Tiene razón para estar indignado el sacerdote Enrique Opaso, director del Refugio de Cristo de Valparaíso. El rechazo en sala del informe de la Comisión Sename II ha significado que "el bien superior de los niños se tiró a la basura... se desechó un proyecto bueno, con un trabajo de un año donde fueron cientos de personas a la comisión… primó el tema de la justicia política".

La indignación del director del Refugio de Cristo, institución porteña con 64 años al servicio de la niñez desamparada, refleja una visión nacional de condena al manejo político del informe Sename II acordado transversalmente en comisión, pero rechazado en la votación de la sala por quienes incluso, previamente, habían aprobado ese trabajo.

Ante muertes y graves falencias detectadas en el Servicio destinado a velar por los menores, los integrantes de la Comisión, escuchando cientos de planteamientos de expertos, presentaron 64 propuestas para acometer en forma integral el problema. Sin embargo, esa tarea fue virtualmente incinerada con la votación en sala, fuertemente presionada desde La Moneda con el fin de liberar de responsabilidad a la exministra de Justicia, Javiera Blanco, cartera de la que depende el cuestionado servicio.

Pero con una buena dosis de sentido común, Opaso pide a los parlamentarios que separen el tema de la justicia -sanción a los responsables de la crisis- y "se queden (los parlamentarios) con todo lo que dice relación con el bienestar de los niños, porque, de lo contrario, los hogares de menores vamos a colapsar". Insiste en el tema crucial de la salud mental de los niños, "sin profesionales ni recursos para atenderlos creo que muy pronto… se va a declarar una catástrofe nacional de la infancia en Chile".

Sobre los recursos, el sacerdote afirma que el Estado aporta el 35% de los gastos operacionales de los hogares que atienden a los niños. Eso no alcanza. Y en el caso del Refugio de Cristo existe un déficit mensual de 20 millones de pesos "porque el Estado no cumple sus compromisos". Y a eso apuntaba el informe Sename II, dice Opaso: "Elevar la subvención a los hogares de los cuales varios van a cerrar por falta de recursos". A su molestia suma una interrogante sobre la inversión de los $ 275 mil millones anuales que el Presupuesto consigna al Sename, de los cuales $ 135 mil millones se entregan a 15 ONG. Ha pedido a través de Transparencia información sobre el gasto de esos recursos, "pero nunca he obtenido datos duros".

Tras la Comisisón Sename II hay dudas que aclarar y, más que nada, resolver el drama de esos 650.000 niños vulnerables que no pueden esperar.

Han pasado casi 5 años desde que se conoció el informe de la Comisión Jeldres, que investigó a lo largo de todo Chile la situación de los niños, niñas y jóvenes que estaban bajo el cuidado y protección del Estado. Tras la enorme conmoción pública que se provocó con el develamiento de las condiciones de vida, los malos tratos y abusos detectados se anunciaron diversas acciones. Hasta esta fecha, la Cámara de Diputados ha conformado dos comisiones investigadoras para abordar principalmente la situación de los sistemas residenciales y, en menor medida, de los programas ambulatorios que atienden a niños y niñas vulnerados gravemente en sus derechos.

En el año 2016, la conmovedora y lamentable muerte de Lissete Villa en el Centro Galvarino del Sename se convirtió en la cara visible del sufrimiento infantil, el rostro crudo de la indolencia y naturalización de la violencia institucional. A su turno, los gobiernos y la clase política han actuado la mayoría de las veces con una lentitud desesperante y priorizando mezquinos intereses, lo que termina dejando en un rincón muy lejano e invisible lo verdaderamente importante: los niños y niñas que esperan una respuesta coherente y consistente para garantizar la protección de sus derechos humanos fundamentales.

La magnitud de las graves vulneraciones a sus derechos se refleja en los anuarios estadísticos del Sename, que consignan que entre los años 2012 al 2015 han ingresados a programas de protección 579.602 niños y niñas, principalmente víctimas de algún tipo de violencia, maltrato, abuso sexual, explotación sexual comercial o trabajo infantil. Si conocemos tanto de la violencia que viven miles de niños y niñas, si existen tantos estudios y estadísticas, si han existido diversas comisiones para investigar las graves vulneraciones de derechos, parece razonable que de una vez por todas se coloque en el centro de las prioridades el establecimiento de un sistema de protección integral hacia la niñez.

Gran parte de la precariedad que afecta actualmente a los programas de atención a la niñez es de responsabilidad directa del Estado de Chile, que asigna insuficientes recursos para brindar todos los servicios y apoyos que se requieren. Es responsabilidad de los gobiernos de turno y también de los parlamentarios, que aprueban el presupuesto de la nación y que optan por entregar mayores recursos a gastos militares o a Codelco y no privilegian el aumento del financiamiento a los programas que benefician a la infancia.

La Ley 20.032, que data de 2005, estableció en $ 10.000 la Unidad de Subvención Sename (USS) para los programas de atención a la niñez. Hoy el valor alcanza apenas los $15.480. Es decir, en 12 años se ha aumentado solamente $ 5.480, lo que equivale a un incremento promedio anual de $ 456. Esta situación es vergonzosa y resulta urgente que se corrija sin esperar hasta el 2018, dado que los recursos se requieren hoy para los más de 100 mil niños y niñas que están integrados en algún sistema residencial o en los programas de protección especializada.

Iván Zamora Zapata

Director ejecutivo ONG Paicabi