Belén Velásquez Neracher

El pasado 12 de junio del 2017, la Contraloría Regional emitió el preinforme que exponía graves deficiencias en los ingresos percibidos y gastos ejecutados entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo del 2017 por parte de la Municipalidad de Valparaíso. Tras conocer las conclusiones del documento, el alcalde porteño Jorge Sharp solicitó el informe al órgano contralor y ordenó a los distintos departamentos municipales involucrados que emitieran respuestas a las observaciones hechas por el ente fiscalizador.

Por tal motivo, fueron 80 oficios municipales los que la administración Sharp entregó a la Contraloría con el fin de cooperar en el establecimiento de eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales.

En esa línea el órgano contralor emitió, con fecha 27 de julio, el Informe Final N° 388 de 2017, donde se ratificó lo expuesto anteriormente. "La Municipalidad de Valparaíso no ha aportado antecedentes suficientes que permitan levantar o subsanar las situaciones observadas en el Preinforme de Observaciones N° 388, de 2017, por lo que éstas se mantienen", estipuló el documento.

En este contexto, la Unidad de Control Externo de la Contraloría cuestionó los pagos realizados por el municipio por una suma total de $148.485.467, los que tuvieron como destino la empresa Total Transport S.A., la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), y la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A. Debido a ello, el ente fiscalizador remitirá los antecedentes recogidos al Ministerio Público, como también iniciará juicio de cuentas y solicitó el inicio de sumarios, para así perseguir sanciones para los responsables de los hechos.

Según detalla el documento, Total Transport S.A. recibió $52.483.377 por concepto de mantención de bateas inexistentes y por el arriendo de un set de equipos complementarios a minicargadores que habían sido devueltos por desuso a la maestranza de dicha firma.

La Cormuval, en tanto, obtuvo la cantidad de $48.142.927 por remuneraciones de personas respecto de las cuales no hay documentos que acrediten los trabajos realizados; y en cuanto a la Compañía Penta Security, la Contraloría cuestiona la suma de $47.859.163 por excesos en concepto de primas y por asegurar vehículos que no son de propiedad municipal.

En este sentido, la Contraloría estimó que podrían existir eventuales delitos penales, por lo que remitirá los antecedentes expuestos a la Fiscalía Local de Valparaíso.

Sin perjuicio de lo anterior, el fallo estableció que el municipio le adeuda $273.642.761 a Total Transport S.A. por servicios que no fueron prestados de parte de la empresa. Irregularidad que tendría su origen en las bases estipuladas en el contrato, por lo que el órgano contralor solicitó iniciar un procedimiento disciplinario que establezca eventuales responsabilidades administrativas. En forma paralela también enviará estos antecedentes al Ministerio Público ante la presencia de un eventual fraude al fisco.

"El contrato en examen ha sido tratado por las partes como una prestación por la que debe pagarse una suma única, independientemente de si se realizan o no mantenciones mensuales a los vehículos y maquinarias municipales", dice el documento, estableciendo que se le debe informar dentro de 15 días hábiles que se inició el sumario solicitado, el cual deberá arrojar resultados antes de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del documento.

Por otro lado, la Contraloría detectó que entre enero de 2013 y noviembre de 2016, el municipio porteño pagó $6.276.474.033 a la empresa Total Transport por arriendo de vehículos y maquinarias.

Sin embargo, en base a un estudio de mercado, el ente fiscalizador estableció que la compra de los vehículos hubiese tenido un valor que bordea los $4 mil millones, razón por la cual ordenó adoptar medidas que apunten a la eficiencia y eficacia de los caudales públicos.

"Cifra que, como puede advertirse, resulta menor al monto de $6.276.474.033 -que comprende la suma pagada y lo adeudado por tales servicios desde el año 2013 al 2016- en cuatro de los 10 años que dura el contrato en comento", asegura el documento.

Respecto de los seguros contratados a Penta Security para vehículos que no eran de propiedad municipal, lo que significó un pago de casi $30 millones, la Contraloría estableció que la situación "no se ajusta al principio de legalidad que rige a los servicios de la Administración del Estado, incluidas las Municipalidades".

Agregó que "se encuentran 14 camiones pertenecientes a las empresas Maquinarias Fullmaq Limitada, Total Transport S.A. y Gestión Integral de Residuos S.A.", por lo que se ordenó que la casa edilicia adopte medidas para evitar la repetición de esta falta, lo que será evaluado en una futura fiscalización.

En cuanto a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Eagle Care, la que estaba a cargo del aparcadero municipal desde noviembre del 2014, en base a la licitación denominada Concesión Servicio Corrales Municipales para la Comuna de Valparaíso, la Contraloría concluyó que no se cumplía lo estipulado en el contrato. Éste indicaba que la firma debía pagarle mensualmente al municipio el 30% de las ganancias obtenidas, lo que no se cumplió y el municipio no intentó resolver.

"Por concepto del 30% de los ingresos que Eagle Care debe pagar al municipio en el contexto de la concesión que se analiza, se encuentran subvalorados por cuanto éstos fueron calculados sobre la base de ingresos netos percibidos y no por el bruto, como lo estableció el numeral 22 de las bases administrativas que regularon ese certamen", indicó el Informe Final, donde se precisó que la falta significó un perjuicio económico de $1.248.297 que afecta a la Municipalidad.

En la misma línea, el documento del órgano contralor estableció que Eagle Care no declaró el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por un determinado periodo, motivo por el cual la irregularidad será puesta en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Se comprobó que la mencionada empresa Eagle Care no declaró IVA, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, y noviembre de 2016, periodo en que generó ventas por $73.755.668, por lo que dicha situación será puesta en conocimiento de ese servicio", afirmó el documento.

También se enviarán antecedentes al SII por el contrato que la Municipalidad realizó con la productora Claudia Varas Quintana, "por un valor de $61.998.500, siendo dichos servicios proveídos por la Sociedad Comercial Jorge Flores & Cía. Ltda. y Producciones Audiovisuales María Rosa Flores Pérez, quienes facturaron los mismos conceptos y montos que la citada productora cobró a esa entidad edilicia, situaciones todas que podrían significar una eventual infracción" al Código Tributario.

El Informe de Estado de Observaciones deberá ser entregado en un plazo máximo de 15, 30 y 60 días hábiles según se indica en cada uno de los casos que se detallan en el documento, a partir de la fecha de recepción del mismo.