El ministro del Interior, Mario Fernández, comunicó anoche la decisión del Gobierno de solicitar la recalificación de la querella contra los comuneros mapuche que permanecen desde hace 116 días en huelga de hambre, luego que la Presidenta Michelle Bachelet se reuniera por la tarde con familiares de los imputados tras conocerse que el tribunal les mantendrá en prisión preventiva, pese a que el Ejecutivo había pedido rebajar esa medida cautelar.
El titular de Interior explicó que "el Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha instruido a su equipo jurídico (...) que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del Código Penal".
Esto, agregó Fernández, debido a que ayer el Tribunal de Garantía de Temuco rechazó la solicitud del Gobierno "respecto de la sustitución por una de menor intensidad de las medidas cautelares respecto de los comuneros".
Tras ser consultado por la prensa, el secretario de Estado detalló que la decisión fue comunicada a los comuneros y sus familiares "y esperamos que la reacción de ellos sea deponer la huelga de hambre", pues según precisó Fernández, la medida fue vista "positivamente" por ellos.
A juicio del ministro, para dejar de invocar la ley antiterrorista a futuro "lo que debe hacerse es integrar las conductas punibles, los delitos, al Código Penal".
Un factor que gatilló la decisión gubernamental fue que el juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre los cuatro comuneros mapuche en huelga de hambre y que son acusados por la Fiscalía de participar en el ataque incendiario que, en junio de 2016, destruyó el templo Iglesia del Señor, en el sector Niágara, en la región de La Araucanía.
El magistrado decretó mantener la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, tras considerar que hay antecedentes suficientes para presumir la participación de los imputados. El juez Torres, además, precisó que, pese a la petición que hicieron los abogados de la Intendencia, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad del delito y la pena asignada.
En su resolución, el tribunal también indicó que las razones que adujo el Gobierno para alzar la prisión preventiva de los imputados, por mantenerse bajo una huelga de hambre que supera los 115 días, es más bien una razón de carácter humanitaria.
Tras conocer la decisión, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, sostuvo que "nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta solicitud nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, estamos preocupados por su situación precaria de salud".
Una vez conocida la decisión del juez de Garantía, el fiscal de la causa, Luis Torres, se mostró satisfecho con la resolución, indicando que "el juez estableció que había la existencia de un delito de incendio de carácter terrorista y que había prueba suficiente de participación".
Finalmente el fiscal confirmó que la preparación del juicio continuará el próximo 10 de octubre, como se resolvió durante la semana.
Si la querella se recalifica, la cautelar podría rebajarse.
CAUTELA de garantía
La defensa de uno de los huelguistas, en tanto, consideró como "gravísima" la resolución del magistrado desde el punto de vista humanitario. "No podemos cuestionar la resolución jurídica del tribunal, pero sí podemos estar en oposición, por lo que el recurso de apelación que procede será eventualmente esgrimido", aseveró el abogado Pablo Ortega.
El defensor sostuvo que la decisión del tribunal "nos pone en una callejón sin salida". Ortega indicó que de confirmarse por la Corte esta resolución "acogeremos el argumento del Juzgado de Garantía respecto de presentar una cautela de garantía, toda vez que está en peligro la vida de los imputados y en esas condiciones es imposible realizar una audiencia preparatoria y menos un juicio".
Nuevo ataque en La Araucanía
Un grupo de desconocidos quemó siete máquinas durante la madrugada de ayer en la ruta que une Conguillío y Curacautín, en la Región de La Araucanía. De acuerdo a información preliminar, los sujetos lanzaron líquido acelerante a los vehículos para quemarlos. La maquinaria afectada corresponde a cinco camiones, una retroexcavadora y un rodillo. Personal de Carabineros trabaja para dar con los responsables.
