El pasado 1 de febrero, la Municipalidad de Valparaíso puso término a la vinculación laboral que mantenía a contrata con tres funcionarios: Sandra Núñez Figueroa, encargada de la Oficina Comunal de la Mujer; Félix Díaz Schmuck, jefe de Inversiones de la Secpla; y César Garrido Jara, jefe de Licitaciones y Presupuesto, que también se desempeñaba en esa unidad.

Se les adujo por escrito que la medida se debía a una "reorganización, racionalización y modernización de algunas áreas y funciones", lo que generaba, por consiguiente, "la necesidad de efectuar algunos ajustes y adecuaciones en materia de personal", argumentos que para estos funcionarios no fueron suficientes y, sobre todo, no ajustados a derecho, por lo que de forma separada concurrieron hasta la Contraloría Regional.

El análisis del ente fiscalizador finalmente le dio la razón a los profesionales, subrayando, entre otros aspectos, que no se fundamentó debidamente la desvinculación, tomando en cuenta para ello los años de desempeño al interior del municipio.

Por tal motivo, ordenó a la Municipalidad a reintegrarlos en sus funciones, debiendo además pagarles "las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual estuvieron separados de sus labores", cita el pronunciamiento emanado el pasado 3 de abril.

Sin embargo, el jefe del Departamento Jurídico del municipio, Nicolás Guzmán, aclaró que presentarán una reconsideración ante la Contraloría, por cuanto mantienen la convicción de que su determinación se circunscribió "de manera ajustada al ordenamiento jurídico".

Puntualizó que "mientras en las contrataciones transitorias se disponga la cláusula 'mientras sean necesarios sus servicios', se puede disponer del término anticipado de dicha contratación, fundando el acto administrativo, señalando los antecedentes por los cuales se fundamenta dicho término anticipado de la contratación, lo que consideramos se ha cumplido en este caso".

Para César Garrido, uno de los trabajadores desvinculados, el valor del pronunciamiento de la Contraloría radica en que el ente fiscalizador "resuelve esta presentación en base a lineamientos claros, donde la carrera funcionaria es considerada, al igual que el trabajo profesional que realizo, y que nada tiene que ver con lo que cada funcionario puede pensar".

Sobre la decisión de la Municipalidad de presentar una reconsideración al pronunciamiento, precisó que "es un trámite administrativo que tiene que seguir, nada más, y es opción de la administración realizarlo".

"Ese dictamen va a ser objeto en los próximos días de un escrito de reconsideración"

Nicolás Guzmán, Jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Valparaíso"

Cristián Rojas M.

En marzo del año pasado, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valparaíso ordenó paralizar los trabajos que se ejecutaban en los estacionamientos del Congreso "mientras no se tenga firmado el compromiso de pago de los derechos correspondientes", indicaba el exalcalde, Jorge Castro, argumentando que existía una deuda histórica desde la construcción del edificio, calculando dicha deuda en mil millones de pesos, monto que en abril de este año, el actual jefe comunal Jorge Sharp, estimó en $ 500 millones, tras conversaciones entre representantes del municipio y del Congreso, anunciando que con ese dinero pretendía comprar el teatro Municipal. Sin embargo, dicha cifra podría ser significativamente menor.

El fiscal del Senado, Javier Norero, detalló que "desde el punto de vista de la ocupación de una calle durante la construcción del edificio, ya está claro que esa deuda no existe. Entendemos que la Municipalidad también lo acepta, nosotros ya remitimos una serie de antecedentes y un estudio que dan cuenta que durante la edificación nunca se utilizó un bien nacional de uso público, como es una calle, por lo tanto, no se generaron derechos por ese concepto, aunque sí se generaron derechos por concepto de las ampliaciones que se han realizado todos estos años".

En ese contexto, explicó que "estamos trabajando con la Cámara de Diputados, coordinados por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y en un plazo máximo, calculo que de aquí a dos meses, ya estaríamos ingresando el expediente a la DOM, para regularizar toda la situación".

Dicho trabajo, agregó, se está haciendo "coordinadamente con la DOM y el MOP, porque hay que recordar que éste es un inmueble de carácter fiscal, nosotros no somos los propietarios, el propietario es el Fisco de Chile, pero ha habido voluntad política por parte de las mesas del Senado y de la Cámara de Diputados, para solucionar este asunto de una vez por todas".

Respecto de quién se hará cargo de la deuda, precisó que "conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de las deudas ocasionadas por lo que es la regularización del edificio, sería por una parte el dueño del edificio, o sea, el Fisco de Chile, no el Congreso". En tal sentido, dijo que "estamos viendo con el Ministerio de Hacienda de dónde van a provenir los recursos para regularizar esta situación. Van a ser recursos fiscales, en todo caso".

Por su parte, el abogado de la Fiscalía del Senado, Claudio Navarro, explicó que "cuando hablamos de deuda por regularización de las obras de construcción del edificio verificadas con posterioridad al edificio original, son de un monto muy menor a lo que se ha señalado en los medios como deuda de ocupación de bien nacional de uso público, que es una especie de deuda histórica que exigió el municipio al Congreso".

El monto que se habló en marzo del año pasado ascendía a 1.000 millones de pesos, lo que, según explicó Navarro, se originó "por una confusión en cuanto a la época en que las antiguas calles Chillán y Deformes dejaron de ser bienes nacionales de uso público. Esto ocurrió en el año 89, cuando se publica la modificación al Plan regulador Comunal que le quita la categoría de bien nacional de uso público a esas dos vías, con lo que pasaron a ser bienes fiscales que se sumaron al paño mayor del antiguo hospital Deformes, por eso no existe esa deuda que históricamente se ha señalado".

Norero sostuvo que "la calle genera derechos en favor de la Municipalidad, porque administra los bienes nacionales de uso público, pero los inmuebles fiscales no los administra, por lo tanto, desde que dejó de ser calle y pasó a ser un bien fiscal, deja de generar derechos en favor de la Municipalidad", lo que ocurrió el 3 de febrero de 1989, cuando se publicó en el Diario Oficial aquella modificación al Plan Regulador Comunal de Valparaíso.

En cuanto a las nuevas ampliaciones que requerirán ambas cámaras con la llegada de nuevos parlamentarios, Norero enfatizó que "no vamos a construir nada si no está regularizada la situación con la DOM, y aseguró que en el municipio "están conformes" y que "la idea es que con la llegada de los nuevos parlamentarios estemos en condiciones de hacer las ampliaciones legalmente, lo que no había pasado nunca".

Este Diario intentó tener una versión del municipio, pero al cierre de esta edición ésta no llegó.