Pamela Boltei
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el que atribuye y argumenta prácticas presuntamente constitutivas de colusión, principalmente fijar precios más altos en distintas prestaciones médicas, entre los doctores afiliados a la Asociación Gremial de Cirujanos V Región (AGC).
Por las faltas atribuidas, la FNE solicita como sanciones la aplicación de una multa equivalente a 1.000 Unidades Tributarias Anuales (cifra sobre los $ 500 millones) y la disolución de la agrupación gremial.
El escrito fue presentado el 11 de este mes al tribunal, y éste, a su vez, respondió el día 20 que espera que la FNE realice algunas aclaraciones sobre su requerimiento de acuerdo a la ley N°211, que regula la libre competencia, en un plazo de tres días hábiles, pues de lo contrario este no será admitido a tramitación. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Nacional Económica, "se presentó respuesta al tribunal en el plazo estipulado y se está a la espera de que este resuelva" aunque, a la fecha, dicho escrito no ha sido ingresado al sistema online del TDLC.
El requerimiento sostiene que la asociación gremial de cirujanos ha infringido el artículo 3°, incisos primero y segundo, letra a) del Decreto de Ley N° 211, que advierte como actos que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia "los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores".
De acuerdo a la FNE, la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región "ha ejecutado un acuerdo destinado a fijar e implementar precios de venta de las prestaciones médicas de su especialidad y sus respectivas subespecialidades en el sistema de salud privada de la V Región, mediante la suscripción de convenios con Instituciones de Salud Previsional (Isapres) abiertas, desde a lo menos el año 1985 hasta la fecha de esta presentación".
Con lo anterior se ha estado "restringiendo y entorpeciendo con ello la competencia en el referido mercado y afectando, en definitiva, a los pacientes que demandan dichos servicios profesionales", dice el escrito.
El organismo estatal que acusa señaló que su requerimiento tiene origen en una denuncia del 4 de mayo de 2012, realizada por un médico suspendido de la AGC.
"El denunciante implementó, como director de un hospital, un servicio paquetizado que permitía a los pacientes prepagar un valor fijo, conocido de antemano, por una prestación. Bajo esta modalidad, los honorarios médicos quirúrgicos eran inferiores a los acordados por la AGC. Mediante carta del 4 de abril de 2012, se le comunicó al denunciante la decisión unánime de la Directiva de la AGC de suspenderlo por 120 días en sus derechos como asociado. Según la misma comunicación, la medida se fundó 'en el alejamiento manifiesto que Ud. ha sostenido respecto de los acuerdos mínimos, básicos y esenciales que todos quienes voluntariamente adscribimos a la AGC nos hemos auto otorgado'. La Directiva de la AGC comunicó esta decisión a sus asociados y solicitó a todas las isapres con las que la AGC tenía convenios la inmediata desafección del denunciante. En noviembre de 2012, el denunciante fue expulsado de la AGC por haber 'repetido y mantenido' los hechos que dieron lugar a su suspensión".
En base a esto, el escrito dice que "en el seno de la Asociación se han acordado los aranceles que cobran los miembros por sus servicios médicos" y que "la Asociación ha implementado dichos acuerdos negociando y suscribiendo convenios con las isapres abiertas que operan en la V Región 'escritos o verbales".
En un pie de página respecto a cuáles son las isapres con este convenio, se especifica que "los aportados a la investigación son los hechos con Cruz Blanca (01/01/90, 01/10/90, 11/10/93, 01/10/96 y 14/07/00); Isapre Masvida (25/03/93); Vida Tres (15/03/91); Colmena (24/06/85, 01/06/01 y Addendum de 31/07/06); y Banmédica (28/10/93). El último convenio mencionado respecto de cada isapre permanece vigente hasta el día de hoy. Respecto de Consalud, si bien no se cuenta con copia de convenio, en la investigación consta la existencia de este al menos desde la década de los 80".
Asimismo, se expresa que "con variaciones, la AGC mantiene dicha práctica colusoria hasta el día de hoy. En un principio, al interior de la AGC, se discutían y fijaban aranceles mínimos diferenciados por niveles, dependiendo de la experiencia y experticia de cada uno de los profesionales. Posteriormente, este sistema fue sustituido por la fijación de un valor único, uniforme para todos y cada uno de los asociados respecto de cada isapre, independiente de su experiencia y competencia. Dicho sistema es el que se mantiene vigente hasta hoy".
En concreto, se denuncia que "la Asociación ha fijado, y luego convenido con cada isapre los precios que sus asociados deben cobrar por concepto de consultas y honorarios médicos quirúrgicos ("HMQ"). En relación a las consultas, la Asociación ha convenido con cada isapre el valor nominal que sus asociados deben cobrar, valor que reajustan periódicamente. En cuanto a los HMQ, en general, los médicos asociados deben cobrar el denominado arancel Fonasa Nivel 1, multiplicado por un factor previamente acordado al interior de la Asociación. Los HMQ se actualizan nominalmente mediante la implementación anual de nuevos valores del arancel Fonasa Nivel 1".
La FNE da un ejemplo de lo sostenido anteriormente, respecto a un eventual acuerdo en 2009: "En aquella época, al interior de la AGC se acordó establecer un 'piso mínimo' de $ 15.000 por las consultas a los beneficiarios de todas las isapres. En su reunión del 12 de mayo de 2009, el Directorio de la AGC dejó constancia del estado de avance de las gestiones para implementar dicho 'piso mínimo' con las isapres Consalud, Masvida y Cruz Blanca".
Se relata que "en el curso de las negociaciones para implementar el "piso mínimo" acordado al interior de la AGC, la Directiva de la Asociación enfrentó la resistencia de Isapre Consalud. "Ante ello, la AGC comunicó a la isapre que pondría término al convenio suscrito entre ambas, medida que habría obligado a los pacientes beneficiarios de dicha isapre a atenderse con los médicos de la Asociación por medio de consulta particular, recibiendo un copago menor y forzándolos a incurrir en mayores costos administrativos", y se señala luego que "la medida de presión fue efectiva", pues "la referida isapre había accedido al piso mínimo impuesto por la AGC".
El requerimiento dice también que "medidas como la antes descrita han sido complementadas con actividades de monitoreo desarrolladas por la AGC respecto de aquellos asociados que han realizado prestaciones sujetas a aranceles inferiores a los acordados al interior de ésta" y que "generalmente, tal situación se produce respecto de las prestaciones 'paquetizadas', que 'aseguran a los afiliados el pago de un valor fijo conocido de manera previa por una prestación, trasladando el riesgo de mayores costos a la isapre o al prestador, o a ambos'".
Respecto de los asociados, el escrito advierte que "los aranceles acordados por la AGC son obligatorios y su observación ha condicionado la permanencia de los mismos en la entidad gremial. Prueba de ello es que el Directorio ha suspendido, e incluso expulsado, a aquellos asociados que han cobrado aranceles inferiores a los acordados al interior de la AGC". Y se agrega: "La AGC ha llamado a sus asociados a denunciar a los miembros que se aparten de lo convenido".
En un cuadro explicativo, basado en datos aportados por una isapre cuyo nombre no se especifica, la acción judicial presenta los cobros efectuados desde 2010 hasta 2015 y sostiene sobre las consultas electivas que "cerca del 80% de las consultas de los miembros de la Asociación se efectuaron al valor acordado al interior de la AGC y luego convenido con la respectiva isapre". Además, advierte que lo mismo ocurre respecto de las prestaciones quirúrgicas, pues "cerca del 70% de los valores de las prestaciones se concentraron en los factores acordados al interior de la AGC y luego convenido con las isapres analizadas".
La Fiscalía Nacional Económica afirma que "si bien los convenios fueron suscritos con las isapres hace varios años, la AGC se ha encargado de darle continuidad al acuerdo anticompetitivo en forma periódica. Aproximadamente cada 6 meses, la AGC contacta a cada isapre y les solicita reajustar los aranceles convenidos, explicitando los precios de sus prestaciones para el siguiente periodo. La AGC luego controla y exige a las isapres la aplicación de los nuevos valores. Del mismo modo, el directorio informa a las isapres el ingreso de nuevos asociados y/o la salida o renuncia de otros, a fin de que las isapres incorporen y/o eliminen a dichos profesionales del "Acuerdo AG".
Y agrega: "Más aún, el presidente y el secretario de la AGC cuentan con atribuciones para suscribir, en nombre y representación de sus socios, convenios de atención profesional con las distintas Instituciones de Salud Previsional". Se informa también que los aranceles son dados a conocer a los miembros de la asociación a través de la página web de la asociación, divididos por cada isapre y cada tipo de prestación.
"A pesar de haber sido notificada del inicio de la investigación que da origen al requerimiento, la AGC no ha variado su comportamiento ni adoptado resguardos para mitigar los efectos de su conducta", dice la FNE.
"Los acuerdos alcanzados e implementados por la AGC han trascendido a las personas que los han acordado, constituyéndose en un objetivo de la requerida, desnaturalizando sus fines propios", sostiene.
Importancia de respuesta de la FNE
El abogado y profesor de Derecho y Regulación Económica UV, Críspulo Marmolejo, explica que "el planteamiento y la descripción de las conductas impide, por ahora, conocer de la existencia de un acuerdo colusorio, porque, según aprecia el Tribunal, se debiera exigir una acusación o una imputación de esa conducta a dos a mas competidores, y lo que habría hecho la FNE es sólo requerir a un solo agente, como es la Asociación Gremial. En tal sentido, este requerimiento aparece, hasta esta fecha, sólo ingresado, pero no se ha admitido formalmente a tramitación, por lo que hay que esperar, en este caso, la reacción de la FNE y evitar un pronunciamiento definitivo mientras el TDLC no admita a tramitación esta acción".
11 julio es el día en que la Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia. Éste respondió el día 20 que aclarara dudas para tramitar.
80% de las consultas electivas de los miembros de la Asociación "se efectuaron al valor acordado al interior de la AGC y luego convenido con la respectiva isapre", dijo la FNE.
$ 15 mil fue el "piso mínimo" que, de acuerdo a lo presentado por la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento, fijó la Asociación Gremial de Cirujanos V Región en 2009.
