Hay acuerdo en la necesidad de mejorar las defensas de la Av. Perú ante la realidad que significan las recurrentes y destructivas marejadas. Hay un proyecto que puede ser perfeccionado. Pero lo que no hay es acuerdo para el financiamiento de los US$ 20 millones que cuestan las obras: levantar acera, construir un muro de defensa, reforzar los enrocados, modificar la pendiente de la calle e instalar una red de evacuación de agua de acuerdo al comportamiento de las marejadas. Esto en una extensión de 764 metros.

La propuesta, a partir de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Hidráulica, considera obras que deberían ser financiadas por el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Viña del Mar, según sostiene el Alberto Undurraga, titular del MOP.

Pero esta fórmula es rechazada en forma tajante por la Municipalidad de Viña del Mar. "No cuenten con nosotros", es la posición de la alcaldesa Virginia Reginato sobre el tema económico. Pero hay buena disposición para colaborar con los estudios. Posición que apoya la concejala DC Laura Giannici, al afirmar que "no tenemos por dónde financiar algo así".

La verdad es que las intervenciones costeras son costosas y sobrepasan la cartera municipal. Además, recién en agosto del año pasado la Municipalidad entregó obras de remodelación de la avenida que significaron una inversión de $ 1.650 millones. Sólo se lucieron un verano y en los últimos meses han recibido el destructivo castigo oceánico.

Se podría cuestionar el diseño y calidad de esas obras, pues furia del mar no es novedad. Desde hace décadas hay ejemplos de destrucción en la costa. En fin, tras la batalla, todos son generales.

Pero la realidad es que los trabajos se deben acometer, pero en cuanto a financiamiento el tema supera ampliamente a la Municipalidad, que tiene muchos problemas, algunos de profundo alcance social, como los campamentos.

El caso de la avenida Perú y del borde costero en general, debe asumirse como una materia de interés general, un tema país. Esos espacios constituyen un patrimonio, que más allá de su belleza, son un activo cuya promoción y explotación, es componente de una actividad económica de creciente importancia como es el turismo.

Desde esa perspectiva de interés nacional es que debe asumirse el financiamiento de los trabajos de la Avenida Perú y de otros sectores costeros, en lo cual también hay espacio para los privados que se beneficia con los trabajos de urbanización costera. Y más allá de las diferencias es necesario avanzar hacia definiciones concretas para que el presente proyecto, sujeto a perfeccionamiento, no termine, como tantos otros, en alguno de los insondables cajones de la burocracia.

"¿Usted es técnico agrícola por opción o por qué era medio duro para los estudios?". La pregunta que recibió un precandidato presidencial en un debate televisivo deja en evidencia que en Chile aún se tiende a subestimar la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP). Sin embargo, dicho episodio queda como una anécdota que luego sería superada -en trascendencia y gravedad- por el Proyecto de Ley de Educación Superior aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

En el documento se menosprecia el aporte y la importancia de la ESTP, relegándola a un plano muy secundario y, además, imponiendo exigencias muy poco claras que no hacen otra cosa que sembrar incertidumbre entre los actores involucrados, especialmente entre los futuros estudiantes.

El proyecto apenas reconoce la existencia de la ESTP como un "subsistema", pero poco ahonda en sus particularidades, desafíos y tendencias. Todo lo contrario, naturaliza una visión en la cual el subsistema universitario se confirma como protagonista principal de la Educación Superior. Incluso más: ratifica la supremacía del Consejo de Rectores como un grupo privilegiado al que, en la práctica, seguirá siendo casi imposible acceder.

Respecto a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sorprende la ligereza con la cual se les exige transformarse en entidades complejas. Aun compartiendo el fin último (garantizar la calidad de la Educación Superior), uno esperaría encontrar apoyos concretos para lograr estos cambios. Pero no, ni siquiera se propone una fuente de financiamiento para asumir este desafío, profundizando la discriminación histórica que ha afectado al sector.

Muy ligado al punto anterior, el texto señala que la acreditación institucional de cuatro años como mínimo será requisito ineludible no solo para acceder a la gratuidad, sino que para asegurar la continuidad y viabilidad de las entidades educativas. De nuevo, no se establecen mecanismos para apoyar a las instituciones que no logren la certificación requerida, lo que deja en claro el carácter punitivo del proyecto, muy alejado del espíritu de modernización que debería guiarlo.

Punto aparte merece la anunciada eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) a contar del 1 de enero de 2019. Sin siquiera esbozar cuál será el mecanismo que lo reemplace, la Comisión instala un signo de interrogación en un punto muy sensible para la ESTP, ya que un gran porcentaje de sus alumnos requiere apoyo para financiar sus estudios.

Es así como podemos concluir que el proyecto aporta pocas certezas, aumenta la inquietud y, lo que es peor, eterniza vicios que dejan a la Educación Superior Técnico Profesional relegada a un rol menor que no tiene nada que ver con su importancia en el Chile actual.

José Weinborn del Villar

Rector Santo Tomás Viña del Mar