Las imágenes de apoderados haciendo filas interminables para conseguir un cupo o del cambio de algunos colegios subvencionados a particulares han generado dudas sobre los efectos que tendría la Ley de Inclusión. Desde Educación 2020 hemos hecho un esfuerzo por despejar estos mitos y en esta ocasión queremos explicar por qué las filas no tienen ninguna relación con la Ley de Inclusión.

Entonces, si la Ley de Inclusión no generó las filas, ¿qué sucedió? Algunos colegios decidieron a partir de este año no pedir notas o pruebas para seleccionar estudiantes, sino entregar los cupos por orden de llegada. Al enterarse de esto, las familias se acercaron lo antes posible a las escuelas para asegurar un lugar para sus hijos. Si bien la intención de estos colegios era noble, el método que eligieron es ineficiente. En cambio, la ley de inclusión implementa un mecanismo que entrega las mismas oportunidades a todos y todas, desde la comodidad de su casa. Más importante aún: sin pitutos ni filas.

¿En qué consiste el nuevo mecanismo que implementará la Ley de Inclusión? A partir de 2018, regirá un sistema ya usado en Nueva York y Holanda: en una página web estará disponible la información de todos los colegios, incluyendo su proyecto educativo, datos sobre su infraestructura y vacantes disponibles, entre otros. Las familias podrán mirar esta información y comparar las alternativas. Luego, tendrán que postular a las escuelas que prefieran en orden de prioridad, similar al sistema que se usa para postular a las universidades. Será un programa computacional (cuyo algoritmo fue pensado por un premio Nobel de economía) el que tome todas las postulaciones e indicará en qué colegio queda el alumno o alumna.

Este programa respeta las prioridades de cada familia y considera si quien postula tiene hermanos en el colegio o si alguno de sus apoderados trabaja allí. Si el estudiante no queda en su primera opción inmediatamente el programa lo postula a la segunda y así sucesivamente. Este año se implementó el piloto en Aysén y en el 82% de los casos las familias quedaron en el colegio de su primera o segunda opción. Mucho más fácil, justo y expedito que una fila por orden de llegada.

Que se termine la selección académica es una buena noticia, porque les devuelve a las familias la posibilidad de elegir el colegio que quieren y no al revés. Debiese ser un motivo de orgullo para todos. Que la desinformación no nos quite esa alegría.

Felipe Coloma

Magíster en Educación e investigador de Política Educativa de Educación 2020

La auditoría interna realizada a la Corporación Municipal de Valparaíso, cuyo resultado arrojó un preocupante déficit de 73 mil millones de pesos, deja de manifiesto una compleja situación que llevaba años siendo parte de los rumores de pasillo en el edificio de calle Condell y que decían relación con el real estado financiero de ese organismo -con derecho privado- y que tiene como función primordial resguardar por una buena educación y prestaciones de salud primaria de calidad para sus habitantes.

El estudio, encabezado por el gerente de la Cormuval, Marcelo Garrido, incluyó los reportes existentes desde 1999 hasta el año pasado, pasando por las administraciones de los alcaldes democratacristianos Hernán Pinto y Aldo Cornejo, y el UDI Jorge Castro. Según las cifras, la deuda aumentó en más de 60 mil millones durante estos 18 años, siendo la administración anterior a la del alcalde Jorge Sharp donde el monto se acrecentó mayormente.

El informe entregado el martes, aparte del nivel de deuda que demostró, también dejó de manifiesto dos aristas que pusieron en alerta a la alcaldía. Estos es, por un lado, la cifra de 3 mil millones de pesos en subvenciones que ha recibido la Corporación en los últimos periodos y que hoy no se encuentran documentadas, situación que llevaría al municipio a enviar todos los antecedentes recopilados al Ministerio Público para que se indaguen posibles delitos.

Otra conclusión, no menos grave que la anterior, es la deuda en imposiciones que se mantiene con los funcionarios de la Corporación. El monto alcanza los 43 mil millones en previsiones sin pagar a los trabajadores que se desempeñan en las áreas administrativas, de Salud y Educación.

Frente a este escenario, el alcalde Jorge Sharp anunció que se modificará la forma en que se gestiona la Cormuval y, además, buscarán la fórmula para resguardar las condiciones laborales de los funcionarios afectados por esta debilitada situación financiera de la Cormuval.

Así, resulta positivo todo acto de transparencia que se realice al interior de los municipios, sobre todo en una época donde la ciudadanía precisamente pide eso de sus autoridades. También resulta oportuno que los antecedentes sean puestos a nivel de la Fiscalía y, eventualmente, la Contraloría, de manera que ante eventuales faltas administrativas o delitos, estos no queden impunes.

Cuando existen cambios en un municipio e, incluso, frente a la continuidad de autoridades comunales en sus cargos, las auditorías deberían ser una obligación, como también en los cargos de representación o en autoridades que manejen fondos públicos. La transparencia es una de las claves para que la ciudadanía retome la confianza hacia la política, los organismos públicos y el sector privado.