Paolo Navia S.

Durante la última semana de agosto, la empresa Total Transport S.A., encargada de prestar los servicios de arrendamiento de equipos y maquinaria liviana y pesada, acudió al Primer Juzgado Civil de Valparaíso para presentar una demanda ejecutiva en contra de la Municipalidad de Valparaíso, en la cual exige que se despache un mandamiento de ejecución y embargo contra el municipio por una suma superior a los $ 5 mil millones.

Este requerimiento judicial alude a un presunto incumplimiento del "Convenio de Pago de Deuda en Cuotas", firmado el 17 de noviembre de 2016, durante la gestión del exalcalde Jorge Castro, por los servicios prestados entre marzo de 2015 y agosto de 2016, acuerdo que pactó el pago de la deuda en 84 cuotas reajustables por un monto de 2.246,45 UF cada una, IVA incluido, exigibles a partir de enero de 2017.

Este compromiso de pago no se cumplió dada la publicación del informe que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso realizó al municipio porteño entre enero de 2015 y marzo de 2017, que cuestiona el contrato entre ambas partes.

Ante este escenario, y tras conocer los detalles de la demanda interpuesta por Total Transport, durante la jornada de ayer el municipio porteño entregó su respuesta al requerimiento judicial.

"La Municipalidad de Valparaíso opuso excepciones con el objeto que las mismas sean acogidas y que se rechazara la demanda ejecutiva interpuesta por Total Transport", precisó en una primera instancia Paulo Gómez, director del Departamento de Comunicaciones del municipio.

En esta línea, y tras ser consultado sobre los argumentos que el municipio esgrimió para responder a la demanda, explicó que el principal sustento de las respuestas se basa en el informe que la Contraloría General de la República efectuó al organismo municipal durante el presente año.

"Dentro de otros argumentos, principalmente se alegó la nulidad de obligación contenida en el "Convenio de Pago" debido a diversos vicios e infracciones a normas de derecho público y prohibidas por ley, las cuales fueron representados a la municipalidad por la Contraloría General de la República a través del Informe de Auditoría N° 388 de 2017", precisó Gómez.

A su vez, el director municipal añadió que "como es sabido, dicha auditoría determinó que a la empresa Total Transport S.A. se le efectuaron pagos por parte del municipio por el concepto de mantención de bateas inexistentes y por el arriendo de un set de equipos complementarios a minicargadores, en circunstancias que a cada uno de esos desembolsos, tales implementos habían sido devueltos por desuso a la maestranza de la referida empresa en diciembre de 2013, no dándose cumplimento al contrato y, por tanto, no encontrándose suficientemente acreditado el gasto señalado, es decir, se efectuaron pagos por servicios no prestados".

Finalmente, y en relación al no pago del "Convenio de Pago" a la empresa Total Transport, Gómez puntualizó que el municipio no ha cancelado los servicios por contraerse bajo el amparo de un consentimiento viciado.

"Señalamos que la obligación de pagar contenida en el título ejecutivo es nula, porque se contrajo al amparo de un consentimiento viciado, por incurrir en un error esencial, que obsta a la formación de un consentimiento válido, razón por la cual dicha supuesta obligación no puede servir de base para fundar un título ejecutivo como el que cimienta la demanda ejecutiva que ha sido interpuesta en nuestra contra", señaló el director del Departamento de Comunicaciones del municipio porteño.

En tanto, desde el Concejo Municipal de Valparaíso se mostraron preocupados por las consecuencias que puede generar el conflicto judicial que actualmente protagonizan la empresa Total Transport S.A. y el municipio porteño.

"Es un tema sumamente delicado, y así se lo hemos comunicado al alcalde Jorge Sharp", declaró el concejal Luis Soto (UDI).

En este punto, el edil añadió que "mi preocupación tiene que ver con la ciudadanía, pues la principal labor del municipio tiene relación con la extracción de la basura domiciliaria y también con la limpieza de la ciudad y de los desechos del sector comercial. Y si eso no se cumple, tendremos graves problemas".

A su vez, el concejal gremialista anticipó los graves inconvenientes que, según su opinión, se podrían generar si es que a raíz de la demanda, Total Transport decide retirar la maquinaria que actualmente presta al municipio porteño, dejando de efectuar los servicios para los que fueron contratados.

"Si a raíz de la demanda la empresa Total Transport decide quitarle al municipio su maquinaria y no efectuar los servicios vinculados al aseo, la verdad es que el escenario será muy complejo y, personalmente, creo que a los pocos días se generaría una alerta sanitaria, pues el municipio no cuenta con los implementos ni los recursos necesarios para asumir el plan de aseo por cuenta propia", señaló Soto.

"Señalamos que la obligación de pagar contenida en el título ejecutivo es nula, porque se contrajo al amparo de un consentimiento viciado"

Paulo Gómez, Director del Departamento, de Comunicaciones"

"Si a raíz de la demanda Total Transport decide quitarle al municipio su maquinaria y no efectuar los servicios, el escenario será muy complejo"

Luis Soto, Concejal porteño (UDI)"

mil millones es el $ 5

monto que la empresa Total Transport exige que le cancele el municipio porteño. 28

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