Concejales de la NM analizan llevar licitación de parquímetros de la Pob. Vergara a Contraloría
VIÑA DEL MAR. Directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la UVM explica cómo debería haber funcionado el quórum.
La adjudicación de la concesión para explotar los más de 4 mil cupos de estacionamientos de la Población Vergara, decisión tomada el jueves de la semana pasada en un agitado Concejo Municipal, sigue generando dudas en la comunidad viñamarina.
Un candidato a diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, presentó un recurso de ilegalidad ante la Municipalidad de Viña del Mar por el proceso de votación, ya que, a su juicio, dicha aprobación debería haberse llevado a cabo bajo el sistema de dos tercios de concejales a favor, es decir, a lo menos siete. Sin embargo, dicha aprobación contó con seis votos a favor -incluido el de la alcaldesa Virginia Reginato- en un sistema de mayoría absoluta y no de quórum especial, como indica el candidato.
La misma situación ya había generado dudas en algunos de los concejales de la Nueva Mayoría que votaron en contra el jueves pasado. Y en esta ocasión, pasados los días, Víctor Andaur (PC) y Marcela Varas (PPD) no descartan presentar una solicitud formal a la Contraloría General de la República para que revise el proceso de adjudicación.
En su cuenta de Facebook, Andaur dijo que "de conformidad a la ley, cuando una licitación excede el periodo alcaldicio (4 años) se requiere 2/3 para la aprobación de ella. En esta oportunidad fue por mayoría simple, en el sentido que sólo había 9 concejales más la alcaldesa, y la votación fue seis (6) a favor (incluida la alcaldesa) y cuatro (4) en contra, en circunstancias que para que existiera un apego a la ley, se necesita el voto del concejal ausente, por cuanto mantengo la interrogante y cuestionamiento a la interpretación de la norma en este sentido".
Luego, explicó: "En base a esto, algunos concejales de la Nueva Mayoría estamos analizando presentar la inquietud a la Contraloría. Y yo, en lo personal, estoy por impugnar la licitación. Buscamos que se evalúe si se cumple con todos los requisitos para adjudicar, en base al sistema de quórum especial".
La concejala Marcela Varas coincide: "Creo que esta medida apunta más bien a la necesidad urgente de ingresos económicos que necesita el municipio, y a principio de año planteamos lo importante de conocer el verdadero estado de las arcas municipales. Junto a otros concejales estamos conversando cuál es la línea más conveniente a seguir, y una de ellas puede ser presentar un requerimiento ante la Contraloría, para que sea la ley la que permita revertir esta nefasta decisión para la ciudad de Viña del Mar y aclare las dudas que existen sobre el proceso. Los argumentos los estamos conversando con un grupo de abogados, porque lo que queremos es que sea la ley la que dictamine que este proceso no está ajustado a derecho".
En tanto, la concejala Laura Giannici (DC) aseveró que "consulté a los abogados de la municipalidad y me dijeron que no necesitaban quórum calificado, sino simple, pero si hay alguna duda, yo preferiría que se votara de nuevo por el momento que vivimos. No creo que haya mala intención, que me estén diciendo otra cosa, pero sí para mayor transparencia".
Sandro Puebla (Ind. pro PS) evitó referirse al quórum y dijo que "aún tengo dudas de que la implementación del sistema sea exitosa, me habría gustado más gradualidad y mayor consideración con los actuales cuidadores de autos; sin embargo, soy respetuoso de lo que la mayoría del Concejo decidió al aprobar esta concesión". Además, afirmó que se dedicará a fiscalizar la implementación del contrato.
La directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UVM, Bárbara Calderón Escárate, explicó lo que dice la ley en estos casos, que divide el proceso en dos momentos de votación: "Considerando lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695 (DFL 1/2006 Min. Interior) en su artículo 65, las municipalidades para otorgar concesiones requieren contar con el acuerdo previo del Concejo Municipal, tanto para la celebración del contrato respectivo en ciertos casos como para la adjudicación posterior de la concesión de acuerdo a la propuesta que el alcalde formule".
Añade que "respecto al primer acuerdo, esto es, para la celebración de un contrato cuyo monto exceda las 500 UTM, o cuyo plazo exceda el periodo alcaldicio, como es el caso consultado, este acuerdo debe adoptarse válidamente con un quórum especial de dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo, conforme lo exige la letra j) de la norma citada", lo que significa que el Concejo Municipal, bajo esa modalidad de voto, aprueba contratar bajo las condiciones aprobadas.
No obstante, existe un segundo momento: "En cuanto al segundo acuerdo, esto es, el de adjudicación de la concesión exigido por la letra k) de la misma norma, no posee un quórum especial, por lo que rige la regla general del quórum requerido para adoptar acuerdos, esto es, la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva".
En tanto, si ambos procesos se hicieran en un mismo momento, sí corresponde el quórum más elevado.
La Municipalidad de Viña puntualizó al respecto: "La adjudicación de esta concesión cumple con el quórum requerido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en estos casos establece que es la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva la requerida para su aprobación, independientemente del monto de la concesión y su plazo de vigencia".
Por ello, y en base al reclamo de ilegalidad presentado por Brito, afirmó que "el acuerdo tomado por el Concejo Municipal cumple plenamente con la normativa legal y no se suspende por la interposición de algún reclamo".
"Se analiza) presentar un requerimiento ante la Contraloría, para que sea la ley la que permita revertir esta nefasta decisión para la ciudad de Viña del Mar y aclare las dudas que existen sobre el proceso"
Marcela Varas, Concejala de Viña del Mar PPD"
meses es el plazo que se adjudicó la empresa Globe S.A./E. y Adm. de Estacionamientos Vespucio Ltda. 60
UF mensual por calzo es lo que se comprometió a pagar a la municipalidad la nueva concesionaria. 1,64