Litigio judicial mantiene en vilo el futuro del tradicional restaurante Bote Salvavidas
CIUDAD. Presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes de Salvavidas señaló que el local se está utilizando de manera ilegal. Arrendatario precisó que cuenta con prórroga.
En el sector izquierdo del emblemático muelle Prat y a un costado de la tradicional feria artesanal se encuentra ubicado el restaurante Bote Salvavidas, uno de los lugares más representativos de Valparaíso. Ajeno al paso del tiempo y a la vorágine que acompaña las maniobras portuarias, el establecimiento exhibe una propuesta culinaria que ha sido resaltada tanto por comensales nacionales como extranjeros, transformándose la visita al lugar en una tradición porteña que pasa de generación en generación.
Emplazado en uno de los muelles más importantes de la ciudad, el restaurante Bote Salvavidas se asemeja a un barco atracado en el puerto, algo que llama la atención de cada turista que visita el icónico local, donde los platos de pescados y mariscos son la especialidad de la casa.
Sin embargo, y a pesar de sus casi cien años de trayectoria tras ser fundado bajo el alero del Cuerpo de Voluntarios de los Botes de Salvavidas de Valparaíso, en 1925, el histórico recinto se encuentra inmerso en una batalla judicial que mantiene en suspenso su futuro.
Conflicto por deudas
Para entender el conflicto debemos remontarnos al año 2013, fecha en que se generó el primer problema judicial por el atraso en el pago del arriendo del restaurante por parte del empresario Tomás Puig Casanova, situación que terminó con un avenimiento judicial que determinó un plazo de cuatro años para que el arrendador cumpliera con los compromisos del contrato.
"En esa época, Tomás Puig subsanó las deudas, dándose por terminado el avenimiento judicial el pasado 30 de abril, fecha en que se tenía que entregar el restaurante, el cual mantenía una deuda de enero y febrero en relación a su arriendo", manifestó Gerardo Fernández, presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes de Salvavidas de Valparaíso.
En este sentido, Fernández agregó que "el empresario no cumplió con los pagos y el 8 de mayo nos comunicó que no podía cubrir los cheques. Debido a esa situación el directorio determinó dar cumplimiento cabal al avenimiento, solicitando la entrega del local, situación que no sucedió, dando pie al inicio de un juicio en el cual Puig nos comunicó que no nos entregará el restaurante hasta que lo estime conveniente".
Ante este escenario, Manuel Camus, abogado de Tomás Puig, señaló que se encuentran sorprendidos con las denuncias de Gerardo Fernández, argumentando que cuentan con una prórroga de 18 meses para el uso del local.
"En relación a este tema, debemos hacer presente lo sorpresivo de este, principalmente por la existencia de una acción judicial intentada por la arrendadora para obtener la restitución del inmueble, a pesar que, como se acreditará en la causa, el plazo se había prorrogado por 18 meses", señaló Camus, quien puntualizó que la sociedad arrendataria ha cancelado aproximadamente 1 millón trescientos mil dólares ( $ 839 millones, aproximadamente) durante los ochos años que ha tenido el local a cargo.
Esta afirmación, según Fernández, es completamente falsa, argumentando que "hubo una comisión para llegar a un acuerdo, donde se propuso al directorio que si Tomás Puig se ponía al día en las deudas de arriendo se podría generar una prórroga por 18 meses, pero eso nunca sucedió".
En esta línea, y tras ser consultado sobre las deudas pendientes, Manuel Camus expuso que "no es efectivo que la arrendataria adeude sumas distintas a las rentas de arrendamiento de mayo y junio, encontrándose sólo pendiente la conclusión de algunas obras menores comprometidas, cuya ejecución requiere trabajos que suponen la prórroga del plazo del contrato".
A su vez, el jurista agregó que "reiteramos la convicción de poner término a la brevedad, judicial o extrajudicialmente, a la situación producida, tal como ya se ha manifestado por diversos conductos".
Futuro del restaurante
En tanto, y sobre el futuro del restaurante, Fernández señaló que tras ser presentada la demanda, el receptor judicial no ha podido encontrar a Tomás Puig en sus oficinas ubicadas en Santiago, situación que, según señaló, "sólo busca alargar el juicio para ocupar las dependencias de manera ilegal".
En este punto, Fernández expuso que una vez concluido el proceso judicial, "vamos a determinar si nosotros tomamos el control del restaurante para ser administrado, o si bien contratamos a una empresa externa que siga entregando el servicio en la ciudad, pero siempre bajo nuestra tutela, pues no queremos que se vuelvan a repetir todas estas situaciones que lo único que hacen es perjudicarnos".
"Está afectando nuestras funciones"
Según Gerardo Fernández, presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes de Salvavidas de Valparaíso, una de las principales consecuencias de no recibir dineros por el concepto de arriendo del restaurante Bote Salvavidas tiene relación con el normal funcionamiento del organismo. "Actualmente estamos centrados en la búsqueda de la niña de la Universidad de Playa Ancha que se perdió en Punta Ángeles, pero si ocurriera una situación mayor, simplemente por falta de recursos no podríamos asistir. Al final esta grave situación está afectando nuestras funciones hacia la comunidad", señaló.
"El 8 de mayo el empresario nos comunicó que no podía cubrir los cheques y por eso solicitamos la entrega del local"
Gerardo Fernández, Presidente del Cuerpo de Voluntarios de los Botes de Salvavidas"