En los últimos días se han producido dos ataques incendiarios en la Araucanía. En el primero de ellos fueron consumidos por el fuego 19 camiones. En el segundo la destrucción de las llamas se extendió a 29. El resultado, millones de dólares en pérdidas materiales sin contar con el eventual compromiso de fuentes laborales. A lo anterior se suma el clima de inseguridad que se genera en esta parte del país y la impunidad con la que se actúa, sin que la policía y el Ministerio Público hayan logrado detener efectivamente este tipo de actividades.
Siempre he creído que este tipo de violencia no puede ser atribuida al pueblo mapuche ni resta legitimidad a sus reivindicaciones históricas, por lo que éstas no pueden ser entredichas a la luz del camino de la violencia que han elegido ciertos grupos, de seguro minoritarios. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, deuda que debe ser saldada por medio del diálogo y bajo una perspectiva de derechos humanos.
En este contexto, el fiscal nacional, usted lee bien, el fiscal nacional, el abogado Jorge Abbott, señaló a un medio de prensa "que existan 35 camiones, que exista un dispensador de bencina y una sola persona que esté custodiando esos bienes me parece francamente una decisión de los empresarios que no dice relación con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en esa región", agregando además: "Uno esperaría que existieran cámaras y mayor vigilancia, ellos también tienen que hacerse cargo de los riesgos que generan sus actividades comerciales".
En definitiva, según la opinión de la máxima autoridad del Ministerio Público, su fiscal nacional, es deseable que los particulares "se hicieran cargo de los riesgos que generan sus actividades comerciales".
Estas declaraciones son particularmente preocupantes y graves. Por un lado, dejan entrever un intolerable traslado de la culpa a la víctima del delito. Es decir, para Abbott, en el marco de un Estado de Derecho, parte de la responsabilidad de sufrir el delito es de la víctima del mismo. Algo acá no cuadra, ¿verdad? Por otro lado, estas declaraciones pueden ser tomadas como una invitación de una importante autoridad estatal, nada menos que el fiscal nacional, a efectivamente "hacerse cargo de los riesgos que generan las actividades comerciales". La pregunta es: ¿Hasta dónde los empresarios tienen que hacerse cargo de estos riesgos? ¿Será necesario contratar cuadrillas armadas para vigilar y proteger estos bienes?
Como se puede apreciar, estas declaraciones del fiscal Abbott, seguramente influidas en la desesperación de no haber tenido un resultado exitoso en las gestiones propias del Ministerio Público en la Araucanía, son, a lo menos, imprudentes. La cuestión es: ¿Puede el fiscal nacional ser imprudente a este nivel? Creo que no.
Jorge Astudillo
Abogado y docente UNAB