El ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Ismael Padilla Buzada, fue quien autorizó las interceptaciones telefónicas en la Operación Huracán. Una diligencia que mantiene a ocho comuneros en prisión preventiva, tras ser formalizados por el Ministerio Público como autores de asociación ilícita terrorista por la quema de camiones en La Araucanía.

Hace 34 años que está ligado al Poder Judicial. Primero como juez del crimen en el antiguo sistema penal, cuando debió fallar causas emblemáticas como la muerte de ocho menores calcinados en el hogar Alborada del Sename, en Temuco, e investigar a un ex marine de EE.UU. que enterró a sus padres en el patio de su casa en Chillán. Se desempeñó como juez del Tribunal Oral en lo Penal, luego como fiscal en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y hace dos años lo hace como magistrado en la Corte de Apelaciones de Temuco.

- ¿Cree que hay terrorismo en La Araucanía?

- Si tomamos el terrorismo como el que hay en Europa, no hay. Si tomamos los actos violentos rurales, si tienen como objeto amedrentar a la gente, alarmar a la gente o tratar que toda la gente tenga miedo, eso es terrorismo. Aquí hay reivindicaciones ancestrales, históricas, cuyo camino no es la violencia. Pero la discusión de si es terrorismo o no considero que no debería ser el centro del debate porque aquí, si hay un delito, hay que investigarlo y sancionarlo. La discusión de si hay o no terrorismo no tiene ningún objetivo positivo. El tema de debate es cómo se soluciona el tema indígena, cómo se soluciona la situación de las personas que vivían en la zona, que son los dueños de la tierra, donde hubo una ocupación del terreno mapuche por el Ejército de Chile, las tierras fueron repartidas a los colonos y a otros personajes y cada vez fueron quedando menos terrenos para los dueños de la tierra. Ese es un tema de Estado. Creo que el problema no es de entregar o no territorio, el problema es reconocer la existencia de los pueblos indígenas.

- ¿Se ha abusado de la Ley Antiterrorista para investigar estos hechos de violencia?

- Sí, porque la Ley Antiterrorista tiene algunos beneficios, pero esos beneficios se pueden dar sin aplicar esta ley. Por ejemplo, el delito de incendio tiene una pena que comienza con presidio mayor en su grado mínimo, cinco años y 1 día, pero si es terrorista la pena es de 10 años y 1 día de presidio. Qué pasa si se le aumenta la pena a los incendios intencionales: podemos usar el Código Penal.

- Hubo una huelga prolongada de cuatro comuneros que están en prisión preventiva por el delito de incendio terrorista de una iglesia. ¿Usted comparte las huelgas como medidas de presión?

- Nunca he compartido las huelgas porque son una forma de presionar en un sistema donde se puede dialogar. Quiero recordar que nuestro país ha sido sancionado por organismos internacionales por usar la Ley Antiterrorista contra las reivindicaciones ancestrales mapuches. Y por qué somos sancionados, porque aplicamos una norma que quizás para el resto de la gente de la comunidad americana no es necesaria. Tenemos que ver el derecho comparado también, las reivindicaciones ancestrales están en todas partes y en todas partes se les ha dado solución.

- El Gobierno llamó a recalificar en el caso del incendio terrorista de la iglesia ¿Qué le parece esta determinación?

- El Gobierno es querellante en este delito, por lo tanto, como querellante, ellos deben apoyar la acción penal y perfectamente pueden decir que el delito no es terrorista y pedir una recalificación. En el juicio oral existe una oportunidad donde puede haber recalificación del delito.

- Pero a su juicio, esta señal que da el Gobierno ¿es positiva o negativa?

- No la puedo calificar porque es un tema político, no es judicial. Nosotros, como tribunales, tenemos que aplicar la ley que nos invoquen, ahí vamos a ver si se cumple o no con los requisitos, con el estándar necesario para condenar por uno u otro delito.

- Ha habido críticas de defensores de los comuneros por la forma de obtener los antecedentes bajo esta Ley de Inteligencia ¿Es una forma nueva de trabajar ?

- No es una forma nueva de trabajar, está en la ley. Siempre ha habido un ministro en esta función y uno que tiene que calificar porque lo único que hace el ministro es autorizar, lo que sigue adelante, los resultados de esas interceptaciones telefónicas son procesados por las policías y el Ministerio Público. La parte mía llega hasta ahí nomás, cuando yo encuentro que hay mérito, obviamente doy la autorización, cuando no hay mérito, no la doy.

--¿Cuántas autorizaciones dio?

- En este caso, más menos hubo dos oficios que se enviaron. No recuerdo la cantidad exacta de teléfonos, pero tampoco son muchos.

- ¿En qué momento interviene el Ministerio Público en el proceso?

- Una vez que se recaba la información y se obtiene un resultado. Tengo entendido que eso fue lo que pasó y la policía informa al Ministerio Público, él dice si hay que formalizar. Hay que precisar que luego el fiscal va donde un juez de Garantía que autoriza las detenciones y luego determina que hay elementos suficientes para decretar prisión preventiva.

- ¿Si la Operación Huracán se sigue viendo en la Corte, se va a inhabilitar por haber dado la autorización?

- Es probable, es probable. Yo creo que eso es lo que corresponde por transparencia más que nada.

- ¿El financiamiento de la violencia rural es un tema hoy para la justicia?

- Yo creo que sí, esto no se podría ejecutar si no hubiera algún financiamiento, no podría ser con donaciones o aportes voluntarios. Debe haber gente que está apoyando financieramente, pero ese tema se está investigando y hasta ahora no hay resultados.

- ¿Eso dice relación con la Operación Huracán, ministro?

- En parte, sí.

- ¿Dentro de los antecedentes que usted maneja, ¿le precisaron que hay financistas?

- No, no. En el entorno general a la investigación hay temas de financiamiento también, que es una investigación que lleva el Ministerio Público.

- ¿Es partidario del reconocimiento constitucional del pueblo mapuche?

- Sí, creo que hay que reconocerlo. Fíjese usted que en el problema de Barcelona, de los catalanes, yo estuve este año en Barcelona y en todas las calles el nombre está en español y en catalán. Aquí hace muchos años que en las oficinas tenemos los nombres en español y en mapudungún; eso no existía antes, la gente está interesada en estudiar mapudungún. La solución para lograr la paz social debe ser pacífica. Debe haber una propuesta general. Se han hecho muchas y no hay consenso, falta un interlocutor válido que represente a la gran mayoría del pueblo mapuche, hay muchas organizaciones, pero no hay un órgano central.

"El tema de debate es cómo se soluciona el tema indígena, cómo se soluciona la situación de las personas que vivían en la zona, que son los dueños de la tierra, donde hubo una ocupación del terreno mapuche". "Quiero recordar que nuestro país ha sido sancionado por organismos internacionales por usar la Ley Antiterrorista contra las reivindicaciones ancestrales mapuches"."