Como una legislación que ayudará a erradicar la proliferación de cables en desuso calificó el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) al proyecto de ley que regula el tendido en la postación pública y que entrega herramientas a los municipios para su control.

La Cámara Baja aprobó la iniciativa, que pasó al Senado, donde cumplirá su segundo trámite constitucional. El proyecto establece que las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro elemento perteneciente a la red que no se encuentren en funcionamiento, deberán ser retirados de la vía pública por los respectivos concesionarios en el plazo de tres meses, desde que hayan dejado de prestar utilidad "porque muchas veces ninguna empresa se hace responsable".

"Este problema se produce, en gran medida, porque para las empresas de telecomunicaciones resulta más económico dejar en los postes el cable sin uso que retirarlo. En la práctica, las empresas instalan nuevos cables con mejor tecnología, dejando abandonado el cableado antiguo", expuso Urrutia.

Agregó que "por ello que resulta necesario dar solución a este vacío legal a través de un proyecto que precise con claridad la forma en que las empresas de comunicaciones y de distribución eléctrica realizan esta actividad, de modo de evitar el acopio de cables sin uso", añadió el legislador.

El diputado indicó, además, que "lo que se busca es determinar con claridad que aquello que la ordenanza llama a respetar es justamente el buen uso de los tendidos aéreos de cables de comunicaciones, considerando para ello los cables abandonados como residuos de redes de comunicaciones".

La normativa tiene por fin autorizar a las municipalidades para que dispongan tanto las sanciones que resulten pertinentes como el retiro de redes eléctricas y de otros servicios.

"En la práctica, las empresas instalan nuevos cables con mejor tecnología, dejando abandonado el cableado antiguo"

Osvaldo Urrutia, Diputado"

Paolo Navia S.

Hasta la oficina del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ubicada en el edificio consistorial de calle Condell, llegó durante la tarde de ayer el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) para, junto a la máxima autoridad municipal porteña, comentar las principales conclusiones del informe que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso realizó al municipio porteño entre enero de 2015 y marzo de 2017, el cual entregó datos determinantes en materia de gestión municipal.

"A mi juicio, el informe de la Contraloría es perentoriamente claro y además es un informe tremendamente demoledor respecto a las decisiones que se han adoptado en el pasado, pues enumera un sinnúmero de pagos improcedentes en distintas circunstancias, los cuales suman 18 entre servicios no prestados, arriendo de vehículos no operativos y pagos de remuneraciones por servicios no realizados", señaló Lagos Weber.

"un secreto a voces"

En este sentido, el parlamentario solicitó que las instituciones públicas hagan eco del documento emanado por parte del organismo fiscalizador para determinar eventuales responsabilidades de toda índole.

"Yo respaldo este informe de la Contraloría y pido a las instituciones públicas que investiguen estas irregularidades, pues si bien no me corresponde hacer un juicio sobre quién es responsable de esto, pues eso lo van a determinar el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado o los tribunales de justicia, lo que sí me parece es que para una ciudad que tiene una deuda de más de $ 18 mil millones, no puede haber este ingente gasto, improcedente, no justificado y que habla de los volúmenes de cómo se ha administrado Valparaíso durante mucho tiempo, pues algo que era un secreto a voces, hoy un informe lo pone en blanco y negro", argumentó el senador PPD.

Defensa corporativa

En esta línea, y tras la publicación en este Diario de una entrevista a Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, donde señaló que el exalcalde Jorge Castro estaba ratificado como candidato a diputado, argumentando que no cometió ninguna irregularidad mayor, el senador Lagos Weber hizo un llamado a no generar lo que, a su juicio, son defensas corporativas.

"Yo pido que nadie haga defensas corporativas como la realizada por Jacqueline Van Rysselberghe, y más bien yo le daría la oportunidad, cuando corresponda, al exalcalde Jorge Castro de concurrir con su versión y ayudar a tener claridad respecto de lo que ocurrió", argumentó la autoridad.

A su vez, y sobre las medidas adoptadas por la administración de Jorge Sharp tras conocerse las conclusiones del informe de la Contraloría, Lagos Weber expresó que "una vez que un organismo, como la Contraloría General de la República, emite un informe tan categórico y lapidario, yo creo que el alcalde Sharp no tenía otra opción que poner estos antecedentes en las manos que correspondan para hacer efectivas las responsabilidades, pues la deuda ya está y los pagos ya se hicieron, y ahora queda ver quién autorizó esos pagos y bajo qué condiciones".

Pese a que la elección de gobernadores regionales ya quedó descartada para llevarla a cabo este año junto a las presidenciales y parlamentarias, su tramitación no se ha detenido en el Congreso, y esta semana el Senado aprobó por 30 votos a favor y una abstención la Ley Orgánica Constitucional (LOC) que regulará la elección de las nuevas autoridades.

De esta manera, la iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, quedó lista para iniciar su discusión en particular en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, para lo cual se dio plazo hasta el 14 de agosto para que los senadores puedan presentar indicaciones.

Tras la sesión, el senador Ricardo Lagos Weber destacó "que haya quedado amarrado que para poder elegir a alguien tienen que estar claras las atribuciones y recursos", aunque advirtió que "este proyecto requiere mucho trabajo para distinguir al delegado presidencial y el gobernador que elijamos".

Por su parte, el senador Francisco Chahuán remarcó que "esta es 'la' reforma a la administración del Estado de los últimos 30 años y celebró el impulso dado desde el Congreso y la voluntad de la Presidenta en avanzar en una reforma estructural".

La senadora Lily Pérez sostuvo que "es un paso adelante, otra cosa es el proyecto de atribuciones, recursos, pero estamos votando la elección y soy partidaria, porque hace la diferencia tener una autoridad electa a un funcionario electo por el Ejecutivo de turno. Claro que es importante que sea la región la que elija".

En tanto, la comisión mixta que discute la ley de transferencia de competencias hacia las nuevas autoridades comenzará este lunes 7 de agosto a votar los artículos correspondientes y a dirimir las controversias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados en esta materia. La sesión se iniciará a las 18 horas.

"Es un paso adelante, otra cosa es el proyecto de atribuciones, recursos, pero estamos votando la elección"

Lily Pérez, Senadora"