La Corte de Apelaciones, en un fallo dividido, ordenó restituir la millonaria pensión de Myriam Olate, la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade.

El recurso fue interpuesto en abril por ex funcionarios de Gendarmería, luego que la Contraloría ordenara a Dipreca invalidar sus pensiones, siendo transferidos al sistema de AFP y viendo reducidas sus jubilaciones en forma considerable.

El contralor Jorge Bermúdez cuestionó, en su momento, que se le hubiera otorgado la pensión de retiro a Olate, cuando una auditoría a Dipreca, el 7 de diciembre de 2012, estableció que tanto ella como los otros funcionarios "no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional".

El dictamen fue acusado de "ilegal y arbitrario" por los ex funcionarios en el recurso de protección, en el que señalan que la Contraloría (CGR) "se arroga una potestad invalidatoria de la que carece, dejando a Dipreca como un mero ejecutor de sus arbitrios".

En el fallo del tribunal conocido ayer se estimó que "es evidente que, con su orden de invalidar un acto administrativo, la CGR sobrepasa sus atribuciones interpretativas, autoatribuyéndose facultades que la ley asigna al órgano de la administración activa".

El Ministerio Público comunicó ayer la existencia de una segunda red de involucrados en la millonaria malversación de fondos que afecta a Carabineros, liderada por el ex funcionario e imputado José Inapaimilla, quien reclutaba a civiles para que simularan ser funcionarios que dejaban la institución.

"A partir del proceso investigativo, (la Fiscalía) ha podido definir dos estructuras organizativas distintas dentro de la cantidad de formalizados en la causa, y esas dos estructuras tienen niveles de liderazgo, de organización y de distribución de funciones también distintas", dijo el fiscal Miguel Ángel Orellana.

Esto "nos ha permitido escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y entre los que estaban los imputados que hoy día (jueves) se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz y Julia Bettiz, que a su vez las oficiaban de reclutadores de nuevos civiles que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros", añadió el persecutor.

Las operaciones para crear falsas jubilaciones e irregularidades en los desahucios, involucrarían cerca de $ 4.000 millones.

Sobre la posible reformalización de los principales imputados por el megafraude, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo que está en evaluación.

"Las circunstancias procesales de muchos imputados no han disminuido, sino que se han agravado y esas agravaciones no tan solo dicen relación con su participación sino que con el aumento, de que en su momento se indicó, en los montos malversados", afirmó el fiscal.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el 10 de octubre si la Fiscalía puede congelar los desahucios de 20 imputados, con montos superiores a los mil millones de pesos, para evitar que utilicen esos dineros.