En una concurrida actividad universitaria, que en cualquier otra circunstancia seguramente pudo haber pasado perfectamente desapercibida, se celebró ayer en el campus Viña del Mar de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) la creación de un inédito Observatorio Regional de Transparencia, que será liderado por el Consejo para la Transparencia (CPLT, una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y presupuesto propio, creada tras la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en 2009) y la Escuela de Trabajo Social de la citada universidad privada, la más grande del país, y que sólo en su sede viñamarina cuenta con diez mil alumnos.
En la presentación pudieron escucharse dos lúcidas ponencias: la primera, del vicerrector de la UNAB, Jorge Martínez Durán, quien se refirió a aquella tercera obligación universitaria planteada por Ortega y Gasset en su célebre texto "La misión de la Universidad", publicado en 1930, de no sólo educar para formar profesionales e investigar en las profundidades de la ciencia y el humanismo, sino expandir sus virtudes (los estudiosos de Ortega y Gasset la llaman "la faceta cultural") y conseguir influir -en el buen sentido- en la sociedad, detectar los problemas y plantear las soluciones adecuadas al entorno inmediato.
Hoy, con meridiana claridad, la UNAB hizo su diagnóstico sobre una faceta particular de la sociedad (no por evidente deja de ser tremendamente oportuno y valiente) en relación a las opacidades que se ciernen sobre las confianzas en las instituciones no sólo públicas, sino también privadas, y la difusión de las herramientas que permitirán al ciudadano de a pie exigir mayores grados de cumplimiento y transparencia.
Así, en tanto el flamante Observatorio deberá cautelar porque se cumpla la citada ley (tarea no menor), estará también dedicado a promover el derecho ciudadano al acceso a la información (incluyendo su propia organización, detalle no poco relevante), la formación de docentes y la creación de cursos y temas de investigación relacionados, apuntando a lo que el director general del Consejo Raúl Ferrada (ver entrevista en la página 8 de la edición de hoy) llama "una cultura de la transparencia".
Datos duros sobre la mesa: si el último Estudio Nacional de Transparencia del CPLT asegura que el 89% de los habitantes de la Región de Valparaíso cree que los actos de corrupción que se registran en Chile quedan impunes, es que algo no anda bien por estos pagos.