Cristian Rojas M.

El año en curso es clave para la Universidad Santo Tomás (UST) y su Instituto Profesional. Están en medio de un proceso de reacreditación donde pretenden obtener, como mínimo, cuatro años, con lo que cumplirían uno de los requisitos para poder adscribirse a la gratuidad. Este aspecto es fundamental para el estudiantado ya que un gran porcentaje de alumnos financia sus carreras a través de créditos y becas. Sin ir más lejos, el 70% estudia con Crédito con Aval del Estado, y uno de los impedimentos para optar a la gratuidad es que actualmente ambos estamentos de la institución están acreditados por tres años.

El rector de la sede viñamarina de la UST, José Weinborn, tiene una visión crítica sobre varios aspectos de la reforma a la educación que se está tramitando en el Congreso, y explica que, en términos generales, no está de acuerdo "con la manera en que se ha llevado adelante este tema, pues desde su génesis se ha intentado imponer una visión que no considera la opinión de todos los actores del sistema de educación superior chileno. Eso ha provocado que no se generen consensos y que, por lo mismo, sus resultados no hayan dejado conforme prácticamente a nadie, ni siquiera a los que en teoría aparecen como más beneficiados con esta reforma".

No obstante, aclara, sí está de acuerdo "en que la educación superior de nuestro país debe apuntar siempre a mejorar sus estándares en todas las áreas y así lo hemos hecho en Santo Tomás, pasando de ser, por ejemplo, una universidad exclusivamente docente a una con proyección en investigación. La misma orientación tiene nuestro trabajo en el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica".

Weinborn subraya que "estos avances se vienen gestando incluso antes de iniciarse el debate por la reforma a la Educación Superior, pues en Santo Tomás pensamos que el crecimiento de las instituciones de educación debe ser entendido como un proceso constante que no está condicionado por la obligatoriedad de la acreditación, sino porque desde su propia naturaleza están llamadas a evolucionar y a adecuarse a las exigencias de una sociedad siempre cambiante".

- ¿Qué parte del proyecto de reforma le merece mayores reparos?

- Lo que nos parece más criticable es que se pretenda que de la noche a la mañana todas las instituciones se transformen en entidades complejas, olvidando que para lograrlo deben transitar por un largo camino que no puede estandarizarse. Algunas demorarán más que otras, simplemente porque hoy no todas presentan las mismas condiciones. Esto suena a obviedad, pero pareciera que para algunos no lo es. Pretender que ahora todas respondan a los mismos estándares, sin respetar sus procesos y, por el contrario, castigando a quienes no cumplan en un plazo acotado, nos parece una visión errónea. Además, no debemos olvidar que en ningún país del mundo todas las universidades son complejas. Ni en Estados Unidos, que posee el sistema más reputado de Educación Superior, existen sólo universidades complejas, son siempre una minoría.

- ¿Concuerda con el fortalecimiento a las universidades estatales?

- No. De hecho, nuestra principal crítica es que este proyecto de ley establece una supremacía del Consejo de Rectores que no tiene mayor justificación. Por lo mismo, planteamos que el Consejo de Rectores debería ser ampliado a todas las instituciones de Educación Superior, incluyendo capítulos de universidades y otros de institutos profesionales y centros de formación técnica. Este proyecto establece en teoría ciertas vías para que otras universidades puedan ingresar al Consejo de Rectores, aunque en la práctica será casi imposible lograrlo y seguirá siendo un ente de carácter cerrado y excluyente. Entonces, tenemos por un lado un proyecto que obliga a todas las universidades a convertirse en entidades complejas, pero al mismo tiempo establece diferencias entre unas y otras.

Junto a lo anterior, debemos señalar que el proyecto que ha avanzado en el Congreso puede calificarse prácticamente como una ley diseñada exclusivamente para las universidades, porque casi no se refiere a la Educación Superior Técnico Profesional, que queda relegada a un plano muy secundario que no se condice con el crecimiento que ha experimentado en nuestro país durante los últimos años.

- ¿Cree que puede ser perjudicial para la UST no estar adscrita a la gratuidad, en el sentido de captar menos alumnos, por ejemplo?

- Desde que se viene discutiendo la reforma a la Educación Superior, la matrícula no se ha visto mermada en la sede Viña del Mar de Santo Tomás, ni tampoco a nivel nacional. Entonces, no podríamos decir que ha habido un impacto negativo en términos de ingreso de alumnos nuevos. Sí podemos señalar que no estar adscritos a la gratuidad puede afectar en términos de imagen, pues a través de campañas publicitarias se ha intentado imponer una visión simplista en la cual se divide a las instituciones entre "buenas" y "malas" dependiendo si se han incorporado o no a la gratuidad. A pesar de no haber sido afectados, creemos que es una actitud que no corresponde porque de alguna manera se está desconociendo el trabajo realizado por años, y que en nuestro caso se ha caracterizado por entregar alternativas a un segmento de la población que de otra manera no tendría acceso a la educación superior.

- ¿El IP y el CFT tampoco se sumarán a la gratuidad?

- Actualmente, tanto Universidad como Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional cuentan con una acreditación institucional de tres años, lo que de acuerdo a las exigencias vigentes nos impide optar a la gratuidad aunque quisiéramos hacerlo. Sí debemos señalar que durante este año la Universidad y el Instituto Profesional están enfrentando su quinto proceso de acreditación y obviamente esperamos ser certificados por un periodo mayor, ojalá de cuatro años como mínimo, para así poder optar a la gratuidad.

- ¿Podría impactar la gratuidad en los sistemas de crédito con que la UST apoya a sus alumnos?

- Por ser instituciones acreditadas, nuestros estudiantes pueden optar a todos los beneficios que otorga el Estado en ese sentido, y muchos lo hacen. Además, un porcentaje no menor accede a créditos y becas internas de Santo Tomás. Lo que nos parece positivo es que en la Cámara de Diputados se aprobó que la anunciada eliminación del CAE debe venir acompañada por un sistema que lo reemplace. No nos parece adecuado, ni justo, dejar fuera de un sistema de financiamiento apropiado a jóvenes que no pueden acceder a la gratuidad y se les hace muy oneroso costear directamente su educación.

- ¿Espera que la reforma se apruebe antes de que termine este Gobierno o cree que es mejor no apurar la discusión y que ésta pase hasta el próximo periodo presidencial?

- Hemos visto cómo se ha intentado apurar el debate, olvidando que se trata de una reforma que provocará una transformación enorme en el sistema educacional chileno, para la cual todos sus actores deberían ser consultados en busca de consenso. Eso no ha ocurrido. En ese sentido, creemos que lo más sensato sería que esta reforma demore todo el tiempo que deba demorarse, sin importar si finalmente la ley es promulgada en este Gobierno o en el siguiente. Estamos hablando de un cambio radical para la sociedad chilena, entonces no se puede actuar en base a cálculos electorales o políticos.

- ¿Qué espera, como universidad privada, IP y CFT, que incluya la reforma?

- La verdad es que en Santo Tomás concordamos con la necesidad de apuntar a una mejor calidad de la Educación Superior en todos sus ámbitos. También -y así lo hemos dicho en reiteradas oportunidades- creemos que la gratuidad es un mecanismo justo sólo para quienes no tienen los recursos para costear sus estudios superiores. Esto debería ir acompañado de un buen sistema de crédito para el resto de los estudiantes. Eso sí, la gratuidad debería ser un beneficio enfocado en los alumnos, no en las instituciones.

Pero sí nos gustaría que la reforma incluya que este mejoramiento de la calidad de las instituciones no puede estar sujeto a plazos inflexibles. El proyecto actual pone énfasis en castigar a las instituciones que no cumplan con los estándares exigidos, como son los cuatro años de acreditación, pero poco y nada dice del camino que deben recorrer esas instituciones para alcanzar esos estándares. Creemos que la ley debería entregar fórmulas para acompañar y asesorar a las instituciones que aparecen más atrasadas, pero no amenazarlas con castigos que -desde una mirada extremista- podrían desencadenar su desaparición.

- ¿Han tenido contacto con otros planteles privados para llevar su postura al Congreso o al Mineduc?

- Sí, hace poco tiempo junto a representantes de Inacap, AIEP y Vertebral (Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados) sostuvimos una reunión con el senador Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, para manifestarle nuestra preocupación por el rumbo que tomó el proyecto de ley que reforma la educación superior. En ese sentido, creemos necesario que nuestra voz comience a ser escuchada, pues hasta el momento el debate ha sido monopolizado por las universidades "tradicionales" (estatales y privadas) del Consejo de Rectores, dejando sin espacio a las instituciones que no pertenecen a ese grupo, pero que concentran una gran cantidad de alumnos, muchos de ellos pertenecientes a los grupos socioeconómicos que esta reforma pretende beneficiar.

Además de este acercamiento con el Senado, como Santo Tomás seguimos entregando nuestro parecer a través de las agrupaciones que nos representan, como la ya mencionada Vertebral en el caso de IP y CFT, y la Corporación de Universidades Privadas (CUP) en el caso de UST.

"Esperamos ser certificados por un periodo mayor, ojalá de cuatro años como mínimo, para así poder optar a la gratuidad"."

"Tenemos por un lado un proyecto que obliga a todas las universidades a convertirse en entidades complejas, pero al mismo tiempo establece diferencias entre unas y otras"."