Para la población los temas prioritarios que deben ser resueltos son delincuencia, salud y educación. En ese orden, con altos porcentajes de mención de acuerdo a los resultados de la encuesta CEP dados a conocer el viernes pasado.
Pero pareciera que el tema de la seguridad no está siendo acometido con la prioridad que exige la gente. Ello se podría afirmar tras conocer la decisión de la Dirección de Presupuesto de no otorgar recursos para un proyecto de adquisición de equipos computacionales y tecnología destinados a la PDI, iniciativa que había sido aprobada por el Consejo Regional de Valparaíso, CORE.
La Comisión Seguridad Ciudadana y Protección del CORE informó que la propuesta, inversión de más de $ 700 millones, no podría lograr fondos regionales debido a que no se pueden aprobar proyectos de compras a instituciones, en este caso la PDI, que tiene glosas contempladas con los mismos fines en la Ley de Presupuesto.
Felicindo Tapia, presidente de la Comisión expresó su molestia por el rechazo y acusó a la Dirección de Presupuesto de actuar con centralismo.
Rebatiendo los alcances de la decisión, Mauricio Araneda, vicepresidente de la Comisión, manifestó que los argumentos del órgano oficial son "inexplicables, porque por muchos años hemos aprobado fondos similares, tanto para la PDI como para otras entidades".
En verdad resulta inexplicable el cambio de criterio del organismo central y también es lamentable ya que se requieren herramientas para combatir la delincuencia que no sólo es una inquietud teórica expresada en el señalado estudio, sino que es una penosa realidad que debe ser combatida en todos los frentes.
Es evidente que las policías requieren de medios para actuar en terreno, buenos cuarteles y más dotaciones, pero también es esencial incorporar en la su tarea la tecnología de la información.
Es necesario que las policías, en el plano nacional y local, cuenten con bases de datos actualizadas, con cruce de información procedente de Investigaciones, Carabineros, Gendarmería, Fiscalía y Poder Judicial en general.
Esas bases de datos sobre delincuentes y procedimientos ilícitos, con acceso rápido para las fuerzas de orden, agilizan la tarea en terreno de los funcionarios y, a la vez, con medios actualizados se facilita la persecución de la recurrente ocurrencia de delitos informáticos que van desde lo económico hasta hechos que violentan la intimidad de las personas, especialmente de menores de edad. Así, dentro de inversión pública en seguridad, es ineludible considerar la tecnología, propuesta regional de recursos inexplicablemente desechada.