuestos e ingresos que aportan estas industrias. Recordemos que por algo se luchó por la Nacionalización del Cobre.

En definitiva, esta situación parece una verdadera ofensa al resto del mundo laboral, que no tiene un recurso tan importante del país en sus manos, constituyéndose en una expresión más de nuestra desigualdad social.

Patricio Young M.

Magister en Sociología

La seguidilla de palos recibidos esta semana por el alcalde Jorge Sharp no debe llevar a confusión. A diferencia de lo que puedan estimar -están en todo su derecho- desde su propia tienda política, esto no pareciera tratarse de una operación para "rayarle la pintura" por parte del oficialismo y menos de una alianza espúrea entre el PC y la UDI con el fin de echar por tierra su gestión, tal como sugirió un dirigente autonomista.

Si entendimos bien las quejas de Sharp, lo que se discute (más allá del sumario sanitario instruido por la seremi de Salud María Graciela Astudillo, a partir de la cochinada en que está convertido más de un sector de Valparaíso, en especial las cercanías del Mercado Cardonal y las calles Uruguay, Yungay y Rawson), es la conveniencia y la oportunidad de la citada acción administrativa. Para nadie es un misterio que Sharp y su equipo debieron postergar muchos de sus planes tras verse superados por la contingencia del incendio del 2 de enero, escenario que también vivió el intendente Gabriel Aldoney.

Respecto del tono de su respuesta, muchos coincidirán en que Sharp es hoy un tipo bastante distinto -acaso más maduro y reflexivo- que el vociferante y revolucionario joven que lanzó aquel destemplado discurso en la sede comunal del Colegio de Profesores tras su sorpresivo triunfo municipal del 23 de octubre ("Se acabó el duopolio. Se acaba hoy en esta tarde, se acaba la corrupción, se acaba la injusticia, las malas prácticas...") y que, pese al ánimo de varios de la claque que le rodea de identificar fantasmas y enemigos en todas partes, es respetado por autoridades, empresarios, ciudadanos de a pie y medios de comunicación como un tipo decente, razonable y más que bien intencionado.

Por mucho que los sueños primigenios de constituir una avanzada que cambie los derroteros del país sean tentadores, el alcalde Sharp comienza a darse cuenta de que la teoría política desbordada, la todavía entelequia del Frente Amplio y las supuestas conspiraciones que denuncian sus correveidiles importan poco -nada, más bien- al lado de ese mocoso sin zapatos y casa quemada que le tocó conocer en el mes de enero y que ha seguido visitando durante todo este tiempo.

Nadie dijo que la aventura municipal sería fácil. Pero, tal como escribe Cristina Hurtado citando a la alemana Hannah Arendt, "la acción política es del orden del milagro, de lo inesperado, del acontecimiento (...) La libertad consiste en este poder de comenzar. Es un derecho a esperar milagros porque los hombres en la medida en que pueden actuar son capaces de llevar a cabo lo improbable e imprevisible y de llevarlo a cabo continuamente, lo sepan o no".

Rebajarse a repetir las excusas de la anterior administración o pedir clemencia política al Gobierno Regional no es el estilo del Sharp que ganó las elecciones y que encantó a buena parte de Chile con su franqueza, inteligencia y desparpajo.

Más allá de las auditorías, más allá de los sumarios, más allá de cualquier proyecto paralelo, el alcalde hoy se debe a Valparaíso y cuenta con todas las capacidades para transformar y limpiar la ciudad. ¿Estará él consciente de ello?