La situación que vive hoy la tradicional Casa de Italia de Viña del Mar, ad portas de ser demolida para construir en ese terreno de calle Álvarez una torre y un centro médico, puede ser calificada como el gran mal que sufre todo inmueble que en algún momento entra en la categoría para ser considerado como Monumento Histórico de una ciudad o un país. ¿Cuáles son las herramientas y recursos que entrega el Estado para el cuidado del patrimonio cuando éste es privado?

No cabe duda alguna que la historia de una ciudad está construida, en parte, por su arquitectura y las características de sus inmuebles más antiguos. Por ahí también pasa la identidad de una localidad e, incluso, el perfil y calidad de vida de sus habitantes. Ejemplos hay muchos, sólo basta ver qué pasa en ciudades como Roma, Praga o barrios patrimoniales en distintas ciudades del mundo que han definido como política el cuidado de su entorno y la preservación de éste.

Sin embargo, lo anterior es el mundo ideal, ese donde el Estado es un actor relevante en la promoción patrimonial y, por sobre todo, en la entrega de recursos y normas para su cuidado. Es cosa de dar una vuelta por el barrio fundacional de Valparaíso, donde se da la disyuntiva que si el privado no invierte es poco lo que se avanza. Esto, producto de que no existe un real respaldo público hacia la protección de aquellos inmuebles que son parte de la historia de la ciudad.

Similar situación se vive con la Casa de Italia. Es difícil encontrar alguien que esté de acuerdo en destruir esa parte del pasado de Viña del Mar (como ya ha pasado con la mayoría de los inmuebles históricos de la comuna), pero qué rol juega el Estado en este tema. ¿Los dueños de dicho inmueble deben quedarse de manos cruzadas frente a una declaratoria del Consejo de Monumentos y perder así una eventual rentabilidad al vender el terreno? ¿Por qué el privado debe asumir ese costo?

Hoy vemos autoridades reclamando por esta posible destrucción del inmueble de calle Álvarez, pero ninguna de ellas entrega una solución para la mantención de la casa (que deberá asumir el privado) ni menos aún la posibilidad de entregar recursos para su compra y transformar, por ejemplo, el lugar en un punto turístico de la ciudad.

El caso de la Casa de Italia debe ser mirado más allá del hecho puntual en el que está enfrascado hoy. Debe ser, quizás, el inicio de un debate serio sobre qué es lo que queremos como país respecto de nuestro patrimonio y cómo se enfrentará en un futuro situaciones donde el interés público de preservar un inmueble esté en contradicción con un legítimo interés privado.

Desde hace un tiempo, Chile se encuentra trabajando en un sistema educativo que busca mejorar la calidad y que sea inclusivo e integrador. Esta tarea es una exigencia ética y moral con los más desposeídos en procura de la justicia social y profundización de la democracia. Para los que formamos parte de la Federación de Instituciones de Educación (FIDE) y especialmente para quienes tenemos la responsabilidad de su conducción, ser fiel a la misión institucional, implica examinar el diseño y prestar atención a la implementación de las políticas públicas que se están poniendo en juego. Ese "prestar atención" exige, además, juzgar crítica y constructivamente, a la luz de nuestros valores y principios, dichas políticas.

Cumpliendo ese rol podemos afirmar que frente a este proceso de reforma, FIDE, si bien reconoce el beneficio de los propósitos de la mal llamada Ley de Inclusión, ha asumido públicamente una postura crítica frente a la mayoría de sus contenidos, los que a nuestro juicio han causado un daño irreparable a la educación particular subvencionada. Las excesivas y complejas regulaciones a la gestión financiera, administrativa y educacional ponen en riesgo la misión principal de los directivos educacionales en procura de una educación de calidad que resulte inclusiva e integradora.

Las disposiciones de la nueva legislación obligará a los sostenedores a una compleja toma de decisiones, como el término de giro y cierre, mantenerse como establecimiento subvencionado o transformarse en pagado, asumir nuevas formas jurídicas de organización, adquisición, arriendo de propiedades o comodatos, todas ellas asociadas a estudios que requieren asesoría jurídica y financiera, muchas de alto costo que restarán recursos a la gestión propiamente educativa.

Pero no sólo sostenedores y directivos deberán afrontar serios problemas. Sus docentes han sido discriminados, con un ingreso tardío y carácter gradual a la carrera docente, que se extiende hasta el 2026. Asimismo, nos asiste el temor respecto de la instalación de un sistema de financiamiento diferenciado para la educación pública que vaya en detrimento de la educación particular subvencionada.

Junto con hacer un llamado a la unidad de nuestro sector para hacer una sólida defensa de nuestros principios, solicitamos a las autoridades que, apartándose de la obcecada inspiración ideológica que ha caracterizado a las políticas públicas, examinen con detención el sentido de lo obrado, para hacer las lógicas y necesarias correcciones que nos permitan hacernos cargo de lo que Chile necesita.

Guido Crino T.

Pdte. de la Federación de Instituciones de Educación (FIDE)