Las cifras son inquietantes y reflejan una realidad presente y creciente en nuestras ciudades: seis de cada diez comerciantes de la zona han sido víctimas de la delincuencia. Esta cifra es una de las más altas del país y afecta directamente a una actividad que en sus diversos rubros es una fuente de trabajo y generadora de tributos. Estos números regionales se incluyen dentro de un estudio nacional donde se encuestaron a 124 negocios del retail, 98 empresas generales, 357 hoteles y restaurantes, y 621 comerciantes menores. El gerente general de Fiscalía Privada, Juan Enrique Suarez, señala que "la mercadería que comercializan los ambulantes proviene de delitos previos". Afirmación que debería ser investigada a fondo hasta llegar al origen de las mercaderías que se venden en las calles, esto más allá de las sanciones y la prohibición del comercio ambulante.
Otra realidad revelada por el estudio es que el 55,8% de los encuestados no denunció el hecho después de haber sido víctima de un delito. Dentro del total, quienes simplemente renuncian presentarse ante la autoridad para requerir alguna acción, está un 68% de los comerciantes minoristas afectados.
Al respecto, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, declara que estos ocurre "porque no ven que su denuncia vaya a tener un resultado efectivo". Añade que los afectados consideran que la denuncia es "una pérdida de tiempo" y un "trámite engorroso". Afirmaciones graves que dan cuenta que las instituciones no funcionan. Concluye Mewes que "la responsabilidad de generar espacios para estar y trabajar tranquilos es del Gobierno y todos sus estamentos y si vamos más allá es también del Ministerio Público y del Poder Judicial".
Estas conclusiones son el reflejo de una realidad que no sólo afecta al comercio en todos sus niveles sino que también a la población en general. Ante esta realidad no cabe el conformismo ni la indiferencia, sino que es necesaria una reacción colectiva de las instituciones, del Ejecutivo y de los legisladores, que deben asumir la seguridad perdida como un problema prioritario para todos los sectores sociales. La reacción supone una efectiva coordinación de servicios de seguridad municipal, policías, Ministerio Público y tribunales y también el perfeccionamiento de las normas legales que muchas veces dejan espacios para la reiteración de delitos que, finalmente, terminan desalentando a emprendedores, como los comerciantes, que no encuentran un mayor respaldo a su importante actividad en la institucionalidad vigente.