El pleno de la Corte Suprema accedió a la petición del Ministerio Público y amplió el desafuero del senador Jaime Orpis por nuevos hechos de fraude al Fisco y delitos tributarios en el caso Corpesca.

En cuanto a la supuesta defraudación, se trataría de asesorías externas inexistentes en el Senado, por las que, según la Fiscalía, el desaforado senador pagó $ 48 millones de pesos, los que no estarían justificados.

El órgano persecutor también solicitaba la ampliación del desafuero por nuevos antecedentes de cohecho, pero el máximo tribunal rechazó el punto, estableciendo que como Orpis ya estaba desaforado por ese delito no se justificaba ampliarlo nuevamente.

Según la determinación del máximo tribunal, el Ministerio Público sí podrá informar estos nuevos antecedentes de cohecho y también por los otros ilícitos en una audiencia de reformalización para el parlamentario, que será solicitada prontamente por la Fiscalía.

"Tenemos que esperar que la resolución se encuentre a firme, que se dicte el cúmplase por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y vamos a solicitar la competente audiencia para reformalizar al senador por los hechos nuevos, que fueron materia de la discusión en esta (audiencia) ante juicio", dijo la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

Consultada si es que se pedirá prisión preventiva para el legislador ex UDI, Chong manifestó que "es un tema que tenemos que evaluar".

"Sin perjuicio de aquello, la resolución de la Corte fue clara en términos de señalar que estos antecedentes pueden ser invocados para efectos de discutir modificación o sostenimiento de las medidas cautelares que actualmente mantiene", recalcó.

Por su parte, la defensa del senador afirmó que no hay antecedentes para solicitar la prisión preventiva en su contra y que los máximos tribunales del país fueron claros en señalar que un arresto parcial es una medida cautelar suficiente.

"Nosotros estamos muy tranquilos, todo lo que está en la investigación, incluso lo que ha sido materia de la ampliación del desafuero, estaba en la carpeta de investigación desde el día uno, a juicio de la defensa, aquí no hay nada nuevo", dijo el abogado Sergio Rodríguez Oro.

Según el profesional, "lo que hay es que se está arreglando la carga en el camino, que fue un problema surgido con ocasión de una mala práctica llevada a cabo por el anterior fiscal nacional (Sabas Chahuán), en que, como consecuencia del apresuramiento en la solicitud de desafuero, han tenido ya, por segunda vez, que ampliar la solicitud".

Aunque la Fiscalía dio por agotada la investigación en contra de Orpis y espera la reformalización, su defensa insistió en que hay varias diligencias pendientes, por lo que al discutirse el cierre de la causa solicitarán su reapertura.

El candidato presidencial del pacto Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, ingresó ayer una solicitud al Comité de Auditoría Parlamentaria para que revise las asesorías que ha recibido, luego de que se revelara que habría pagado con recursos públicos documentos copiados textualmente de internet.

"Hoy (ayer) ingresé una solicitud para que se analicen todas las asesorías externas que he recibido desde que asumí mi labor como senador", dijo el abanderado, tras una actividad en un Centro de Salud Familiar en El Bosque.

Guillier adelantó que ese informe lo entregará también a la Comisión de Ética. "Ya se lo informé al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Ética, Andrés Zaldívar y Hernán Larraín, respectivamente, y ese va a ser el conducto que haremos para transparentar y dejar claro este asunto ante la opinión pública", afirmó.

El senador, quien aseguró que las asesorías que ha recabado "no son verbales", criticó la información que ha sido entregada por los medios, que a su juicio es "confusa y no verificada", lo que ha "generado una opinión equivocada". Según agregó, la auditoría se solicitó para "demostrar que esto es absolutamente regular y que las asesorías fueron prestadas sistemáticamente, no son contra informes, sino que es una actividad permanente y que ha sido exhaustiva y se ha cumplido en los términos que yo he solicitado".

Una investigación de radio Bío Bío reveló que Guillier habría cancelado $ 19 millones a la empresa del abogado Omar Beltrán, de la firma Beltrán Asociados Spa, que realizó el "copy paste" de la información, cuyo contenido era posible encontrar gratis en la página web del Senado.

En la controversia entró también el Gobierno, a través de la vocera de La Moneda, Paula Narváez (PS), quien destacó que Guillier "ha dado explicaciones", pero como "el Ministerio Público ha decidido iniciar una investigación", desde el Ejecutivo no se van a "referir al tema". "Los tiempos que corren hoy día reclaman cada vez más transparencia", agregó.

La Fiscalía Oriente decidió ampliar la indagatoria -que ya afectaba a la Cámara de Diputados- y envió el martes un oficio al Senado, luego de que se conociera que un asesor de Guillier respaldó asesorías con informes copiados.

La candidata presidencial Carolina Goic comentó que al Gobierno no le corresponde referirse a este tema, luego de las declaraciones de la ministra Paula Narváez. "Guillier tiene los antecedentes y, así como lo hizo ayer (martes), no me cabe duda de que va a seguir entregando todos los antecedentes que sean necesarios para clarificar la situación", expresó Goic. "Cada senador es responsable de lo que hace respecto de sus asignaciones y no le corresponde al Gobierno pronunciarse en algo donde, probablemente, ni siquiera tiene todos los antecedentes", resaltó.

"Hay una persona que entregó las asesorías. Esa persona tendrá que dar las explicaciones de por qué no hizo las citas"

Karol Cariola, Vocera del comando de Guillier"

"No tenemos nada que ocultar. Ha habido un acto de transparencia total, aquí hay servicios que se cumplieron"

Osvaldo Correa, Jefe de campaña de Guillier"