Alexis Paredes R.
En medio de las graves denuncias realizadas por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, al dar cuenta de situaciones anómalas en 114 servicios públicos, el diputado Rodrigo González (PPD) informó que se reunirá con el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, a objeto reactivar la moción presentada por un grupo de legisladores el año 2015, que contempla aumentar las penas a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos o por particulares en concomitancia con estos.
La iniciativa busca modificar artículos del Código Penal para establecer mayores penas a delitos cometidos por funcionarios, tales como malversación de fondos públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, incremento patrimonial injustificado y cohecho, contenidos en el Título V del cuerpo legal.
Actualmente, la iniciativa permanece en la Comisión de Constitución de la Cámara; sin embargo, el diputado González lamentó que no exista un mayor avance en la tramitación de la moción, motivo por el cual realizará gestiones con el Ejecutivo, ante la urgente necesidad de una mayor rigurosidad a situaciones como el conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción, que muchas veces culminan en meras sanciones administrativas o multas para los implicados.
Sanciones
González enfatizó que el proyecto de ley aumenta en general un grado las penas privativas de libertad; en aquellos ilícitos que contemplan la pena de reclusión se cambia por presidio. Además, se aumentan al doble las multas contempladas en dichos delitos y se establece, en general, como única accesoria la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. De esta forma, quien sea condenado por delitos funcionarios nunca más podrá ingresar a servir en un cargo público u empleo público.
"Hemos llegado a un nivel máximo en relación a la probidad y un destape muy escandaloso de todos los delitos y todas las formas de corrupción en Chile. Creo que la sociedad y toda la institucionalidad pública debiera tomar en cuenta esta alarma, asumir una conducta consecuente y con el sentido de urgencia que la situación amerita", subrayó González sobre los delitos de probidad que también afectan a la región.
"En todos lados está estallando el germen y la lacra de la corrupción, en un país que creíamos estaba exento de estas situaciones. Lamentablemente, está muy contaminado y muy infiltrado por la corrupción que siempre es público-privada, donde son privados los que se enriquecen y el patrimonio de todos el que se ve afectado", argumentó.
Sobre las medidas requeridas, el legislador lamentó que la iniciativa suscrita junto a un grupo de diputados fue derivada a la Comisión de Constitución, donde "lamentablemente ha estado paralizada. Creo que la comisión está colapsada y el proyecto está detenido desde agosto de 2015. Ahora el tema nos estalla en la cara y espero que haya reacción, me parece muy bien la actuación del contralor de la república y lo dicho por el fiscal nacional, que tenemos que reaccionar".
Reunión
Por tal motivo, adelantó que el próximo lunes "iremos donde el ministro Eyzaguirre para pedirle que le dé suma urgencia al proyecto, que justamente ataca los delitos que la gente considera más graves. La sociedad tiene la necesidad de reaccionar para enfrentar esta verdadera plaga que se ha hecho evidente, al descubrirse las tramas internas que afectan al Estado y que hacen que esté paralizado por la falta de diligencia, que requieren una reforma de fondo".
Nuevo código penal
Como integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, el diputado Aldo Cornejo sostiene que existen varias iniciativas que buscan aumentar la penalidad para delitos cometidos por funcionarios públicos o particulares que, en concomitancia con funcionarios públicos, cometan hechos delictivos.
No obstante, el legislador sostuvo que "no parece razonable que, cada vez que se descubra una dificultad de esta naturaleza o supuestos delitos, la reacción sea sólo aumentar la penalidad de determinados delitos". Cornejo argumenta que la mayoría de los expertos que ha concurrido a esta comisión para tratar proyectos de esta naturaleza, han sido partidarios "de una reforma global y sistémica al Código Penal, que se quedó bastante atrás respecto a los actuales requerimientos".
Si bien Cornejo enfatiza que "no hay ningún obstáculo en que los autores de esa moción pudieran pedir a la comisión tratarlo con la debida antelación, eso está sujeto a las urgencias que el Gobierno pone a los diversos proyectos que hoy están en la Comisión de Constitución, que significa que alguna moción parlamentaria no se puede ver y abocarse al estudio de los proyectos que tienen urgencia".
El presidente regional del PS y alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, resaltó que "se debe modernizar el sistema de la administración pública y dejar establecidas muy bien las funciones. En el caso de los organismos públicos se tienden a confundir cosas, como lo ocurrido en la Seremi de Gobierno, donde no se entiende si lo que están haciendo es una capacitación o un paseo, y eso hay que clarificar. No puede suceder que se disfrace una actividad de recreación en una capacitación. Entiendo que hay un sumario en la Segegob, pero el ministerio debería haber tomado las medidas necesarias sobre el tema. Por qué no lo ha hecho, hay que preguntárselo al ministro o al subsecretario. El Gobierno Regional debe contar con una unidad de control fuerte".
"En todos lados está estallando el germen y la lacra de la corrupción, en un país que creíamos estaba exento de estas situaciones"
Rodrigo González, Diputado"
