En una pauta bastante "quitada de bulla" o poco anunciada, pese a la importancia de ésta y a la asistencia de la Presidenta Michelle Bachelet y varias autoridades nacionales, comunales, provinciales y regionales, el miércoles de esta semana se realizó en el embalse Los Aromos, de Limache, el lanzamiento del llamado Plan Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC). Anuncio clave si se consideran los últimos acontecimientos que el país ha sufrido como es el caso de las marejadas, lluvias en el norte, temperaturas por sobre lo normal en el verano, aumento de la desertificación, entre otras, y, a nivel mundial, el publicitado posible iceberg a la deriva que mediría 5.800 kilómetros cuadrados.

El Plan cuenta con 16 objetivos específicos y 30 líneas de acción que se materializan en 96 medidas, divididas en cuatro ejes de acción: adaptación, mitigación, medios de implementación y gestión del Cambio Climático a nivel regional y comunal. En su elaboración participaron 20 instituciones públicas y se realizó una consulta ciudadana en la que se recogieron más de 1.200 observaciones.

Entre sus medidas más destacadas destacan planes en sectores silvoagropecuarios, biodiversidad, pesca y acuicultura, se reforzarán redes de monitoreo meteorológico, además de generar mapas de vulnerabilidad climática. También se realizarán esfuerzos de reducción de consumo energético y optimización de eficiencia energética en el transporte y aumentar el uso de energías renovables. Todo esto, producto de los acuerdos asumidos por el país al firmar el Pacto de París.

En la actividad, la Mandataria aseguró que "el cambio climático es, tal vez, el mayor reto que enfrenta la humanidad" y que los efectos son "devastadores e irreversibles. En Chile sabemos esto y a un costo altísimo. Los récords en lluvia, sequía, incendios, altas temperaturas, no son fenómenos que vemos a la distancia".

Tiene razón Bachelet en lo que señala y debe ser este plan una política de Estado y no simplemente quedar como un anuncio de un gobierno específico. Es necesario, incluso, que el cambio climático forme parte de los programas presidenciales de los candidatos que postulan llegar a La Moneda en marzo próximo, pero no como un enunciado perdido en una extensa lista de promesas, sino con medidas concretas y de cómo se continuará con lo que ya se está haciendo.

Es necesario que el país tome en serio los efectos del cambio climático, y lo realizado esta semana en el embalse Los Aromos, de Limache, es un importante paso que no hay que perder de vista.

En las últimas semanas hemos conocido un nuevo informe realizado por una comisión de la Cámara de Diputados, en el que se constatan graves vulneraciones a los derechos de los niños en distintos centros del Sename (Servicio Nacional de Menores). La investigación se origina el año 2013, a raíz de una serie de informes de órganos internos y de organismos internacionales que desde el año 2007 han puesto de manifiesto las falencias del sistema estatal de protección de la infancia.

En efecto, el año 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU hizo una serie de recomendaciones al Estado de Chile, y en lo que respecta a la situación de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidado parental en Chile, consideró que el número de niños que ingresa a los hogares de acogida debía disminuir, siendo necesario asignar más recursos y velar por el buen funcionamiento y supervisión de instituciones de guarda, en particular de las administradas por ONG.

Por su parte, el año 2011 la Contraloría General de la República, tras una auditoría efectuada al Sename, llamó la atención sobre la enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes que no obstante requerir de una intervención especializada, se encuentran en listas de espera, verificando a su vez la falta de aseo al interior de casas de acogida, mobiliario en mal estado, deficiencias en la manipulación de alimentos, entre otros.

El Poder Judicial, el año 2009, encomendó a una "Comisión de Jueces" hacer un catastro actualizado de los menores sometidos a medidas de protección que importaban la internación en hogares de acogida. Dicha comisión constató la existencia de graves vulneraciones a los derechos de los niños, como la existencia de niños ausentes de los hogares, y respecto de quienes se cobraba subvención, precarias condiciones de vida, falta de personal idóneo, abusos sexuales, entre otros.

Llama la atención que después de más de 10 años de la realización de informes por entes especializados, tanto del Estado como de organismos internacionales, hoy se ponga todo el énfasis en buscar responsabilidades políticas y no en encontrar soluciones a las graves vulneraciones detectadas. Creo que es tiempo de recopilar dichos informes y adoptar medidas urgentes para, primero, dejar de vulnerar los derechos de los niños que pasan por el sistema de protección, del cual nuestro Estado es garante, para luego buscar las responsabilidades correspondientes.

María Lorena Rossel

Directora Carrera de Derecho UDLA, sede Viña del Mar