Cristián Rodríguez F.

Una rápida acogida en las autoridades tuvo la diligencia efectuada esta semana por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Limache, quienes denunciaron que 14 ciudadanos de nacionalidad haitiana se encontraban con sus papeles vencidos y trabajaban de manera ilegal en un predio agrícola de la comuna de Olmué.

A primera hora de ayer, la institución policial acudió a la Gobernación de Marga Marga para ingresar la denuncia en contra de los ciudadanos por contravenir la Ley de Extranjería (se encontraban realizando labores remuneradas con visas de turista), pero también en contra del empleador por una infracción al Código del Trabajo al mantener a los inmigrantes sin un contrato legal.

Tras ello, la PDI se reunió con el gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, y el jefe provincial de la Inspección del Trabajo, Claudio Ibaceta, quienes acordaron focalizar las futuras inspecciones a las empresas que, dado su rubro, podrían estar operando con extranjeros de manera ilegal.

Lo anterior, considerando que el miércoles se recibió una nueva denuncia anónima, esta vez en contra de una empresa de áridos de Peñablanca, en Villa Alemana. Tras la inspección, no se encontró a ningún funcionario en el lugar ni tampoco a los empleadores, por lo que se sospecha que fueron advertidos de manera previa.

La localización y el rubro de ambas empresas, sin embargo, no serían una coincidencia. Según comentaron las autoridades, los migrantes se estarían desempeñando en trabajos de tipo mano de obra, específicamente en el sector de la agricultura y la construcción, que se presentan en mayor medida en la zona interior.

"Se van a agudizar las fiscalizaciones. Desde 2015 a la fecha hay un plan establecido, que a contar de ahora se ampliará y se hará de manera más exhaustiva. La PDI ya tiene antecedentes de posibles casos similares en otras comunas de la Provincia de Marga Marga, por lo que le pedimos que hiciera un trabajo en conjunto con la Dirección del Trabajo", sostuvo el gobernador Cárdenas, agregando que los detalles de las futuras fiscalización no se pueden dar a conocer "para no afectar el trabajo de la PDI y de los inspectores".

En tanto, a la salida de la reunión el inspector provincial de Marga Marga precisó que "dentro de este plan regional de fiscalización que tenemos vamos a comenzar también una acción coordinada con la PDI para asistir a los predios de la provincia y la región".

Frente a ello, la seremi del Trabajo de Valparaíso, Karen Medina, agregó que las fiscalizaciones -y también la difusión respecto al trabajo de los inmigrantes- se ampliará al resto de la región. Esto, tomando en cuenta que la presencia de extranjeros ha ido aumentando de manera equilibrada en el resto de las provincias.

"Hay un compromiso en esta gestión regional para promover, con una coordinación intersectorial, el cumplimiento a la normativa laboral para los ciudadanos extranjeros. Tenemos programas de fiscalización separados en distintas áreas. En el último tiempo he recibido denuncias más vinculadas al sector gastronómico, y lo que estamos haciendo es poner en mayor relevancia la fiscalización", dijo la seremi, comentando además que prontamente realizarán un seminario en Marga Marga en conjunto con las empresas.

Si bien en la detección de un trabajo ilegal ambas partes son infraccionadas, las autoridades aseguraron que el foco de las fiscalizaciones estará en resguardar el derecho "a un trabajo digno" por parte de los ciudadanos extranjeros.

En esa línea, el jefe regional de la Dirección del Trabajo, Jorge Andreucic, comentó a este Diario que "nosotros no hacemos ninguna distinción de nacionalidad, todos son trabajadores". Sin embargo, un punto sobre el cual hizo referencia es a las bajas denuncias que reciben.

"Por una cuestión lógica la empresa no lo hace, y el trabajador tampoco por miedo a perder su trabajo. Por eso el llamado que nosotros hacemos es que los trabajadores sí se atrevan a denunciar cualquier tratamiento que no se ajuste a derecho. Ellos deben sentirse acogidos por la autoridad laboral, que somos nosotros. Porque en ningún caso la idea nuestra es desincentivar la contratación de extranjeros, sino al contrario, que las empresas cumplan la ley al igual que con el resto", dijo Andreucic, quien agregó que en los últimos meses han detectado dos casos más, específicamente en Casablanca y San Antonio.

Según explicó el jefe de la Bicrim de Limache, subprefecto Juan Ramírez, en el caso de Olmué no se configuró el delito de trata de persona, puesto que todos los extranjeros tenían en su poder sus papeles y no se les prohibía su desplazamiento. El delito, agregó, ocurre en el caso de que las personas sean sometidas a realizar un trabajo y no se les cancele con dinero.

"Se van a agudizar las fiscalizaciones. Hay un plan establecido, que ahora se ampliará y será más exhaustivo"

Christian Cárdenas, Gobernador de Marga Marga"