"El debate de los Mil Tambores es por la dignidad del espacio público, con una comunidad que quiere recuperarlo"
Juan Carlos García Pérez de Arce
Arquitecto
"La gestión del exalcalde Jorge Castro no hizo caso a lo que dijo la Contraloría"
Ricardo Lagos Weber
Senador, por caso Parque Pümpin
Anoche, poco antes de la conclusión del segundo acto en la función del teatro, un marinero inglés trabó bulliciosa pendencia con otro de la misma nacionalidad. Al presentarse un cabo de policía, trató de atacarlo, insultó a un oficial, y por último, cuando era sacado del recinto y llevado preso, dio un bofetón al soldado que custodiaba la puerta...
Se pide al jefe de la estación ferroviaria de Limache, Lara Román, para que interceda ante las autoridades de la empresa para dotar de mejor iluminación a las bodegas en ese lugar que lucen "pestilentes chonchones". Debería usarse carburo y ello sería un gasto insignificante, pues sólo habría que agregar como 300 metros de cañería.
El señor Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunció ayer la aprobación de 2 préstamos por un total de 7 millones 300 mil dólares, para cooperar en un programa que dotará a Chile de un moderno sistema de telecomunicaciones que facilitará su intercomunicación con otros países de América Latina.
En los meses de febrero y noviembre de 2015, tres concejales de Quilpué realizaron viajes pagados con recursos municipales a España y Francia. Ursula Mir (RN), Maximiliano Gac (PS) y Christian Cárdenas (DC) fueron los ediles que se trasladaron a Europa, supuestamente cumpliendo labores relacionadas con sus funciones.
Cuando el último de ellos dejó su cargo para asumir como Gobernador de Marga Marga, los dos primeros lo denunciaron a la Contraloría Regional para saber si sus acciones se ajustaron a la normativa legal.
El órgano fiscalizador emitió el mes pasado su informe final N° 462 sobre el caso, y en el documento concluyó que ninguno de los tres concejales antes nombrados acreditó que sus viajes tenían relación con su labor en el Concejo Municipal.
La Contraloría es clara al señalar que "en esas dos actividades (España y Francia) no aparecen elementos de juicio que permitan acreditar que la participación de los señores Gac, Cárdenas y la señora Mir hayan sido de interés propiamente institucional".
Debido a esta conclusión, $13,5 millones gastados por Gac y Mir, por concepto de viático, pasaje e inscripción fueron objetados, mientras que $5,8 millones que corresponden a la capacitación de Cárdenas también son cuestionados.
Por esto, se le ordenó al municipio de Quilpué lograr que los involucrados restituyan cerca de 19 millones de pesos, informando del proceso en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Pese a las justificaciones y anuncios de los cuestionados ediles y el gobernador respecto a una apelación a la Contraloría General de la República, lo importante es que la fiscalización se realiza y hay resultados.
El ejercicio de un cargo de representación popular implica estar expuesto al escrutinio de las instituciones designadas por el Estado para ello, sobre todo cuando se utilizan recursos públicos.
No cabe duda que la capacitación o los acuerdos con otras localidades que puedan lograr los concejales de cualquier comuna, generan un beneficio para sus comunidades. Sin embargo, ha quedado demostrado en múltiples investigaciones periodísticas que muchos se han aprovechado de estas prerrogativas. Por eso el rol de la Contraloría es clave para salvaguardar fondos fiscales que no deben ser de libre disposición para las autoridades.
En el caso de Quilpué, si las justificaciones son atendibles y la apelación de los involucrados prospera, sin duda que se enmendará un error. Pero si se confirma la falta, además de exigir una sanción, debe ser un antecedente a valorar por los votantes en futuras elecciones.
Parece el mito del eterno retorno. Todos los años a fines de septiembre regresa el ruido en torno a los Mil Tambores en Valparaíso. Y este año ha generado más ruido que nunca. No es que el festival no tenga un valor cultural. Posee un momento cultural. Asimismo los impactos negativos del evento son conocidos: ruidos molestos, basura y suciedad, rayados, espacios públicos convertidos en baños, alcohol y marihuana a raudales. No hay más ley que la que se da uno mismo, pensarán algunos, claro que no en sentido de la civilidad kantiana, sino en el sentido del frenesí que no se detiene ante el daño propio y que va más allá: en perjuicio del espacio público y de las personas que lo habitan.
¿Cuál es el problema entonces? ¿Es la cantidad de asistentes? Parece que no. El elemento cuantitativo ciertamente supone un desafío importante, pero como demostró la celebración del año nuevo, la afluencia masiva de público se puede llevar relativamente bien. En este sentido no parece muy iluminadora la alusión del alcalde a que como Valparaíso soportó bien la afluencia de visitantes el 18 de septiembre se debería esperar lo mismo con ocasión de los Tambores. La diferencia radica en la calidad de los asistentes a estos eventos masivos y en su interés de practicar o no un comportamiento de civilidad y de respeto.
El ruido que ha generado y la creciente oposición ciudadana a los Mil tambores pone al nuevo alcalde en una encrucijada. O escucha a los vecinos y se hace cargo de la exigencia que clama por un golpe de timón o ignora la voz ciudadana. Con todo, da la impresión que el alcalde está haciendo un esfuerzo de mediación -en eso consiste la política- y por incrementar las precauciones para mitigar los efectos negativos. Si vuelve a ser un fin de semana insufrible para los vecinos y el comercio el edil tendrá que evaluar seriamente la continuidad del evento. En este sentido, el ejemplo que menciona el alcalde de grandes ciudades como Río o Berlín que logran hacer eventos masivos no cierra del todo. Por lo menos en el caso de Berlín. El año 2007 las autoridades de Berlín negaron el permiso a la Love Parade que se venía celebrando desde 1989 y el evento no se realizó. Y Berlín siguió siendo Berlín. Finalmente era la ciudad de Berlín la que costeaba el retiro de basura y la que financiaba la seguridad del evento. Lo mismo vale para Valparaíso, ¿quién paga los baños químicos, el retiro de toneladas de basura y a los carabineros que velan por la seguridad?
Finalmente es imposible soslayar las amenazas que profirió el promotor del festival contra vecinos y comerciantes. Señalar que el festival será "en contra de los vecinos y personas" que manifestaron reparos cruza una raya roja: esto ya no es promoción de 'cultura', es matonaje. El señor Aguilar no sólo se autodescalifica, sino que descalifica además el evento que él promueve. Queda en manos del alcalde y de su capacidad de conducción política implementar lo que la ciudadanía pide, no a tambores, pero a gritos. Un cambio de rumbo.
Tomás Villarroel Heinrich
Investigador Fundación P!ensa