Desde que se propuso instalar el Congreso Nacional en Valparaíso se argumenta que es un símbolo de la regionalización. Aunque ahora lo olvidamos, también se prometió que iba a ser un pilar fundamental de la reactivación económica de la ciudad. A casi 30 años del inicio de su funcionamiento podemos decir que no ha cumplido con ninguna de ambas promesas.

En efecto, es ingenuo pensar que la re localización de una institución pública fuera de la capital es en si misma una política de regionalización, ya que no trae más poder político ni económico a la región donde se instaló, ni a ninguna otra del país. Estas acciones se les llama desconcentración institucional, y son bienvenidas cuando tienen un sentido en el quehacer propio de una región (pesca, minería, agricultura, por ejemplo) o cuando su gestión no está relacionada con el territorio donde se emplaza (Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil u otros).

Por otra parte, es evidente que tampoco la localización del Congreso en Valparaíso ha traído un mayor desarrollo económico a la ciudad, mas allá de los empleos directos que genera. No es una institución que requiera una importante contratación de servicios externos ni genera encadenamientos productivos con empresas locales. Ni hablar de la deuda que tiene con la Municipalidad, y la nula inversión pública en su entorno, a diferencia de lo que sucede con los otros poderes del Estado que se encuentran en la capital.

En este contexto, la discusión de la localización del Congreso Nacional en Valparaíso o Santiago está mal enfocada. Seguir apelando a un simbolismo vacío no es el mejor modo de abordarla. Algunos senadores y diputados apuntan a la necesidad de que sus pares que no salen de la capital puedan mirar un poco más allá de lo que pasa en Santiago. Es un punto válido, importante, pero en ningún caso suficiente. El alcalde de Valparaíso, en cambio, plantea la posibilidad de repensar el edificio con usos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, como un hospital.

Comparto la postura del alcalde de que en vez de hablar de simbolismos hablemos de acciones concretas. Creo que esta es una oportunidad de repensar el uso del edificio de modo que genere empleos, encadenamientos productivos reales y recursos directos a la comuna. Un ejemplo, entre otros, es el traspaso a la Municipalidad, quien puede arrendarlo para oficinas espacios para convenciones, tal como sucede en muchas ciudades. En efecto, es mejor que la regionalización se traduzca en empoderamiento y recursos efectivos para los territorios, y que edificios como éste puedan ayudar a recuperar un barrio como El Almendral, generar ingresos directos a una comuna que no sólo tiene un gran déficit económico, sino necesidades urgentes de su población que es necesario cubrir.

Requerimos un país que sea capaz de innovar en sus políticas públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y evitar las acciones puramente simbólicas, que finalmente son sólo espejismos que nos mantienen administrando pobreza.

Juan Carlos García Pérez de Arce

Arquitecto

El eslogan de la "Buena Onda", desclasificado por el candidato y ex Presidente, Sebastián Piñera Echenique, en las horas previas al evento de campaña realizado en Quinta Normal el martes pasado, no pareció precisamente ir de la mano de su áspero discurso, tan lleno de pullas a la administración de Michelle Bachelet como de negros diagnósticos -en algunos de sus pasajes, un tanto desmesurados- respecto del Chile modelo 2017 en que nos ha tocado vivir.

No por ello, tampoco, parece haber disminuido el interés por la política. De hecho, ya hay 19 candidatos, precandidatos o como quiera denominarse a aquellos interesados en alcanzar -o hacer el intento de alcanzar- la máxima magistratura del país. Comenzando por Chile Vamos (Manuel José Ossandón, Felipe Kast y el propio Piñera), la Nueva Mayoría (Ricardo Lagos, Carolina Goic, José Miguel Insulza, Fernando Atria, Alejandro Guillier), el Frente Amplio (Alberto Mayol y Beatriz Sánchez) y los llaneros solitarios, independientes o inclasificables como José Antonio Kast, Alejandro Navarro (ayer formalizó su candidatura), Tomás Jocelyn-Holt, Marco Enríquez-Ominami, Nicolás Larraín, Carola Canelo, Franco Parisi, Luis Riveros y Marcel Claude.

La pregunta, huelga decirlo, es cuánto de sincero hay en las propuestas (las pocas que se han visto) sobre el futuro de las regiones de este país, históricamente ninguneadas en beneficio de Santiago, la capital del reino, cuyas estructuras y ventajas la hacen cada vez más pesada a los ojos de la ciudadanía.

¿Nos merecemos un Presidente que trate a la Fértil Provincia de modo similar a la Gran Metrópolis? ¿O debiéramos contentarnos con aquella magnánima señal de descentralización (que de hecho ni siquiera fue decidida en tiempos de democracia), como es la instalación del edificio del Congreso en la avenida Pedro Montt, hecho que ha provocado muy pocas (si es que algunas) externalidades positivas en la ciudad?

Por ello y para ello hay diversas instancias, como las primarias de cada conglomerado (el domingo 2 de julio para las confirmadas de CHV y la NM) y una eventual consulta ciudadana para el Frente Amplio, que aún espera sumar al líder de No+AFP, Luis Mesina, a sus dos precandidatos.

Luego, el 19 de noviembre, vendrá la que quizás sea uno de los procesos eleccionarios más importantes del último tiempo, que podría extender -a duras penas, pero extender al fin y al cabo- la vida útil de la Nueva Mayoría, volver a delegar el poder en la centroderecha (con una posible ironía histórica de ver nuevamente a Bachelet entregando la banda presidencial a Piñera), o -aun cuando es difícil, pero ya sabemos que en Valparaíso se han visto muertos cargando adobes- una tercera opción, que parece haber llegado para instalarse, desafiando a las dos fuerzas basales que moldearon Chile durante los últimos 27 o 28 años y que, al menos por estos días, muestran severos signos de agotamiento.

Para conseguir el fin de que la ciencia y la investigación sean fomentadas en una sociedad, solo se requieren dos condiciones: personas talentosas y dinero. Eso es lo que demuestra la historia. En la antigua Grecia, en donde fueron puestas las fundaciones de nuestra ciencia (lo mismo que de las artes plásticas, la poesía, la dramaturgia, la filosofía, la arquitectura y otras tantas cosas) no hubo ninguna institución pública, como un ministerio o una comisión de investigación, o algo parecido, que permitiera a los Esquilos, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Platones, Aristóteles, Arquímedes, Fidias, Euclides, etcétera, desarrollar su admirada labor artística, filosófica o científica. Ese ejemplo se ha repetido en la historia posterior. La única excepción tal vez sea el mecenazgo de los magnates en la época moderna, que solo funcionalmente podemos comparar con las burocracias modernas en la materia.

En efecto, nuestra época, por lo demás escasa en talentos, confía la llegada de los aportes dinerarios a los servicios públicos del Estado para que los distribuyan entre quienes se dicen ser investigadores, normalmente jóvenes, sin mayor experiencia ni conocimientos que se inician en la actividad. En Chile, la fuente principal de esta actividad pública es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, creada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y que hasta comienzos del segundo quinquenio de 1980 no fue otra cosa que un organismo de tercera fila ocupado en estadísticas y otras cosas del género. La Comisión se convirtió en un ente gravitante en la investigación cuando, en la época indicada, creó programas de financiamiento de proyectos de investigación (el primero fue el que ahora conocemos como de fomento a la investigación científica y tecnológica, Fondecyt, "regular", pero ahora hay muchos otros). No suele destacarse la enorme importancia que, pese a todo, esos programas han tenido para la investigación chilena (por lo demás magra y de resultados mediocres, pero es debido al país), así que yo, pese a mis críticas, la destaco.

Ahora el Gobierno ha propuesto la creación de una "institucionalidad" de fomento científico, caracterizada principalmente por la de un ministerio de Ciencia y Tecnología con su subsecretaría y sus secretarías regionales ministeriales, pero es más que eso, pues también se propone crear una Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo y un Comité Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como se ve, el Gobierno, siguiendo la impronta indeleble del socialismo que caracteriza su pésima gestión, no puede zafarse del esquema de aumentar la burocracia, con la secuela de gastos, corrupción y retardo que eso implica. La solución sensata consistía en añadir grandes recursos a los programas de la Conicyt, pero eso es demasiado simple y sencillo y sobretodo eficaz, como para ser considerado por un gobierno socialista. Si tenemos presente que éste, además, se propone establecer un ministerio de la Mujer y Equidad de Género y un ministerio de Arte, y hasta, creo, que uno del Deporte, calcúlese el dispendio, la corrupción y la ineficacia que todo ello traerá aparejado. Hacemos votos para que ninguno de estos proyectos resulte.

Alejandro Guzmán Brito

Catedrático de universidad, abogado