Caso Fricke: no cabe la indiferencia
Reiteradas paralizaciones afectan a la salud de los grupos de menores ingresos que se atienden en el hospital viñamarino.
No cabe la indiferencia ante los recurrentes conflictos que afectan al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Inaceptable una situación donde aparecen, objetivamente, rehenes: los usuarios del centro asistencial, los pacientes.
Y esos rehenes pertenecen a grupos de menores ingresos que se atienden en el sistema público de salud que, por otra parte, se financia con recursos de todos los chilenos.
En estos momentos están en marcha obras destinadas a modernizar el hospital viñamarino, alta inversión en construcciones y equipos que, sin embargo, no significará mejor atención si quienes están a cargo de hacer funcionar esa compleja maquinaria están en permanente conflicto, con medidas de presión que afectan el normal funcionamiento del establecimiento.
El conflicto actual se origina en un descuento de remuneraciones a trabajadores que paralizaron sus funciones con diversos pretextos, siempre los hay. Este personal, la entidad que los agrupa, no aceptan el lógico concepto de "si no hay trabajo, no hay pago", y presionan con otra paralización.
Ante esta reiteración, jefes de servicios y parte de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Químicos Farmacéuticos del establecimiento han repudiado "las violentas manifestaciones de protesta por parte de un grupo minoritario de funcionarios… que han entorpecido el normal funcionamiento de nuestra institución". Afirman, con razón, que "nuestros usuarios no son merecedores del deterioro de la atención". Concluyen que ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones para terminar con el paro "la única alternativa es hacer lo que dicta la ley".
Tras esta conminación, la directiva de la Federación de Trabajadores de la Salud lanza variadas acusaciones contra los médicos y los directivos del hospital y afirman que si se busca cumplir la ley "deberían echarnos a todos los 200 trabajadores".
¿Se hará cumplir la ley? No hay que ser ilusos. Despachar a 200 funcionarios de un gremio de la salud pública del país no está los manuales ni en los protocolos de los mandos políticos que controlan el sistema.
Y eso lo tienen perfectamente internalizado dirigentes y funcionarios de la Salud y concretamente, en propiedad, los "movilizados" del hospital viñamarino.
¿Y qué pasa con los usuarios? Gran pregunta sin respuesta mientras corren días y semanas y aumentan los tiempos de espera, se agravan las enfermedades y se producen fallecimientos que podrían evitarse.
Insistimos, no cabe la indiferencia, está en juego un bien superior que es la vida y es obligación de la autoridad, como responsable del bien común, actuar con decisión dejando de lado la calculadora política instrumento de moda en estos tiempos electorales.