Katherine Escalona M.

Después de más de dos horas de lectura del veredicto, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable a Sebastián Rojas Salas, exfuncionario de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, del delito de estafa reiterada.

En 37 casos, el tribunal consideró demostrado que Rojas Salas se valió de su condición de trabajador municipal en el Departamento de Abastecimiento para estafar a personas que buscaban adquirir departamentos a bajo costo, operación por la cual recaudó más de $ 600 millones, aunque las unidades inmobiliarias eran ficticias.

Rojas Salas también fue encontrado culpable del uso malicioso de instrumento mercantil al utilizar un cheque de una tercera persona.

Pese a que la Fiscalía presentó acusación por 60 víctimas, el Tribunal viñamarino sólo dio por acreditados 37 hechos, puesto que no se pudo comprobar la participación del exfuncionario en el resto de las denuncias.

"Los delitos que no se pudieron tener por acreditados, en los cuales la Fiscalía no pudo aportar pruebas, se deben a dificultades que se tuvo para ubicar o hacer comparecer a las víctimas", afirmó el fiscal Patricio Toro.

Esto, porque, según explicó el persecutor, el juicio tuvo que ser suspendido este año por el estado de salud del principal imputado de la causa.

En abril, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpables por la misma causa a la exfuncionaria municipal Polonia Contreras, quien participó en dos hechos de estafa, a Patricio Valderrama, quien se hizo pasar por un falso abogado para reforzar la defraudación, y a Benigna Castro, en calidad de cómplice, por haber facilitado documentación en la Notaría Veloso.

Estas tres personas, de acuerdo al tribunal, participaron con Rojas Salas en la estafa de ventas de departamentos ficticios a través de subsidios, venta directa y remate público.

Este caso es uno de los más importantes que investigó durante más de un año la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, que también indaga la posible defraudación del expresidente de la Bolsa de Valores, Carlos Marín Orrego, quien cumple arresto domiciliario por su condición de salud.

En la audiencia de lectura de veredicto de Rojas Salas, la Fiscalía y la Defensa expusieron los argumentos para la solicitud de pena que será resuelta el 31 de mayo por el tribunal.

El persecutor, Patricio Toro, afirmó que "la Fiscalía planteó una pena de 12 años de privación de libertad considerando la extensión del mal causado a las víctimas".

A esto agregó la petición de 3 años por la existencia de un segundo delito. "Hay un segundo delito único, no reiterado, que consiste en la utilización de un cheque por pago de servicios efectuado por un tercero a favor de Sebastián Rojas Salas y por lo cual la Fiscalía solicitó la pena de 3 años y un día. Ese delito finalmente igual se tuvo por acreditado", recalcó el fiscal.

En tanto, el defensor de Rojas Salas, Marco Martínez, postuló en la audiencia que su defendido tiene irreprochable conducta anterior y prestó colaboración en la investigación, por lo cual solicitó una rebaja de las penas.

Pese a la determinación de culpabilidad de Rojas por parte del tribunal, el caso aún no está cerrado porque falta ver la arista de las facturas falsas de la Municipalidad de Viña del Mar.

"La arista de las facturas de la Municipalidad de Viña del Mar está vigente. Ya concluida esta parte de la investigación en relación a la estafa, esa arista adquirirá una mayor celeridad y una resolución, pero está aún vigente y dirigida también contra el imputado Sebastián Rojas", aseveró el fiscal Toro.

Además, no descartó que por esa investigación pueda haber nuevas formalizaciones.

Sobre qué pasó con el monto defraudo, el fiscal explicó que tras la investigación no se pudo establecer el destino del dinero, por lo que las víctimas ahora, después de la lectura de sentencia, podrán seguir las acciones civiles correspondientes.

"La información concreta nunca la ha dado el imputado respecto del destino de esos fondos -si bien prestó declaraciones ante la Policía de Investigación (PDI), la Fiscalía y luego en el juicio oral-, no aporto ningún antecedente concreto del destino de los mismos, de la ubicación de los mismos", aclaró Toro.

Precisó que "la Fiscalía hizo numerosas diligencias en torno a la búsqueda, procurando el hallazgo de esos fondos a través de cuentas personales del imputado Sebastián Rojas, cuentas de coimputados asociados también a este caso, no pudiendo detectarse la existencia de ello. Las cuentas finalmente terminaron con saldo cero. En consecuencia, no se pudo lograr la ubicación o la recuperación de los dineros que afectaron a tantas víctimas.

"Hay un segundo delito único, no reiterado, que consiste en la utilización de un cheque por pago de servicios "

Patricio Toro, Fiscal"