A propósito del proyecto de aborto, y como cada vez que una acción del Tribunal Constitucional (TC) pone en riesgo la decisión de la mayoría parlamentaria en una iniciativa relevante, hoy está en el centro del debate el rol y la legitimidad del TC.

Para muchos sería antidemocrático que el TC impida que una ley aprobada por el Congreso ingrese al ordenamiento por estimarla contraria a la Constitución. En el aborto, sería inconcebible que "torciera" la voluntad de la mayoría legislativa considerando que el proyecto es incompatible con el derecho a la vida que la Constitución consagra y por lo tanto no permita que sea ley.

Si bien la regla de la mayoría es básica en una democracia no es la regla de clausura respecto de todo. No lo es, por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales: por mucho que una mayoría circunstancial lo pretenda los derechos humanos no se pueden transgredir. Los horrores ocurridos en el siglo XX reforzaron esta concepción en nuestra tradición jurídica.

Es la Constitución la llamada a resguardar estos derechos y a actuar como límite de las mayorías que pretenden quebrantarlos. Por ello se encuentra por sobre todas las demás fuentes del ordenamiento jurídico. Negar esa supremacía es negar la noción de Constitución.

Para que la supremacía constitucional sea efectiva se debe disponer de mecanismos de control que aseguren su respeto. En el derecho comparado destacan dos modelos.

Por una parte el norteamericano, en donde los tribunales ordinarios pueden negar la aplicación de la ley por considerarla inconstitucional.

Por otro lado, está el modelo austro-germánico (TC), hoy presente en la mayoría de los países europeos, en donde existe un tribunal especial (situado fuera del poder judicial) y especializado, que tiene la facultad de hacer desaparecer del ordenamiento jurídico las normas contrarias a la constitución, actuando como "legislador negativo". Este inmenso poder del TC no permite calificarlo de "tercera cámara", por cuanto no tiene la creatividad que caracteriza al dictado positivo de leyes.

Ciertamente que ambas alternativas son democráticas, a menos que se quiera predicar que países como Alemania o EE.UU. no son democracias.

En Chile se optó por un TC que, siempre es bueno recordarlo, se creó en 1970 y cuyas atribuciones y composición actual se definieron en la reforma constitucional del año 2005.

Si bien nuestro TC es perfectible (creemos por ejemplo que se debe establecer un número impar de ministros y elevar los requisitos objetivos para poder serlo), es imperativo sostener que en tanto órgano en nada atenta contra la democracia sino que, todo lo contario, permite que ésta se desarrolle con respecto a garantías fundamentales que han sido un triunfo de nuestra civilización.

Juan Pablo Rodríguez

Director ejecutivo Fundación P!ensa

La aparición de nuevas corrientes políticas y el resurgimiento de antiguas nos ha hecho recordar lo tosca que es la clasificación binaria entre derecha e izquierda. Siempre ha sido extraño que se considere de extrema derecha al partido cuyo nombre completo es Nacional Socialista Obrero Alemán o al que fundó el dirigente socialista Benito Mussolini.

Pero esos hechos nos recuerdan también la inconsistencia ideológica de los partidos que han representado a esos bandos. En torno a 1980 los partidos de derecha se decantaron por una clara adhesión al liberalismo económico, que combinaron con el conservadurismo en los asuntos llamados "valóricos". Al frente había una izquierda que apuntaba en la dirección opuesta en ambas materias. Era la derecha de Reagan y la izquierda de Mitterand. Ambas favorecían la libertad en algunos ámbitos y la negaban en otros.

Los intentos de superación de esa inconsistencia comenzaron desde partidos de izquierda, que, ante la abrumadora evidencia de la superioridad del libre mercado sobre el socialismo, experimentaron una nítida liberalización en materias económicas. Era la centro-izquierda de Clinton, Blair y Schröder. Más tarde hubo esfuerzos por volverse coherentemente liberales en partidos de derecha, como el Partido Conservador británico, que, liderado por David Cameron, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo al tiempo que dinamizó la economía. Poderosas fuerzas centrípetas parecían converger hacia una suerte de centro liberal.

El escenario político posterior a la Gran Recesión no sólo ha visto renacer una izquierda nítidamente socialista. También ha dado lugar a una derecha que busca librarse de la inconsistencia por la vía contraria a la de Cameron: uniendo conservadurismo cultural y nacionalismo con algunas políticas económicas y sociales de izquierda, situándose así en una suerte de centro ilibileral. Es lo que ha hecho Trump con su hostilidad hacia el libre comercio internacional y Theresa May con la resurrección de la política industrial en el Reino Unido. Por fortuna, también estamos presenciando interesantes ensayos liberales, como los que lideran Justin Trudeau en Canadá y Emmanuel Macron en Francia.

Los dos caminos por los que la derecha puede moverse hacia el centro quedaron bien plasmados en la reciente primaria de Chile Vamos. Las posiciones opuestas de Ossandón y Kast en materia de matrimonio homosexual, inmigración y gratuidad de la educación superior encarnan la vía iliberal y la liberal. Por fuera de esa coalición la deriva liberal ha sido impulsada fuertemente por Amplitud, liderada por Lily Pérez, que votó en solitario contra la recesiva reforma tributaria del gobierno, y dio un apoyo decisivo en el Congreso a la sustitución del sistema electoral binomimal y a la despenalización del aborto en las conocidas tres causales. A ello se suma la coalición que dicho partido ha formado con Ciudadanos de Andrés Velasco, que converge al centro liberal desde la izquierda.

La competencia entre los intentos liberales e iliberales por escapar a la inconsistencia de la dicotomía tradicional de derecha e izquierda será probablemente una de las disputas políticas más relevantes de los próximos años.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso

La polémica desatada por el rechazo en la Cámara de Diputados al informe de la Comisión Investigadora del Sename II, con serias acusaciones de lobby gubernamental para supuestamente blindar a la exministra de Justicia Javiera Blanco, pudo haber invisibilizado el verdadero problema subyacente en el tratamiento que se les da, de forma general, a los menores en Chile y, en términos específicos, a los mismos chicos en la Región de Valparaíso. Desde el Refugio de Cristo, aquella tremenda obra regional liderada por el empresario automotriz Eduardo Kovacs y el carismático cura Enrique Opaso, la decisión es vista desde la perspectiva del vaso medio lleno como la gran oportunidad de reformar el sistema, el cual al menos ya se reconoce como colapsado, horadado y en franco estado crítico.

Básicamente, para los 136.767 niños, niñas y adolescentes insertos en el Servicio Nacional de Menores existen hoy 778 organismos colaboradores, 248 residencias (el 22% de éstas vinculadas a la Iglesia Católica), con 7.315 niños, niñas y adolescentes bajo este último régimen. El Refugio de Cristo, por su parte, atiende actualmente a 215 niños y jóvenes de la Región.

De acuerdo al anuario 2015 del Sename, son 186.265 los programas o atenciones realizados, 92.601 programas en organismos colaboradores, 600 programas de adopción y 93.064 de justicia juvenil, los que a contar de la reforma al sistema anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet serán separados -cosa tremendamente lógica, por lo demás- entre los ministerios de Justicia y Desarrollo Social, dependiendo de las naturalezas del programa en cuestión (uno para infractores y otro para vulnerados).

En términos pecuniarios la subvención estatal mensual por niño en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) es de $1.600.000, a simple vista una diferencia demasiado marcada con los $331.426 que recibe por niño el citado Refugio de Cristo. En cifras, esto significa que el Sename subvenciona el 38% de los $1.800 millones que desembolsa el Refugio anualmente.

Las siempre odiosas comparaciones llevan también a un sano y lógico cuestionamiento sobre el destino de los dineros: respecto del presupuesto anual de $285 mil millones, los organismos colaboradores se llevan poco más del 40%; las 15 ONG existentes, un 49%; y 274 de los hogares, poco más del 10,5%. El Refugio de Cristo, en tanto, consume el 0,1% del presupuesto anual del servicio. Cabe precisar asimismo que la división de esta misma cifra por cada uno de los más de 136 mil niños, niñas y adolescentes del sistema arroja una cifra superior a los $2 millones mensuales por menor.

Hoy, por espantoso que suene, el Refugio de Cristo no puede aceptar responsablemente un solo niño más en sus seis hogares de Quilpué, Villa Alemana, La Calera, Quillota, Limache y La Cruz.

A diferencia de sus antecesores, el cura Opaso ha optado por meterse en las entrañas de la batalla grande, la de intentar modificar el sistema desde adentro y para todos, no sólo para los suyos.

El tiempo (obviamente, también el Gobierno, el Congreso y los propios niños) dirán si tuvo la razón en su apuesta.