Julio Leiva Molina (57 años) pasó gran parte de su infancia en Los Ángeles, Región del Biobío. Como bien dice en la entrevista concedida hoy al suplemento Domingo de este diario, viene de esa parte del mundo en la cual no existe el mar. Cuentan que llegó a la Escuela Naval Arturo Prat con poco más que el sueño de una carrera al alero de la que quizás sea la más prestigiada de las Fuerzas Armadas. Mal no le fue: consiguió graduarse en 1980 como guardiamarina, en 1985 como especialista en Ingeniería Naval Electrónica; y en 1996 como Oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval. Ello, en conjunto con un buen puñado de distinciones académicas (Administración de Empresas en la PUCV; curso de Operaciones para Mantención de Paz en Halifax, Canadá; y curso de Planificación Operacional en HMS Dryad, Inglaterra) hablan del profesionalismo de un marino que también puede preciarse de haber servido en los destructores Portales y Williams, el DLH Blanco Encalada, el ATF Janequeo y el B.E. Esmeralda; además de haber ostentado el mando de la LM Teniente Uribe, la LST Rancagua, la FF Almirante Cochrane; y haber sido jefe de Estado Mayor de la Escuadra.

Su lado "terrícola" lo ejerció en el grupo de proyectos de la Dirección de Investigación, Programas y Desarrollo de la Armada, como Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico de la Dirección de Educación, también como Oficial Logístico de la Fuerza Chilena en las Operaciones de Mantención de Paz en Haití, en el Comando de Operaciones como Oficial de Operaciones; y en 2010 como su Jefe del Estado Mayor.

Fue investido Comodoro en 2010, Contraalmirante en 2011, Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval en 2012; Jefe de la Defensa Nacional como respuesta al megaincendio de Valparaíso en 2014 y Vicealmirante en 2015.

Desde hoy Julio Leiva Molina será el nuevo Comandante en Jefe de la Armada y tendrá el grado de Almirante, distinción tremendamente merecida y que le otorga al país la tranquilidad de que esta vez -en boca de los suyos y de forma unísona- fue elegido el mejor de los mejores. Leiva promete continuar la valiente y exitosa senda liderada por su cuñado, el almirante Enrique Larrañaga, quien hoy deja su uniforme con los máximos honores que pueda dispensarle la República, tras haber enfrentado -de frente y sin vacilaciones- algunas de las situaciones internas más complejas del último tiempo en sus filas.

A propósito, escribe el gaditano Rafael Alberti, en su libro Marinero en Tierra un luminoso poema titulado Sueño del marinero, en el cual marca una suerte de, más que nostalgia, saudade, por el mar de su Cádiz natal, representado por una visión de niño sobre diversos elementos que conforman su particular universo: mar azul, espuma, barcos velas, marineros nostálgicos.

Quizás lo que sienta hoy el Almirante Leiva sea algo muy parecido al goce del niño que consigue alcanzar aquella cima que ni siquiera pensó ser digno de escalar.

Los primeros 24 años de nuestra actual democracia, de 1990 a 2013, han sido los mejores de nuestra historia. Con gobernantes de centro-izquierda, centro y centro-derecha, Chile consiguió instalar y mejorar sus instituciones democráticas y alcanzar progresos económicos y sociales notables. Hubo momentos menos luminosos, especialmente durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y el primero de Bachelet. Pero, gracias a reformas graduales pero incesantes y generalmente sensatas, la economía creció a un promedio anual del 5,2%; según la metodología tradicional de medición, la pobreza cayó del 39% al 8%, la pobreza extrema lo hizo del 13% al 2,5% e incluso la desigualdad de ingresos, a pesar de un rebote a 0,58 en el período de Frei, bajó de 0,56 a 0,52 en el índice de Gini. Quien afirme que ese fue un tiempo de mera preservación del status quo, como diría Alberto Mayol, no entiende nada.

El último gobierno de esa serie, el de Piñera, con el que colaboré, está entre los que logró mejores resultados. La economía creció al 5,3% anual -la marca más alta de los cuatro gobiernos del siglo XXI-; según la nueva metodología de medición, la pobreza se redujo del 25% al 14%, la extrema del 10% al 4,5% y la desigualdad de 0,50 a 0,49.

Los avances de nuestro mejor cuarto de siglo hicieron visible, sin embargo, lo mucho que nos queda para alcanzar un nivel de vida satisfactorio y, en particular, la asimetría de oportunidades que impide una real meritocracia y las graves carencias que subsisten en ámbitos como educación, capacitación laboral, salud y pensiones. En línea con la tendencia mundial posterior a la Gran Recesión que estalló en 2008, la insatisfacción ciudadana surgida abrió una oportunidad para que vetustos populismos volvieran a ofrecerse como alternativa al reformismo liberal y socialdemócrata.

Bachelet nos hizo tragar algunas dosis de esa añeja pócima en estos años y los resultados deberían ser suficientes para convencernos de no reincidir ni mucho menos acrecentar la cantidad prescrita. La economía crecerá a un promedio anual en torno al 1,9%. La pobreza, que con Piñera disminuyó 11 puntos, durante los primeros dos años de Bachelet bajó sólo 2,7 puntos. Y la reducción de la desigualdad, que en ese último lapso pasó de 0,49 a 0,48, no muestra aceleración. Esto tiene que ver, en parte, con la declinación del precio de materias primas como el cobre. Pero la comparación con países que enfrentan ese mismo problema permite concluir que también tiene mucho que ver con unas reformas que, con pocas excepciones, han sido económicamente asfixiantes y socialmente regresivas.

Las elecciones presidenciales de este año son de máxima importancia. Beatriz Sánchez y Mayol ofrecen un incremento de la dosis populista hasta niveles probablemente cercanos a lo letal, Guillier la continuación de la receta de Bachelet y Ossandón su sustitución por otra vagamente trumpiana. Y todos ellos son garantía de incompetencia gubernativa. A mi juicio, la opción de un nuevo reformismo sensato y competente está representada, por ese orden, por Felipe Kast, Piñera y Goic. Y sólo uno de ellos, Piñera, parece en condiciones de mantener su nombre en las papeletas de sufragio hasta diciembre.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso

El pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido en 2011 por la Asamblea General de Naciones Unidas para expresar la oposición a los abusos y maltratos infligidos a las personas mayores. En los últimos años, esta fecha conmemorativa se ha transformado en una oportunidad para preguntarnos cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad de garantizar un buen trato a la población mayor.

Si bien existe escasa información sobre el maltrato a las personas mayores en Chile, hay dos estudios que pueden poner en contexto esta vulneración de derechos. El primero fue realizado en la Región de Valparaíso en 2012, por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), que identificó los maltratos más comunes: 35,3% de las personas mayores de 60 años declaró haber sufrido alguna vez maltrato psicológico, 9,2% negligencia en el cuidado y 8,3% abuso patrimonial.

El estudio concluyó que el maltrato psicológico apuntaba principalmente a privar de autonomía al adulto mayor, a través de acciones de control tales como sobreprotección e infantilización, impidiendo que lleven a cabo tareas y tomen decisiones de manera independiente. En el caso de la negligencia en el cuidado, se vinculaba en general a adultos mayores en situación de dependencia, es decir, personas que presentan disminución o ausencia de la capacidad para efectuar las actividades de la vida diaria. Este tipo de maltrato se manifestaba en la falta de alimentación en el horario adecuado y el descuido en su higiene.

Sobre el abuso patrimonial, más del noventa por ciento de los casos habían sido cometidos por alguien que mantenía un vínculo familiar con la persona mayor. Este tipo maltrato implica la explotación de dinero o bienes de las personas mayores, así como el bloqueo de acceso a estos.

EL segundo estudio corresponde a la IV Encuesta Calidad de Vida en la Vejez 2016, que obtuvo datos relevantes respecto de esta realidad, en muchas ocasiones normalizada. Según la encuesta, el 20,9% de las personas consultadas indicó haber sentido malos tratos en los servicios públicos o municipios por el solo hecho de ser mayor, mientras que el 10,6% afirmó haber sido sometido a maltrato por parte de su familia.

Una de las causas del maltrato y abuso a esta segmento de la población, ya sea en la familia, comunidad o a nivel institucional, tiene relación con los estereotipos negativos en torno a la vejez y a la imagen social poco valorada de las personas mayores. Aún predominan prejuicios asociados a la pasividad, enfermedad, fragilidad y subordinación, cuando en la actualidad las personas de edad avanzada demuestran cada vez mayor participación e interés por mantenerse saludables y activas.

Nuestra primera responsabilidad como sociedad es comenzar a cambiar la mirada negativa hacia las personas mayores, concebirlos como actores fundamental de la comunidad, que aportan desde su experiencia y crecimiento personal. Cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a que el buen trato es un derecho de las personas mayores y como tal, cada uno de nosotros es responsable de garantizarlo.

Viviana García Ubillo

Directora ejecutiva Gerópolis UV