La ex directora del Sename, Marcela Labraña, renunció a su candidatura parlamentaria luego de ser citada a declarar en calidad de imputada por la muerte de Lissette Villa, ocurrida el 11 de abril de 2016 en el centro Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino de Estación Central, en Santiago.

Labraña testificará ante el fiscal Marcos Emilfork en el marco de las investigaciones por el denominado "Caso Sename", que indaga sobre la muerte de 1.313 menores a cargo del organismo en los últimos 12 años. La audiencia se realizará este martes en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a las 10:00.

La militante por el Partido Demócrata Cristiano renunció al Sename el 22 de abril del año pasado tras ser cuestionada por su gestión frente al caso, ya que luego de que se conoció la noticia de Lissette, aseguró que la niña de 11 años había fallecido tras descompensarse al no recibir visitas de sus familiares.

"Tenemos que entender que estamos hablando de una niña de 11 años. Cuando a un hijo uno no lo va a buscar al colegio, se pone ansioso, imaginen a una niña que está esperando todo un mes o mucho más tiempo y esa persona no llega. Eso genera un estrés. Ella tenía un estrés post traumático de un abuso sexual intrafamiliar, y el día domingo estaba esperando que la fuera a visitar un pariente muy cercano a ella, eso hizo que se descompensara", indicó en ese entonces.

Ante esta citación, Labraña desistió de su postulación al Congreso, luego de que ya había sido confirmada como candidata a diputada de la DC por el Distrito 12 que abarca las comunas capitalinas de Puente Alto, La Florida y La Pintana.

La ahora ex candidata es investigada por su eventual responsabilidad en los apremios sufridos por Lissette ya sea por omisión o acción. En la causa, ella está querellada por el abogado de la madre de la menor, Sebastián Lafaurie, en calidad de encubridora, quien solicitó que declare como imputada.

En particular, los fiscales han centrado su atención en determinar cuándo se enteró por primera vez de las contenciones físicas que sufrió Lissette el día de su muerte, y cuánto demoraron esos antecedentes en llegar al Ministerio Público.

Un nuevo atentado incendiario se registró durante la madrugada de ayer en la Región de La Araucanía, incidente que terminó con 18 camiones quemados, lo que constituye el mayor ataque de este tipo a la fecha en la zona. Ante esto, el Gobierno invocó a la ley anti terrorista y anunció que se querellará contra aquellos que resulten responsables.

El hecho ocurrió cerca de las 3:00 en Temuco, cuando alrededor de una docena encapuchados llegó a las dependencias de la empresa. Allí, luego de intimidar a los trabajadores que se encontraban en el lugar, procedieron a prenderle fuego a los vehículos que pertenecían a la empresa Transportes Calafquen, que presta servicios a Lucchetti.

El general jefe de la Novena Zona Policial, Christian Franzani, confirmó que se están desarrollando múltiples pericias para dar con los autores y detalló que los antisociales "ingresaron por la parte posterior de esta empresa aproximadamente cuatro individuos y después se sumaron seis o siete individuos más". Franzani agregó que "con líquido acelerante procedieron a rociar todos los camiones que estaban en el lugar. Posteriormente se dieron a la fuga por la parte posterior".

De acuerdo a los primeros antecedentes, el ataque fue perpetrado por el grupo mapuche denominado "Weichan Auka Mapu", quienes dejaron un lienzo en el lugar.

La Intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos Cárdenas, informó que el Gobierno presentó una demanda invocando la Ley 18.314, llamada habitualmente ley antiterrorista.

"Nosotros no sólo repudiamos este tipo de hechos, sino que nos hacemos parte, nos querellamos, facilitamos la investigación. Queremos que las personas que están detrás de estos atentados sean detenidas, llevadas a tribunales y sancionadas con mucho rigor", señaló la primera autoridad regional.

Además, Barrientos aseguró que "Carabineros está recabando los antecedentes que permitan la identificación de los responsables de este nuevo hecho policial, que genera no sólo el rechazo de las autoridades, sino también de comunidades Mapuche, que ven como sus legítimas reivindicaciones se usan para justificar la realización de atentados".

Luego fue la propia ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, la que declaró que "como Gobierno condenamos de manera decidida todo acto de violencia que suceda en esa región del país o en cualquier parte".

"Respecto de ese acto específico, el Gobierno ha decidido querellarse. Hay un trabajo que se está haciendo coordinado con las autoridades policiales, también con el Ministerio Público en esa región para que luego de la tipificación del delito que haga el Ministerio Público, el Ministerio de Interior se querelle de acuerdo con aquello", detalló la Secretaria de Estado.

Las pérdidas a raíz del ataque se estimaron en 4 millones de dólares. Eso, sumado a la violencia del acto, tiene en vilo al gremio de transportistas. Por lo mismo, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) señaló a través de su secretario nacional, José Egido, que no se descarta un eventual bloqueo del puerto de Valparaíso y que se produzcan otras acciones en las carreteras del país.

"El bloqueo del puerto de Valparaíso no está contemplado, sin embargo vamos a ver cómo se eleva la temperatura de nuestros pares y no se descarta que en algún momento pueda haber algún tipo de acción, no sólo en este puerto, sino que en las carreteras a través del país también. En particular en el sur", dijo a Emol.

Egido también reclamó contra las autoridades que según dijo, han rechazado admitir que este tipo de actos son terrorismo. "El llamado es para que apliquen definitivamente los acuerdos que nos hemos planteado en las infinitas mesas de trabajo", finalizó.