En su precioso capítulo titulado El viaje final de los caballeros del mar, incluido en el libro Prat, editado por la Armada hace dos años, la historiadora Marcela Bañados Norero levanta un formidable reconocimiento a los escuderos del héroe de todos los héroes. Entre ellos, los que se cubrieron de gloria a cambio de un detalle no menor como fue la entrega de sus vidas por la Patria, están el teniente Ignacio Serrano y el sargento Juan de Dios Aldea, quienes secundaron a Prat en el abordaje más famoso de la historia del Océano Pacífico. Se agrega a ellos el noble y heroico capitán peruano del Huáscar, Miguel Grau, quien tuvo la grandeza de desembarcar los cuerpos de Prat y Serrano para su cristiana sepultura.

Según sus lecturas, Bañados narra que el director de la Compañía Española de Bomberos, Eduardo Llanos y Álvarez, y el presidente de la Sociedad Española de Beneficencia de Iquique, Benigno Posada, fueron quienes amortajaron los cadáveres y pagaron los 83 soles que costaron sus sepulturas en el cementerio n°1, evitándoles la ignominia de ir a dar a una fosa común. Los cuerpos fueron depositados en dos ataúdes, fabricados con la madera de las embarcaciones destruidas en la batalla. El carretón que los trasladó fue una gentileza gratuita de un tendero italiano.

Sólo en 1881, cuando Iquique era chileno, los restos fueron trasladados a la Iglesia de la Inmaculada Concepción (la misma que años más tarde sería la Catedral), la cual tras un incendio vio partir a los héroes al sótano de una casa comercial de calle Bolívar. Luego volvieron a la remozada Catedral, hasta que en 1888, junto al bueno de Aldea, rescatado de una fosa común nortina, llevaron a cabo su último y definitivo viaje, esta vez al Monumento a los Héroes de Iquique de Valparaíso.

Quien primero habló de ello, dicen, fue el director de liceo local, Eduardo de la Barra, cuya idea fue secundada por el intendente Eulogio Altamirano ("Es necesario que Prat renazca al lado de Cochrane, en una estatua de bronce") y respaldada en Santiago por Benjamín Vicuña Mackenna.

Cuenta Bañados que Llanos y Álvarez decidió regresar a vivir sus últimos años de vida en España, país en el cual cualquier buque de guerra chileno que recalaba en sus costas, se preocupó de enviar una delegación hasta su casa para agradecerle y darle los honores correspondientes por la "deuda de honor" que el pueblo chileno sostenía, y hasta hoy sostiene, con él.

Al final del día, y esto puede ser un juicio aventurado, los mejores héroes terminan siendo los héroes trágicos, aquellos que entienden que, a veces, honor y grandeza no van de la mano de las luces, sino que de la noche más oscura.

Es hermosa nuestra historia y para dar en una narración a nuestros hijos la llamarada del heroísmo, no necesitamos recurrir ni a Grecia, ni Roma, si Prat fue toda Esparta, escribió con grácil pluma una discreta profesora de apellido Godoy nacida en Vicuña. Pocos años más tarde sería ella quien no arriara las banderas de la gloria y de aquello tan parecido a la inmortalidad.

Los cambios que necesitamos en los instrumentos de financiamiento e institucionalidad, así como el fortalecimiento de la educación pública, son tareas urgentes y estructurales. Pero todo ello, aun cuando se lograra en óptimos niveles, no es todo lo que tenemos que hacer respecto de nuestro sistema educativo. Incluso podría servir de poco si no acompañamos tales cambios de una deliberación tan profunda como serena acerca del sentido de la función educacional, sea que la lleven a cabo instituciones públicas o privadas. Me refiero a la otra reforma, la que debe acontecer en el proceso formativo, que depende algo menos del sistema político y mucho más de nuestras capacidades intelectuales y responsabilidad cívica.

Martha Nussbaum, profesora de ética y derecho en la Universidad de Chicago, sostiene que la educación orientada principalmente a obtener beneficios económicos está desplazando a la educación para la ciudadanía, que la marginación de las humanidades y las artes de los programas de enseñanza menoscaban la formación del pensamiento crítico, la empatía y la comprensión del otro. Si esta tendencia se prolonga se producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en vez de formar ciudadanos con la facultad de pensar por sí mismos, de valorar al prójimo y de comprender los logros y sufrimientos ajenos. En su libro Sin fines de lucro, esta académica estadounidense llega a decir que la democracia a escala mundial pende de un hilo.

La educación que progresivamente prescinde de las humanidades y las artes, de la formación en valores y virtudes, para terminar concentrándose en la mera transmisión de conocimientos técnicos o científicos, o privilegiando competencias profesionales o laborales, precisamente lo que Nussbaum llama "educación para la renta", es el camino más seguro para vaciar de sentido a la democracia y a las instituciones. Es una destrucción silenciosa e imperceptible, incluso para quienes la promueven motivados por el crecimiento económico, la disminución del gasto público y la ortodoxia de reducir la pertinencia educacional a la utilidad material.

Aunque no sea fácil de explicar o de comprender, en el largo plazo es mucho mejor formar personas que sepan pensar por sí mismas, capaces de autorregularse desde su propio acervo normativo, antes que preferir la vulgaridad de concebir la educación como mera instrucción y capacitación. Ello contribuirá, sin duda, a la formación de sociedades más deliberativas y críticas, pero también más productivas y pacíficas. Por su parte, las economías también requieren antes de virtudes que desarrollen la creatividad, los hábitos y la disciplina como dimensiones normativas autónomas del individuo. La habilidad técnica siempre es más fácil de adquirir.

Es en la articulación de cultura, sociedad y economía donde podemos hallar el método más eficaz para tener instituciones democráticas estables y desarrollo económico sustentable, sin depender de modo tan previsible de factores externos o naturales. La deliberación pública sobre el sentido de la educación debe iniciar desde ya esta reflexión, porque esta otra reforma es tan o más importante que la que se tramita en el Congreso Nacional.

Aldo Valle

Rector Universidad de Valparaíso

A paso lento comenzó la tramitación del proyecto de reforma al actual capítulo XV de la Constitución que busca viabilizar la citación a una Convención/Asamblea Constituyente. El proyecto cambió completamente -y sin explicación alguna- el itinerario dado por la Presidenta Bachelet en octubre de 2015. En ese instante, se le dijo al país que sería el actual Congreso el que debía habilitar al siguiente para que fuera en dicha próxima legislatura -elegida sin binominal- la que decidiera entre 4 alternativas la fórmula en que se discutiría el proyecto de nueva Constitución. Eso implicaba, desde luego, que el Gobierno debía enviar un texto a partir de las bases ciudadanas (recogidas a partir de una paupérrima participación de 200 mil personas en los cabildos y encuentros locales en todo el país).

Nada de eso ocurrió. El Gobierno, en vez de eso, prefirió enviar un proyecto de reforma que transforma el futuro del proceso en una completa indefinición. Una vez que se apruebe la idea de Convención Constituyente el Ejecutivo enviará un segundo proyecto de ley para regular la integración y el funcionamiento de dicha convención, la cual debe entregarle al Presidente un nuevo texto el cual deberá ser sometido a plebiscito con voto obligatorio (sin participación legislativa ni del Congreso ni del Presidente de la República).

Es claro que el Gobierno no quiere entrar a la discusión de fondo, sino que prefiere mantenerse en el eje del mecanismo de reforma más y no entrar en los contenidos constitucionales. La maniobra es tan obvia como burda: como nunca ha tenido la Nueva Mayoría acuerdo en ningún tema de fondo es mejor mantenerse en la consigna: "Nueva Constitución". Pero ¿Cuál constitución? ¿con qué tipo de Estado? ¿con qué Derechos personales y sociales? Mejor es no entrar en ello. Ya hay demasiado fuego amigo al interior para seguir incendiando la pradera.

De esta forma, el Gobierno se propone asimismo una solución política obvia: como sabe que no cuenta con la alta mayoría que su propio proyecto requiere (2/3 de los Senadores y Diputados en ejercicio para aprobar la Convención), tratará de mantener unida esta consigna hasta lo más cercano que pueda a las elecciones, traspasándole así el costo a la oposición de "que gracias a ella seguimos anclados en una constitución que es ilegítima."

Esto demuestra el fracaso en el error de diagnóstico que propuso el Gobierno desde la primera hora: las personas no se lanzaron en masa a participar de los cabildos y encuentros locales y, los que lo hicieron, lo hicieron a partir de posiciones ponderadas. Es por esto que las bases ciudadanas no mostraron nada que reafirmaran la postura que la nueva Constitución fuere una demanda social como lo intentaron modelar tantos profesores e intelectuales de izquierda. Una vez más, el diagnóstico político chocó con la realidad.

Este es quizás el mayor triunfo del perfeccionamiento democrático de los últimos 25 años: que la legitimidad del actual texto constitucional sea parte del sentido común de los chilenos. Por esto cabe preguntarse: ¿alguien aún cree en la nueva Constitución?

Máximo Pavez

Director Legislativo Fundación Jaime Guzmán