Desde 2010 que Chile funciona con un sistema de salud declarado inconstitucional por discriminar por sexo y edad: las Isapres.
Y lo cierto es que no sólo discrimina por sexo y edad, como lo señala el Tribunal Constitucional, sino que además discrimina por condiciones de salud (preexistencias, cautividad) y por ingresos económicos de las personas (sólo el quintil más rico de la población tiene acceso potencial al sistema de aseguramiento privado con fines de lucro). El actual gobierno finalmente no pudo estructurar un proyecto de ley en este sentido.
La propuesta de mayoría generada de la Comisión Asesora Presidencial que funcionó en 2014, trazó un camino para dar una solución estructural a la fragmentación de los sistemas de aseguramiento de la salud en Chile. En ella se recuperan y fortalecen los principios de la seguridad social, muy especialmente el de la solidaridad en dos dimensiones: "interna", vale decir, entre beneficiarios/as de las Isapres; y "externa", entre todos los chilenos/as, a través de la creación, a largo plazo, de un Fondo Mancomunado Universal al cual concurre la cotización obligatoria del 7% de toda la población.
Desaparecerán así las discriminaciones por condición de salud (se ingresa al sistema de seguridad social sin examen de salud previo), edad y sexo; manteniéndose, en el periodo de transición para la instalación del nuevo sistema, sólo la discriminación económica (a través de tres primas universales diferenciadas para ingresos altos).
Se deja a la industria de seguros con un espacio específico en la venta de seguros complementarios para la gente que los pueda y quiera pagar (más allá del 7% obligatorio y solidario).
La propuesta del precandidato Sebastián Piñera implica mantener los pilares de la privatización de la seguridad en salud: discriminación para poder "descremar" el mercado ("asegurar" preferentemente a los más jóvenes, más sanos y más ricos); falta de solidaridad total con el resto de los chilenos/as; mantención del aumento discrecional de los precios y aumento de la consiguiente judicialización.
Esperamos que el nuevo gobierno de centroizquierda o de izquierda, tome las recomendaciones de esta Comisión Asesora y envíe un proyecto de ley urgente al Congreso para que la situación de inconstitucionalidad, de discriminación, de fragmentación, de falta de solidaridad, con la consecuente inequidad en los resultados sanitarios y en el impacto financiero de los bolsillos de las familias chilenas, sea modificada a través de la implementación de esta gran reforma pendiente, la cual realmente nos acercaría a ser un país más solidario e igualitario.
Mario Parada Lezcano
Exmiembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud