Paolo Navia S.

Era uno de los documentos más esperados por la nueva gestión liderada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. El preinforme que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso ejecutó al municipio porteño y que fue entregado a la nueva administración el 12 de junio pasado, entregó determinantes y reveladores datos sobre los ingresos percibidos y los gastos ejecutados entre enero de 2015 y marzo de 2017.

El trabajo, de 130 páginas (número 388 / 2017), fue solicitado expresamente por Sharp, quien tras conocer las principales conclusiones del escrito solicitó a las diversas direcciones aludidas entregar respuestas concretas en cuanto a las situaciones descritas por la Contraloría durante su fiscalización al municipio.

En total, fueron 80 los oficios municipales que la gestión de Jorge Sharp entregó a la Contraloría en respuesta a lo detectado durante su estudio, con el fin de poder establecer eventuales responsabilidades administrativas, políticas y de gestión.

"Uno de los datos más relevantes de este preinforme, es que el problema del déficit financiero de la municipalidad se ha producido en mucho menor medida de lo que se creía por las llamadas razones estructurales y, más bien, lo que acá hubo en las últimas dos administraciones, fue un conjunto de decisiones políticas, administrativas y de gestión que llevaron al municipio a la escandalosa situación financiera de crisis", manifestó Sharp, quien centró su atención en los convenios que el municipio generó con sus proveedores, los cuales fueron ampliamente desglosados en el preinforme, y donde según el alcalde porteño "se prefirió externalizar y privatizar servicios esenciales de la municipalidad a través de contratos que han mostrado su ineficiencia y que han sido perjudiciales y lesivos para el patrimonio municipal".

Opinión que fue compartida por Nicolás Guzman, director del departamento jurídico del municipio porteño, quien señaló que el informe exhibe que "ciertos contratos en su ejecución y elaboración han sido tremendamente dañinos para el patrimonio municipal, revelando vulneraciones a los principios de eficacia, eficiencia, probidad y del buen gasto de los recursos públicos, y lo más grave, son los pagos en excesos que habría realizado la municipalidad a ciertos proveedores".

En concreto, y según se constata en el preinforme de Contraloría, el municipio porteño, a través de un decreto alcaldicio con fecha 29 de noviembre del 2012, adjudicó a la empresa Total Transport S.A la licitación pública denominada "Servicios de Provisión de Equipos, Arriendo, Mantención, Reparación y Repuestos para la municipalidad de Valparaíso" por la suma mensual de 4.825UF y por una vigencia de diez años.

Este contrato permitió el arriendo de 30 vehículos menores, 15 móviles mayores y un set de equipos complementarios, prestaciones que según lo establecido en el preinforme, no fueron canceladas desde marzo del 2015 hasta la fecha, y que además, contó con un contrato "a suma alzada", por el cual se paga una suma única, independiente de si se realizan o no las mantenciones mensuales a los vehículos y a la maquinaria, el cual desde su origen en diciembre del 2012 y hasta la fecha de la fiscalización, sufrió 14 modificaciones, elevando su precio mensual en un 238%.

Eso en cuanto a lo detectado en relación al contrato suscrito entre el municipio y Total Transport S.A, pues sobre las prestaciones de servicios, el preinforme fue aún más categórico. En primer lugar, el examen efectuado comprobó que ni las bases técnicas y administrativas, ni el antes referido contrato, exigieron al proveedor el reemplazo de los vehículo mayores arrendados o el descuento en el pago de los servicios pactados cuando estos estuviesen en el taller mecánico por mantención o desperfecto, verificándose que en el caso de haberse establecido tales exigencias, el municipio se habría ahorrado una suma cercana a los $ 133 millones.

A su vez, y conforme al análisis de datos, se comprobó que la municipalidad pagó por el arriendo de vehículos que no se encontraban operativos por más de 10 días, incluso algunos casos superando los dos meses seguidos en esa condición. Al mismo tiempo, y en atención al contrato "a suma alzada", el informe explica que este tratamiento ha significado que se adeude a la empresa Total Transport S.A la suma de $ 124 millones por servicios no efectuados.

A su vez, y sobre los servicios prestados, se comprobó que el municipio de Valparaíso pagó durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y febrero de 2015 la suma de $ 2.238 millones a Total Transport S.A. por concepto de arriendo y vehículos de maquinaria, verificándose que entre marzo de esa misma última anualidad y noviembre del 2016, se adeudaba por el mismo concepto la suma de $ 4.037 millones, lo cual totaliza $ 6.276 millones en este ítem del presupuesto porteño.

Al respecto, y tras un análisis de mercado efectuado por la Contraloría, se estimó que el costo promedio para comprar la flota de vehículos y maquinarias que la municipalidad arrienda actualmente a Total Transport S.A, asciende a la suma de $ 4.053 millones, cifra que como puede advertirse, resulta menor al monto de $ 6.276 millones correspondientes a la suma pagada y lo adeudado por servicios prestados.

Situaciones que también fueron detectadas en el convenio de pago que el municipio entabló con Total Transport S.A, el cual fue suscrito el 17 de noviembre del 2016, aprobado por decreto alcaldicio el 5 de diciembre de ese año, un día antes que Jorge Sharp asumiera como nuevo alcalde de Valparaíso, el que comprometió a la municipalidad a pagar en 84 cuotas iguales de 2.246 UF por el monto adeudado de $ 4.945 millones pendientes por el pago de servicios prestados entre marzo de 2015 y agosto de 2016.

En torno al tema, se verificó que para el cálculo del monto adeudado el municipio, se consideraron 55 bateas, siendo que en los años 2015 y 2016 sólo se disponía de 35 y 36 respectivamente, generándose una sobreestimación de la deuda ascendiente a la suma de $ 148 millones, lo que denota la falta de control por parte del municipio en el contrato.

En este sentido, Contraloría verificó que durante los años 2014, 2015 y 2016, la municipalidad de Valparaíso dispuso de 48, 36 y 35 bateas, y no de 55 como se indicó en el decreto alcaldicio, precisando que entre abril de 2014 y febrero de 2015, el municipio pagó en exceso la suma de $ 40 millones por la mantención de bateas que no existen, determinando además, que con lo que el municipio paga en mantención, en poco más de un año podría haber comprado una batea nueva, y con lo desembolsado hasta la fecha, se hubieran podido adquirir, en 4 de los 10 años que dura el convenio, un total de 208 bateas nuevas, número inmensamente mayor a las 35 que hoy ostenta.

En tanto, otro acápite del preinforme relacionado con el contrato de seguros para los bienes e inmuebles municipales, detectó que el 30 de enero de 2015, la municipalidad de Valparaíso adjudicó a la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A la licitación denominada "Contratación de Seguros para Bienes Municipales" por la suma anual de 4.587UF, y con una vigencia de 24 meses.

En este sentido, se comprobó que el municipio porteño para determinar el valor de los bienes contenidos en las dependencias de la Secretaria Municipal ubicada en avenida Pedro Montt, de la Dirección de Cultura emplazada en calle Esmeralda y de la Oficina de la Mujer situada en calle Victoria, para el seguro contra incendio y robo, utilizó como referencia el monto del avalúo fiscal que esos inmuebles arrendados tenían al segundo semestre del 2014, cifra que no guarda relación con las pertenencias de bienes muebles que en ellos se mantenían, pagando por tal concepto un total de $9 millones en el año 2015 y $9 millones en 2016.

En esta línea, una de las conclusiones que llama la atención, tiene relación con el contenido de la Secretaría Municipal, que fue asegurado por la Compañía Penta Security S.A sobre la base del avalúo fiscal del inmueble arrendado, el cual no sólo hacía referencia al edificio donde tales dependencias se encontraban emplazadas hasta el día del siniestro ocurrido el 21 de mayo de 2016, sino que corresponde a todas las edificaciones ubicadas en avenida Pedro Montt entre los números 1.867 y 1.895, las cuales son inmuebles privados.

Con estos datos, fue posible comprobar que el contenido asegurado en dicha dependencia fue de 85.085 UF, en circunstancias que se debió asegurar solamente los bienes muebles que estaban al interior de la Secretaria Municipal, los que según el informe de liquidación del seguro, totalizaban 1.871 UF, lo que resulta una cifra muy inferior al monto asegurado de 85.085 UF contra incendio y robo.

A su vez, también se determinó que entre los vehículos cubiertos por el seguro contratado por la municipalidad porteña con la Compañía Penta Security S.A, se encuentran 14 camiones pertenecientes a las empresas Maquinarias Fullmaq Limitada, Total Transport S.A y Gestión Integral de Residuos S.A, y por cuyo concepto se pagó una suma de $ 29 millones, situación que no se ajusta al principio de legalidad que rige a los servicios de administración del Estado incluido en las municipalidades, donde tales entidades no están facultadas para asumir costos, ni comprometer recursos en beneficio de bienes de propiedad particular.

Finalmente, el preinforme generado por la Contraloría analizó diversas aristas relacionadas con el aparcadero municipal, precisando que a través de un decreto alcaldicio de noviembre de 2014, la municipalidad de Valparaíso adjudicó a la Inmobiliaria e Inversiones Eagle Care Valparaíso, la licitación denominada "Concesión Servicio Corrales Municipales para la Comuna de Valparaíso", y a través de la cláusula cuarta del contrato suscrito entre las partes, el 2 de enero de 2015, se acordó que dicha empresa pagaría al municipio el equivalente al 30% de los ingresos brutos obtenidos mensualmente por dicha concesión.

Al respecto, el preinforme expresa que a través de un proceso disciplinario instruido por el municipio el 5 de marzo de 2015, se comprobó que Oscar Acevedo, funcionario a contrata similado al grado 6° de la planta municipal, recibió de la empresa Glowing Chile la suma de $38 millones con la finalidad de adjudicarse la referida licitación para el señalado parqueadero, procedimiento que se originó por la denuncia que presentó ante el director del departamento de Inspectoría Urbana de la época, Andrés Carmona, los gerentes de dicha firma al enterarse que el concurso había sido adjudicado a la Inmobiliaria e Inversiones Eagle Care Valparaíso Limitada.

En esta línea, también se comprobó que los montos percibidos por el municipio a través de las ordenes de ingreso de enero y febrero de 2016 por concepto del 30% de los ingresos que Eagle Care debía pagar al municipio, se encuentran subvalorados al ser calculados sobre la base de ingresos netos percibidos y no por el bruto, determinándose una diferencia pendiente de pago a favor del municipio de poco menos de un millón y medio de pesos.

Finalmente, y con respecto al aparcadero municipal, el estudio señala que no existe evidencia que el departamento de Inspectoría Urbana haya exigido a la empresa Eagle Care el pago que adeuda al municipio en el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2017. En este sentido, se determinó que el 20 de marzo de 2017, durante la ejecución de la auditoría, la empresa Eagle Care solicitó a la dirección jurídica la suscripción de un convenio de pago por $44 millones por la precitada deuda, cifra que también se encuentra subvalorada, puesto que dicho cálculo se realizó sobre la base de ingresos netos y no brutos, por lo que ese monto debió corresponder a $53 millones.

"Se estimó que el costo promedio para comprar la flota de vehículos y maquinarias que la municipalidad arrienda a Total Transport S.A. asciende a la suma de $4.053 millones, cifra que resulta menor al monto de $6.276 millones adeudado" "Se determinó que el 20 de marzo de 2017, durante la ejecución de la auditoría, la empresa Eagle Care solicitó a la dirección jurídica la suscripción de un convenio de pago por $ 44 millones, cifra que se encuentra subvalorada""

" Se prefirió externalizar y privatizar servicios esenciales de la municipalidad a través de contratos que han mostrado su ineficiencia y que han sido lesivos para el patrimonio municipal"

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso"

12 de junio fue la fecha en que la Contraloría General de la República entregó el preinforme ejecutado entre el 2015 y 2017 a la administración de Jorge Sharp.

80 fueron los oficios municipales que la gestión de Jorge Sharp envió a la Contraloría General de República tratando de dar respuestas a las materias auditadas.

130 son las páginas donde el preinforme generado por la Contraloría General de la República intenta explicar el actual déficit financiero de la Municipalidad de Valparaíso.