Matías Jullian Velásquez /EFE

Ayer, a menos de 48 horas del ataque en helicóptero contra las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el oeste de Caracas, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro recibieron a un cuerpo diplomático de agentes de ese país y también del extranjero para mostrar los daños que sufrió el edificio gubernamental.

Un reportero de la agencia de noticias EFE, que acompañó en este proceso, consignó que las únicas consecuencias del que ha sido considerado como un "atentado terrorista" por el oficialismo, y que no dejó muertos ni heridos, fueron tres ventanas rotas. Esto ha hecho crecer las suspicacias que dicen que el ataque se trató de un montaje por parte del gobierno de Maduro.

"Embajadores y representantes diplomáticos del mundo, que ustedes sean multiplicadores o testigos de lo que realmente sucedió acá, del ataque terrorista del cual hemos sido víctimas una institución como el TSJ, el día martes 27, y que por supuesto no vuelva a pasar", dijo Maikel Moreno, presidente del TSJ.

A pesar de que el helicóptero utilizado apareció el miércoles en la costa norte de Venezuela, a unos 50 km de Caracas, sigue sin haber información sobre Óscar Pérez, quien ha sido señalado como el autor de este ataque.

Venezuela cumplió ayer 90 días de constante estado de protesta y el saldo de muertos ascendió a 80 con el fallecimiento de un joven en Maracaibo. El manifestante, como varios miles de sus compatriotas, marchaba hacia las sedes de cada ciudad del Poder Electoral, para mostrar su disconformidad con el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Este proyecto es impulsado por el oficialismo y ha sido calificado de "fraude" por sus detractores.

"Llegaron las motos de la Guardia Nacional por la parte de atrás de la movilización disparándonos perdigones a todos, disparándonos las lacrimógenas", relató en un vídeo publicado en Twitter el diputado Miguel Pizarro, quien participó de las manifestaciones en Caracas y recriminó a los militares haber abierto fuego contra "señoras, muchachitos, abuelos, sin mediar palabra", según consignó la agencia de noticias EFE.

En otros sectores, como Altamira, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersó a los ciudadanos concentrados en una plaza con bombas lacrimógenas incluso antes de que comenzaran las manifestaciones.

Para Henrique Capriles, el líder de la oposición, esta acción policial corresponde a la "desesperación" de Maduro, a quien acusan de querer instalar una dictadura con las votaciones del 30 julio para elegir a los redactores de la nueva constitución.

Capriles, además, adelantó que se entra en un período clave para el futuro del país y que, si se continúan utilizando estas técnicas de represión, las protestas seguirán ocurriendo: "Hoy (ayer) son 90 días, pero preparémonos y estemos listos y organizados para los próximos 30 días, que van a ser decisivos". Por último, dijo que "si el gobierno insiste en imponer por vía de la fuerza el fraude, van a seguir dándose pronunciamientos en el país".

"Si el gobierno insiste en imponer por vía de la fuerza el fraude, van a seguir dándose pronunciamientos en el país"

Hernán Capriles, Líder de la oposición venezolana"

de julio. Ese día se votará por quienes serán los redactores de la nueva constitución que propone Maduro. 30